El Estado intimará a la Sociedad Rural en los próximos días a que pague una suma de 94 millones de pesos, cifra estimada de la deuda que la entidad mantiene aún pendiente por la compra del predio de exposiciones de Palermo, en el cruce de las avenidas Santa Fe y Sarmiento. Ayer, sólo se esperaba que la Jefatura de Gabinete le diera el aval definitivo al cálculo para que se disparara la presentación judicial. Ya pasaron casi nueve años desde el momento en que la Sociedad Rural suspendiera el pago de las cuotas del compromiso adquirido al momento de la transferencia. Sobre la operación, además, recaen sospechas en relación a si el precio pactado corresponde a valores de mercado o, en realidad, fue una venta de un predio fiscal a precio vil. Se trata de un predio con alto valor inmobiliario y, precisamente, la fallida intención de los compradores de darle destino comercial e inmobiliario al terreno forma parte central de la trama.

El predio ferial fue transferido a la Sociedad Rural en 1992 por un valor total de 30 millones de dólares (equivalente, en la época, a la misma cantidad de pesos). Una parte fue pagada en el momento de la posesión y el saldo debía integrarse en cuotas de dos millones de dólares cada una. Los pagos se hicieron puntualmente hasta agosto de 2001, cuando la SRA los suspendió, invocando dificultades derivadas de la crisis financiera y que los ingresos por explotación del predio resultaron menores a los calculados. El gobierno de la ciudad bloqueó la habilitación del lugar para usos comerciales tales como la instalación de un shopping.

En aquel momento se inició una discusión con el Organismo Nacional de Bienes del Estado que, sorprendentemente, aún no concluyó. Apenas sobrevino la Emergencia Económica, la entidad de cabañeros propuso que se les pesificara la obligación pendiente y se les permitiera cubrir el saldo en cuotas sin intereses. Frente a la negativa rotunda del Estado, el ofrecimiento empresario fue mejorando progresivamente hasta incluir el pago de punitorios, aunque esto tampoco permitió clausurar la situación.

Este momento podría llegar ahora que los técnicos oficiales finalmente afinaron el lápiz para tener un número definitivo. Para ello consideraron solamente el contrato que estaba en ejecución cuando los ruralistas dejaron de pagar y le aplicaron las cláusulas previstas en él para estimar un último número. De ahí surge un valor que a fines de mayo llegaba a 93,43 millones de pesos, pero que con los punitorios hoy superaría los 24 millones de dólares.

Si la Jefatura avala el número, en los próximos días se despachará la intimación a la Sociedad Rural para que haga el pago. El reclamo, sin embargo, podría recaer sobre un bolsillo distinto al de la entidad gremial empresaria, ya que desde 2004 la operación del predio fue transferida a una empresa que comanda el diputado reelecto Francisco de Narváez.

Según se dio a conocer en su momento, el empresario se comprometió a pagar 60 mil dólares por mes por la explotación del predio y asumió como propias algunas deudas contraídas por los hombres de campo, como el repago de préstamos bancarios y el saldo impago por la compra del terreno frente a Plaza Italia. En virtud de ese acuerdo privado es que la obligación recaería sobre el político y no directamente sobre la Sociedad Rural, aunque formalmente éste sea la responsables ante el Estado.

La controversia, sin embargo, no se agota aquí. Aquel reclamo no es óbice para otro muy superior en monto que podría surgir de la causa judicial. En esa línea, se está revisando el valor original de venta del predio y por el que ya tuvieron que responder el ex presidente Carlos Menem y el ex ministro de Economía Domingo Cavallo.

La cifra de 30 millones de dólares a la que fue cedido el terreno se dispuso en su momento mediante una cotización singular que hizo un consorcio de bancos, marginando al Tribunal de Tasaciones de la Nación. Para esa estimación, el criterio adoptado fue el de Fot (Factor de Ocupación de la Tierra) 0. Es decir, se consideró que a pesar de su privilegiada localización, los terrenos no podrían ser utilizados para un negocio inmobiliario, opción más rentable. El resultado: se privatizó a un precio más bajo.

Que la discusión sobre este punto se esté dirimiendo en la Justicia dio una excusa al Onabe por no haber agilizado el cobro de esa deuda. Ni siquiera en pleno conflicto con el campo por la Resolución 125. Ni en plena campaña electoral, habida cuenta de que el deudor, en definitiva, es De Narváez.