El Gobierno modificó la ley de riesgos de trabajo mediante un decreto. Los cambios elevan el monto de las desactualizadas indemnizaciones y así buscan que la cantidad de juicios bajen un 60 por ciento. Las correcciones eliminan el tope de 180 mil pesos para las compensaciones y se elevan los pisos. La medida también aumenta las sumas fijas utilizadas para calcular las prestaciones monetarias, establece la bancarización del sistema y crea un registro de prestadores. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, aseguró que las alícuotas que pagan las empresas no subirán hasta mediados del año que viene cuando vencen la mayoría de los contratos. En una primera instancia, el incremento de costos recaerá sobre las ART. La semana próxima presentarán un nuevo decreto que incluirá lumbalgias, hernias y várices en el universo de enfermedades. Todavía resta definir cómo se financiarán. La necesidad de cambiar la legislación de 1995 está instalada hace cinco años a partir de un fallo de la Corte Suprema. La reforma integral de la ley sancionada en pleno auge flexibilizador comenzará a discutirse el año próximo, según la promesa oficial.

“Buscamos una respuesta política inmediata al problema. Mejorando las indemnizaciones que estaban absolutamente atrasadas y ampliando la cobertura de las enfermedades van a disminuir considerablemente la litigiosidad. Esperamos que los juicios caigan en un 60 por ciento”, explicó Tomada. En el Gobierno aseguran que la mejora en las prestaciones desestimulará la necesidad de los trabajadores de recurrir a la Justicia para obtener una compensación adecuada. Además, en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo estiman que el 46 por ciento de las acciones judiciales se inician por enfermedades que no están listadas. La merma en los juicios se verá en 2010.

Uno de los puntos salientes del decreto es la supresión de topes para las indemnizaciones que se encontraban desactualizadas. En la actualidad éstas se pagan de acuerdo con una suma fija (30 mil, 40 mil, 50 mil, según el caso) más un monto que surge de una fórmula. El decreto las eleva a 80 mil, 100 mil y 120 mil. Al mismo tiempo modifica el salario base que se utiliza en la fórmula, computando una remuneración mayor. Con los cambios, un trabajador de 30 años con un ingreso de 1550 pesos mensuales y un grado de incapacidad del 30 por ciento (esos accidentes representan el 93 por ciento del total) pasará de cobrar 83 mil pesos a 134 mil. Si su salario fuera de 4000 pesos la indemnización subiría desde 94 mil hasta 217 mil pesos. Las prestaciones de pago único se actualizarán de acuerdo con la movilidad jubilatoria.

“Es un paso importante que va por el camino de la justicia social. Esta ley nació en el epicentro de la flexibilización laboral, es una ley de negocios. El Gobierno se empeñó en buscar consenso y la intransigencia del sector empresario impidió reformarla toda”, apuntó Héctor Recalde, diputado oficialista y abogado de la CGT. El sector patronal, encabezado por la UIA, reclama que los cambios no incrementen sus costos y buscan eliminar la opción de la vía judicial y el accidente in itinere (en trayecto hacia o desde el trabajo). Esos elementos no se resolverán por decreto, de todas formas en Trabajo aseguran que “pese a las dificultades que existieron para avanzar, estas modificaciones sirven para destrabar y comenzar a discutir una reforma integral en serio”.

Tomada espera que las alícuotas se mantengan en los niveles actuales hasta el año próximo, sin embargo la Unión de ART advirtió a través de un comunicado que “el aumento de las prestaciones dinerarias que se produce implicará el correlato en el nivel de la alícuota con que se financia el sistema”. Para evitar distorsiones, la Superintendencia de Riesgos no autorizará aumentos hasta que se renueven los contratos y, en ese momento, fijará límites a los incrementos. En la cartera laboral advierten que las ART poseen capacidades suficientes para enfrentar la mejora en las indemnizaciones. Los 500 millones de pesos anuales en gastos de comercialización de esas firmas son una posible fuente de financiamiento de las mejoras en las prestaciones.

El costo promedio para las empresas ronda el 2,6 por ciento de la masa salarial y cuando se renegocien las alícuotas pasarán al 3 por ciento. El sector patronal se opone a ese incremento. Las pymes pagan alícuotas significativamente más elevadas. En el Gobierno reconocen que deben trabajar para aliviar las cargas en esas empresas. El decreto también habilita a las compañías a acceder a un seguro de responsabilidad civil por la diferencia entre lo que cubre la ART y el monto proveniente del juicio.

El objetivo de la bancarización es evitar que las víctimas tengan que trasladarse para cobrar y los exime de pagar el impuesto al cheque. El registro de prestadores, solicitado por la CGT, busca mejorar el control sobre los prestadores en especie. El Gobierno también pretende impulsar el régimen de mutuas (hoy no existe ninguna).