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La UCEP de Mauricio Macri es hija dilecta de la topadora del brigadier Osvaldo Cacciatore. Esta arrasó con las villas miseria y las viviendas que se interponían en la traza de la autopista 25 de Mayo. La patota del espacio público y también privado erradica a las personas en situación de calle todas las noches, de manera metódica y para que no se note demasiado. Pero sus 444 operativos en siete meses cobraron demasiada visibilidad. Le pusieron una cifra exacta a una política criminal. Ayer se anunció que el grupo formado por 26 agentes del gobierno porteño ya no expulsará con violencia a los indigentes de las veredas, parques y plazas de la ciudad de Buenos Aires. A sus miembros se les asignarán otras funciones.

Sus víctimas desconfían. No creen en el acuerdo al que arribaron el ministro porteño Juan Pablo Piccardo y la defensora del Pueblo, Alicia Pierini. Será porque con la UCEP se institucionalizaron distintos delitos con cobertura estatal. Una solución surgida del acuerdo en el que intervino quien prohijó esta patota, para sus damnificados no tiene crédito. El 8 de marzo de este año, cuando Página/12 publicó en su tapa la primera de una larga serie de notas sobre la Unidad creada por el decreto 1232/08, el abogado de la Defensoría del Pueblo, Ricardo Dios, afirmó: “Esta gente comete delitos y tiene que ir presa”.

Sus delitos llegaron a sede judicial. Una embarazada, Carla Baptista, los denunció por lesiones. Estudios médicos detectaron un desplazamiento de placenta. También se acumularon acusaciones de indigentes que sufrieron ataques de la UCEP en la Defensoría del Pueblo. Pero nadie fue preso. Ni siquiera hay un procesado en la causa que se abrió por una denuncia de la diputada Liliana Parada, la primera persona que desde uno de los tres poderes del Estado porteño actuó con rapidez sobre el problema.

Así como la UCEP tiene una misma matriz política que la topadora del intendente de la última dictadura, las denuncias de los vecinos molestos con los indigentes que les afean sus barrios o les bajan el valor a sus viviendas son también parte del problema. Y demuestran que la falta de sensibilidad con los semejantes, esos despojos humanos que se cuentan de a miles en las calles, le dieron una excelente coartada a Macri para interpretar ese espíritu ciudadano. La UCEP, hay que decirlo, es la catalizadora de esas demandas. Ser pobre e indigente, pero además mimetizarse en el paisaje público, no es compatible con la Buenos Aires que imagina el gobierno porteño en vísperas de los fastos del bicentenario que se avecinan.