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Algunos proponen un “llamado a la prudencia”, o “al respeto entre los poderes”. Otros prefieren referirse a un pedido de “mesura”, de “reflexión”, o “una lección de sensatez”, mientras los más molestos imaginan una “proclamación de independencia del Poder Judicial” lisa y llana. Como sea, en la Corte Suprema todavía resuenan los coletazos de los dos discursos de la semana pasada de Cristina Kirchner, que incluyeron referencias a jueces que cobran por las excarcelaciones, que se guían por la tapa de Clarín, magistrados a los que llamó “alquilados” y el anuncio de que no se acatará el fallo que bloqueó el Fondo del Desendeudamiento. Los supremos discutirán en su plenario de hoy –aunque siempre hay alguno que otro que preferiría dejar todo como está y guardar silencio– la posibilidad de firmar una declaración o una acordada a modo de respuesta, invitando a la “prudencia”.

La duda sobre qué debería hacer la Corte frente a las expresiones de la Presidenta surgió puertas adentro del tribunal ya con sus primeras apreciaciones sobre la Justicia en la Asamblea Legislativa. Para mostrarse cautos y no fogonear la judicialización de un problema que creen eminentemente político (y prefieren que así sea), los supremos declararon rápidamente abstracta la única medida cautelar que tenían a estudio sobre el derogado Fondo del Bicentenario.

Pero luego, tras el fallo que volvió a inmovilizar las reservas, Cristina Kirchner dio un discurso que incluyó comentarios personales sobre la jueza Claudia Rodríguez Vidal, que tomó esa medida, y un anuncio de desobediencia. Entonces creció el malhumor cortesano, y una cuota importante de preocupación dados los niveles de confrontación política. El propio presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, empezó a testear entre sus colegas la posibilidad de sentar posición pública sobre el tema. En Carlos Fayt, por ejemplo, habría encontrado eco inmediato. En otros, no tanto.

Lorenzetti y el tribunal íntegro, como cabeza del Poder Judicial, vienen tomando nota de la queja de todos rincones de la Justicia. Las entidades que nuclean a jueces se encargaron de emitir sus propios comunicados furibundos y hubo jueces sueltos, federales penales ante todo, que se esmeraron porque quedara claro su disgusto cuanto menos en conversaciones de pasillo y aunque más no sea con algún emisario que garantizara la llegada del mensaje a la cúspide judicial. “¿Van a permitir que nos traten a todos de coimeros?”, rezaban sus inquietudes iniciales.

La Federación Argentina de la Magistratura (FAM), que reúne a colegios y asociaciones de magistrados de todo el país, difundió dos textos de repudio a falta de uno. En el primero le pedía a la Presidenta que identificara a los jueces que cobran por liberar detenidos, de lo contrario –advertía– estaría incumpliendo su deber de denunciar un delito. “Las generalizaciones descalifican a los justos y protegen a los culpables”, firmaba su titular, Abel Fleming. En el segundo expresó “preocupación y estupor” por las “acusaciones y descalificaciones” de la mandataria sumadas al anuncio de que “iba a desobedecer la decisión de un juez y que el tribunal que reconocía como relevante era el del juicio de la historia”. “Eso fue una posición doctrinaria respecto del valor de las instituciones y la distribución del poder en los sistemas democráticos y republicanos”, advirtió la entidad. Un reflejo del malestar supremo fueron los titulares de la página web de su Centro de Información Judicial, que hablaban de un “nuevo intento de presión” sobre los jueces al reproducir una frase de la Asociación de Magistrados.

Los jueces de la Corte terminar de debatir hoy en su plenario habitual qué posición adoptar. Si firman un pronunciamiento, aclara un importante allegado al tribunal, sería para dar “un mensaje que llame a la prudencia”. Algunos de los jueces se lamentan por no haber firmado un fallo con una nueva doctrina que limitara el uso de los decretos de necesidad y urgencia para éste o cualquier gobierno. Vienen discutiendo el asunto desde el año pasado, con diferencias entre sí y sin encontrar un caso que satisfaga a todos.

“Tal vez si hubiéramos podido fallar no se habría llegado a semejante conflicto político”, se lamenta un alto funcionario supremo. “Estamos trabajando para que salga”, asegura. Ahora, las entidades de los jueces decidieron bajar un poco los decibeles y niegan contacto directo con el máximo tribunal. “Hay preocupación y nerviosismo de todos lados, pero no veo urgencia en que la Corte se pronuncie. No se produjo un desconocimiento de una sentencia. Por ahora hay meras palabras. Mientras tanto, que opere la política. Eso sí: ninguna amenaza va a evitar que la Justicia controle a los otros poderes”, le dijo a Página/12 el titular de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo.