La entidad más importante de especialistas en bioética del país tiene entre sus máximas autoridades a un magistrado con un proceso de juicio político por delitos de lesa humanidad que habría cometido durante la última dictadura militar. Se trata del titular del Juzgado Penal Nº 3 de Mar del Plata, Pedro Federico Hooft, presidente honorario de la Asociación Argentina de Bioética. Su presencia como coordinador de las XIV Jornadas Argentinas y Latinoamericanas de la institución, que tenían que comenzar ayer, despertó en los últimos días duros cuestionamientos y repudios y hasta amenazas de escraches, lo que llevó a los organizadores del evento –entre ellos el Hospital Italiano– a suspenderlo. Especialistas de distintos ámbitos reclaman que Hooft dé un paso al costado y se retire de la AAB, por lo menos hasta que se aclare su situación legal.

Entre ayer y mañana estaban previstas en el auditorio de la Asociación Mutual del Hospital Italiano las XIV Jornadas Argentinas y Latinoamericanas de la AAB. En el programa figuraban como panelistas especialistas de la talla del sanitarista Aldo Neri, el ex juez de la Corte Suprema Gustavo Bossert y el reconocido médico José Alberto Mainetti, fundador de la bioética en el país. Mainetti también es presidente honorario de la entidad, como Hooft.

“Es inadecuado y contradictorio que la Asociación Argentina de Bioética mantenga a una persona que no le hace ningún honor, que está sospechada de haber violado gravemente los derechos humanos, como autoridad de la institución y coordinador de sus jornadas anuales”, criticó en diálogo con Página/12 la investigadora del Conicet María Luisa Pfeiffer, ex docente de Bioética de la UBA. Pfeiffer fue una de las especialistas que alzaron su voz en los últimos días contra la presencia de Hooft en las XIV Jornadas Argentinas y Latinoamericanas de la AAB, que se realizaban este año en Buenos Aires (en 2008 se hicieron en Mendoza). Colaboraron en su organización el Comité de Etica Asistencial y el Instituto Universitario Escuela de Medicina del Hospital Italiano de Buenos Aires.

Debido a reiterados correos electrónicos de entidades sociales y de derechos humanos que llegaron a la dirección del hospital y a los llamados que recibió con repudios, los organizadores decidieron el martes suspender el encuentro de bioética. La versión oficial fue que la medida se tomaba por problemas edilicios, pero Página/12 pudo saber que los motivos no fueron otros que el temor a sufrir un “escrache” contra el magistrado marplatense mientras se desarrollaban los paneles.

“Aunque se respete el beneficio de la duda, mientras se sustancia el jury en su contra, una persona que está acusada de los peores delitos no puede ser presidente honorario de la Asociación Argentina de Bioética. Es un ejemplo de lo enfermas que están algunas instituciones. Al menos debería correrse hasta que se demuestre que es inocente”, opinó el médico Claudio Capuano, coordinador de la Cátedra de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la UBA.

En la AAB prefieren no hacer declaraciones públicas. No hubo, todavía, ningún debate al interior de la entidad en torno del tema, aunque algunos integrantes decidieron alejarse en los últimos años incómodos por la presencia del juez marplatense en la entidad y una de sus directivas habría tomado licencia.

Hooft es el fundador de la AAB y fue durante largo tiempo su titular. Hace algunos años fue distinguido con el cargo de presidente honorario. Actualmente la presidencia de la AAB está en manos del abogado rosarino Miguel Angel Ciuro Caldani, director del Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA y profesor titular de Introducción al Derecho, Filosofía del Derecho y Derecho Internacional Privado en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Quienes lo conocen sostienen que Ciuro considera que no se lo puede remover a Hooft hasta que la Justicia lo juzgue. Además, alega que si sigue ejerciendo como juez, firmando sentencias y no fue suspendido en sus funciones por el Jurado de Enjuiciamientos de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires que habilitó su jury, no deberían promover su alejamiento de la entidad hasta que se prueben los hechos que se le imputan. En distintos pronunciamientos, Hooft adjudicó a una campaña de “difamación pública” las graves imputaciones en su contra. A raíz de las denuncias que pesan contra su persona, en marzo de 2007 renunció a la cátedra de Filosofía del Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Al frente del juzgado marplatense, Hooft se destacó en la última década y media por varios fallos con gran repercusión mediática que lo posicionaron como especialista en bioética y defensor de los derechos humanos, entre ellos el famoso “caso Parodi”, de 1995, el que impidió que a un hombre muy enfermo se le amputase la pierna en contra de su voluntad. Y otras resoluciones que permitieron el trasplante de órganos entre personas no relacionadas en los términos estrictos de la ley y reivindicaron la facultad de los pacientes a negarse a recibir tranfusiones de sangre. Además, Hooft descubrió la complicidad de policías bonaerenses con el homicidio de varias mujeres en situación de prostitución en Mar del Plata, cuando los uniformados, para desviar la investigación, habían sembrado la teoría de la existencia de un asesino serial al que habían bautizado como “el loco de la ruta”.