La AFIP reglamentó ayer la moratoria impositiva, la promoción del trabajo registrado y la repatriación de capitales. A través de estas normativas, el Gobierno pretende contrarrestar los efectos de la crisis económica y su impacto en la recaudación. Por el blanqueo de capitales, fuentes oficiales estimaron que podrían ingresar al país entre 2000 y 3000 millones de pesos. Es decir, una ínfima parte de los 40.000 millones de dólares que hay en el exterior (sumando deudas y acreencias del sector público y privado), según consta en los considerandos de la ley 26.476. Pero podría ser una cifra considerable para la recaudación de este año. A su vez, la entidad que conduce Ricardo Echegaray también firmó una disposición en la que señaló que en caso de tener la necesidad de abrir una caja de seguridad –con el objetivo de cobrarle una deuda a su dueño–, “sólo podrá hacerlo a través de una orden judicial”.

El blanqueo de capitales deberá efectuarse entre el 1º de marzo y el 31 de agosto de este año mediante declaración jurada. Los bienes radicados en el exterior, que se declaren pero no regresen al país, tributarán un 8 por ciento. Los bienes y capitales radicados en la Argentina pagarán un 6 por ciento. Mientras que el dinero destinado a la compra de títulos públicos tributará un tres por ciento y la plata que se invierta en la compra de vivienda o en obras de infraestructura, un uno por ciento.

“El destino de los fondos que se regularicen deberá perfeccionarse dentro del año posterior a la finalización del plazo fijado para su exteriorización e informarse a este organismo dentro de los 10 días posteriores a la realización de la respectiva inversión. En tanto, el mantenimiento de las inversiones y depósitos deberán ser informados anualmente a la AFIP en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, Ganancia Mínima Presunta o Bienes Personales”, informó la AFIP.

El régimen de exteriorización de capitales no liberará a las entidades financieras de las obligaciones vinculadas con la legislación tendiente a la prevención de las operaciones de lavado de dinero. Para el especialista en prevención de fraudes en bienes raíces, Ricardo Tondo, esta normativa representa una buena oportunidad para realizar inversiones inmobiliarias pero persisten algunos “puntos oscuros”.

“Durante el Foro Económico de Davos se criticó duramente los controles internacionales sobre las inversiones inmobiliarias. Hay una falla internacional sobre este tema. La ley argentina señala que los fondos deberán ingresar por bancos que cumplan las normativas del GAFI, pero muchas de esas entidades, a pesar de cumplir con la normativa internacional, están siendo cuestionadas en Estados Unidos”, explicó Tondo a Página/12.

Respecto de la moratoria, la AFIP informó que podrán incluirse “las obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social correspondientes a los períodos fiscales vencidos al 31 de diciembre de 2007”.

La adhesión a este régimen también correrá desde marzo hasta el 31 de agosto. El plan de facilidades para los contribuyentes/evasores deberá ajustarse a las siguientes condiciones: un pago a cuenta que será equivalente al seis por ciento de la deuda consolidada, cuyo monto no podrá ser inferior a 150 pesos. El máximo de cuotas a solicitar no podrá exceder de 120, las que deberán ser mensuales y consecutivas. La tasa de interés de financiación será del 0,75 por ciento mensual.

La AFIP también avanzó en la reglamentación de la regularización del empleo no registrado. La norma establece la extinción de la deuda originada en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social en empresas de hasta 10 trabajadores. “El interés resarcitorio o punitorio de cada una de las deudas que se incluyan y consoliden no podrá superar el 20 por ciento del respectivo capital. El interés mensual de financiación será del 0,50 por ciento”, señaló la AFIP.

En otra resolución, el organismo que conduce Echegaray ratificó que no procederá a abrir cajas fuertes si no es con una orden judicial. La AFIP pondrá la lupa sobre los contribuyentes que tengan dinero no declarado y guardado en esas cajas.