El Gobierno se anotó un punto en su pelea con Papel Prensa. La Justicia resolvió nombrar a un coadministrador en la empresa a partir de dos denuncias por irregularidades en el funcionamiento del directorio, realizadas por la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Guillermo Moreno, y por la Comisión Nacional de Valores (CNV), cuyo titular es Alejandro Vanoli. La decisión fue adoptada por el magistrado Eduardo Malde, a cargo del Juzgado Comercial 20. Según fuentes judiciales, quien quedó a cargo de la coadministración es Carlos Bianchi, quien ya ocupaba un lugar como interventor judicial dentro de la papelera.

Además de la nueva intervención, el magistrado decidió anular lo actuado durante la Asamblea General Ordinaria aprobada en la reunión de directorio del 3 de febrero pasado y obligó a la empresa a “incorporar inmediatamente en el cargo como integrante del Consejo de Vigilancia por el Estado a Alberto González Arzac y el apartamiento preventivo del asesor legal del directorio, Enrique Pigretti”. Arzac había sido desplazado de la empresa por los directores que responden a los diarios Clarín y La Nación.

La decisión de Malde se vincula con las dos presentaciones realizadas por el Estado, por un lado como accionista (Secretaría de Comercio) y por el otro desde el ente regulador de las empresas que operan en la bolsa (CNV). La presentación judicial del organismo controlador fue a raíz del no cumplimiento de una resolución de la propia CNV en la que se advertía sobre irregularidades cometidas en la reunión de directorio del 4 de noviembre de 2009, en la que se renovaron las autoridades a partir de la elección como presidente de Alberto Maquieira en lugar de Luis María Julio Saguier.

Los hechos fueron objetados en una resolución de la CNV con fecha 19 de noviembre, que fue ratificada el 8 de enero por la Justicia mediante un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que les denegó un planteo a los socios mayoritarios de Papel Prensa, es decir el Grupo Clarín (49 por ciento de las acciones) y La Nación (22 por ciento). El Estado controla el 27,46 por ciento.

Por su parte, la denuncia de Moreno alcanzaba a un grupo de directores nombrados por La Nación y Clarín: Julio César Saguier, Jorge Carlos Rendo, Alejandro Alberto Urricelqui, Héctor Mario Aranda, Francisco Iván Acevedo, Alberto Maquieira y Guillermo González Rosas, a los que se les sumaron los miembros titulares del Consejo de Vigilancia: Saturnino Herrera Mitjans, Alejandro Julio Saguier y Horacio Pablo Verdaguer.

“A pesar de reiterados pedidos efectuados por la CNV para que la empresa postergara las reuniones y convocara a una asamblea para sanear los vicios, la empresa continuó celebrando reuniones irregulares, aun con posterioridad a que la cámara comercial conformara el criterio sustentado por la CNV en el fallo del 8 de enero pasado”, afirmó el organismo de control en su escrito.

En base a las denuncias de la Secretaría de Interior y la CNV, el juez Malde designó a Bianchi como coadministrador. En su fallo de 27 fojas, el magistrado indicó: “Se ha impedido el ejercicio de funciones a los directores del Estado, al cercenárseles el acceso a la información necesaria para su efectiva participación en la gestión pública”. Con esta argumentación, el juez resolvió la reincorporación de Arzac.

El fallo de ayer es un nuevo capítulo dentro de la trama judicial (y política) que enfrenta al Estado con Papel Prensa. A fines de enero, el juez federal en lo Contencioso Administrativo Ernesto Marinelli decidió frenar una resolución de la Secretaría de Comercio Interior que obligaba a Papel Prensa a cobrar por su insumo el mismo precio tanto a los grandes clientes como a los pequeños diarios del interior.