El miércoles pasado se cumplió un año desde que Cristina Fernández de Kirchner enviara al Congreso el proyecto para poner fin al sistema de jubilación privada. La iniciativa motivó una fuerte reacción de los voceros del establishment financiero, quienes comenzaron a agitar el fantasma de una supuesta confiscación de los ahorros previsionales. Se dijo que el Gobierno dispondría discrecionalmente de los fondos de las AFJP para financiarse, poniendo en riesgo las jubilaciones futuras, que los bancos iniciarían demandas millonarias contra el Estado e incluso que los trabajadores de las administradoras se quedarían sin empleo. Pese a ello, el lobby empresario no pudo evitar la sanción de la ley 26.425 y los fondos fueron transferidos al Estado. A la hora del balance, la situación está lejos del “apocalipsis” pronosticado. Un informe de la Anses revela que, entre el 5 de diciembre del año pasado y el 21 de octubre, el valor de los activos previsionales se incrementó de 98.224 a 134.602 millones de pesos, un 37 por ciento, y el financiamiento a proyectos productivos aumentó 267 por ciento, llegando a 8012 millones de pesos. Al mismo tiempo, el Estado reubicó dentro de la administración pública a todos los trabajadores de las AFJP (cerca de 11 mil) y los juicios millonarios de los bancos nunca llegaron.

El patrimonio que conforma el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se valorizó fundamentalmente por la mejora en el precio de los principales activos, aunque en el informe oficial también se destaca el manejo de la cartera financiera que llevó adelante la Anses. Por ejemplo, en lo que se refiere a la tenencia de títulos públicos y al financiamiento al Tesoro se remarca que, si bien el precio de los bonos se incrementó de manera sostenida, no se registró una asistencia adicional significativa, pues la ponderación total en la cartera varió apenas de 59,5 a 61,3 por ciento.

En cuanto a la cartera de acciones, el monto total subió más de 70 por ciento como consecuencia de la revalorización de esos activos (el índice general de la Bolsa trepó más de ciento por ciento), ya que no se produjeron modificaciones sustantivas en las tenencias accionarias (la ponderación en la cartera pasó de 8 a 10,3 por ciento). La participación en Fondos Comunes de Inversión disminuyó 20,6 por ciento (de 3173 a 2519 millones de pesos). La caída se debe a que se rescataron cuotapartes de Fondos de Money Market que rinden entre 5,5 y 6,5 por ciento anual, para reasignar esos recursos en otras inversiones más rentables.

Al mismo tiempo, el monto en Obligaciones Negociables subió 53,2 por ciento. En este caso, a la mejora en el precio de los activos se le sumó una participación activa en colocaciones primarias para financiar proyectos privados sobre compañías como Juan Minetti, Emgasud, Edenor, Mercedes Benz, Ovoprot, Grimoldi, Aluar, Impsa, Quickfood y Central Térmica Piedra Buena.

En lo que refiere específicamente al “inciso Q”, de inversión en proyectos productivos de infraestructura, el crecimiento fue del 267 por ciento, particularmente en proyectos de energía, obra pública e incentivo a la industria automotriz. La incidencia de este ítem en el total de las inversiones pasó del 2,2 al 6 por ciento, dejando en evidencia la decisión política de apuntalar el desarrollo de la economía real y la generación de empleo. El mismo objetivo se observa en la decisión de extender el plazo promedio de colocación de plazos fijos y realizar licitaciones de depósitos direccionados para pymes, consumo y prefinanciación de exportaciones en medio de la crisis.