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Una vez que se formalice la destitución de Martín Redrado, la atención del Parlamento estará puesta en el Fondo del Bicentenario (FB), que ayer volvió a cobrar fuerza de la mano de los gobernadores. La intención oficial es destinar 6569 millones de dólares de las reservas al pago de la deuda pública y liberar recursos presupuestarios para financiar obras de infraestructura y planes sociales. Lo que está en discusión es si el Gobierno puede disponer de esos recursos y cuáles son los riesgos y oportunidades que la decisión supone.

Las reservas suman 48.200 millones de dólares y si se descuentan los 6569 millones de dólares que demandará el FB quedarían 41.631 millones. En el Ministerio de Economía remarcan que ese monto alcanza con creces para respaldar los casi 32 mil millones de dólares de la base monetaria (dinero en poder del público y en entidades financieras más los fondos en cuenta corriente de los bancos). Por lo tanto, la decisión no implica riesgos para la estabilidad de la moneda. Además, sostienen que el rendimiento de las reservas es inferior al costo de la deuda que tendría que tomarse en caso de que no se pudiera conformar el FB, lo que permitiría un ahorro financiero. “Utilizar esos 6569 millones de las reservas para pagar deuda le otorga al Gobierno un margen mayor de maniobra fiscal con recursos que suelen permanecer atesorados de manera improductiva reportando un interés de apenas 0,5 por ciento anual”, señaló ayer a Página/12 el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli. Otro elemento que se destaca en la columna del haber es el hecho de mostrar voluntad de pago, lo que ayudaría a reducir la tasa de interés para el gobierno nacional, las provincias y los privados que demanden deuda.

Los críticos del Gobierno remarcan, en cambio, que el escenario luego del pago de deuda con reservas no sería tan holgado, lo que puede generar una suba del dólar e incertidumbre en los mercados. Para justificar su posición afirman que el Central podría necesitar parte de las reservas de libre disponibilidad para cubrir otros rubros del pasivo. Allí incluyen cerca de 8000 millones correspondientes a encajes de los depósitos en moneda extranjera y otros 3000 millones de préstamos financieros de corto plazo que el Central demandó entre 2008 y 2009 para moderar el impacto de la fuga de capitales con reservas. “No creo que a Argentina le sobren reservas. Por lo tanto, su uso debería quedar reservado para un escenario de emergencia en el que no se tuviera ningún tipo de acceso al crédito”, afirmó a Página/12 el economista Miguel Kiguel. Para el ex secretario de Finanzas del gobierno de Carlos Menem la solución sería fondearse emitiendo deuda en el mercado local.

El Gobierno quiere evitar endeudarse y retruca que es impensable un escenario donde se demanden todos los encajes correspondientes a los depósitos en moneda extranjera. Incluso recuerdan que en enero de 2006 el pago al FMI supuso el uso de casi la totalidad de las reservas de libre disponibilidad sin que eso haya producido ninguna corrida. Además, aseguran que el Banco Central continuará con su política de compra de dólares, lo que le permitiría embolsar otros 7000 millones de reservas durante el resto del año. Eso se debe al amplio superávit de la balanza comercial. En 2009 se registró un saldo positivo de 16.980 millones de dólares y para este año se espera una cifra igual o mayor.

El pago de deudas con reservas también es objetado porque, según remarcan sus críticos, le sirve al Gobierno para ocultar un escenario de creciente déficit fiscal. “El resultado fiscal de 2010 dependerá de la marcha de la economía. El presupuesto proyectó un crecimiento de 2,5 por ciento, pero la recuperación indica que se podría llegar al 5 por ciento. Por lo tanto, la recaudación terminará siendo mayor a la esperada. El problema de algunos analistas es que equivocan sistemáticamente sus proyecciones. Por eso la realidad no coincide con sus análisis”, respondió Vanoli.

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