Menos casos y mejores resultados. El proyecto de ley de reforma de la Ley Penal Tributaria y el Código Penal se concentra sobre los grandes evasores y elimina la posibilidad de liberarse de la carga a partir del pago de la obligación. “El proyecto tiende a la penalización efectiva de las conductas de evasión”, resaltó Ricardo Echegaray, titular de la AFIP, durante una conferencia de prensa en la sede de la entidad. Buscan liberar los tribunales de causas “pequeñas” para así ganar efectividad. Por otro lado, Echegaray adelantó que la recaudación en marzo volverá a crecer por encima del diez por ciento.

Una de las reformas pasa por la actualización del piso desde el cual se considera el acto como delictivo. En la ley 24.769 –que se busca modificar– es de 100 mil pesos por impuesto por año. Ahora sería de un millón por todos los impuestos por año. Además incluye los tributos provinciales y de la ciudad de Buenos Aires mayores a 100 mil pesos por impuesto por año, en donde actualmente no hay pena privativa prevista. “Federaliza el concepto de evasión”, indicó Echegaray. Las penas establecidas se mantienen: de 2 a 6 años para evasión simple y de 3 años y medio a 9 años para la defraudación agravada.

“Ni el tiempo ni la política monetaria pueden ser causa de delito. Alrededor de 300 mil pesos actuales equivalen a aquellos 100 mil de 1997. Por ello, las mismas conductas que ahora son delito antes no lo eran. Es injusto y es necesaria la actualización”, explicó a Página/12 el Dr. Carlos Negri, del Centro de Ciencia y Delitos de la UBA. Sin embargo, advierte que el problema se reproduce en esta ley, puesto que no supone la actualización de los valores y en cambio fija los montos nominales.

Pero además de la “necesaria” actualización, la elevación a un millón de pesos implica que la Justicia comenzará a interceder en actos de evasión más graves. “La finalidad del proyecto es que pueda hacer foco en las causas de mayor relevancia económica, descomprimir a los juzgados de casos menores y redoblar esfuerzos en la búsqueda de sentencias condenatorias respecto de los grandes evasores”, afirmó Echegaray. Sus colaboradores indicaron a este diario que la modificación no va a crear incentivos para evadir por pequeños montos, puesto que las sanciones económicas previstas son muy duras, entre 2 y 10 veces el monto evadido.

El actual proyecto busca modificar la ley 24.769, que demostró ser ineficiente. De las 14.501 causas que motivó esta legislación, sólo 234 (el 1,6 por ciento) tiene condena, 1751 están con procesamientos y 3856 en indagatoria. Unicamente 53 casos tienen prisión preventiva, sin contar las condenas dictadas ayer (ver aparte). El proyecto pretende mejorar este panorama, limitando el accionar de los tribunales para los “peces gordos”.

Otro aspecto que se busca cambiar es la calidad de “recaudatoria” que tiene la actual ley, que estipula que en algunos casos el pago de lo adeudado libera de la carga penal al evasor. El proyecto que ingresó ayer en Diputados deroga la extinción por pago y sólo queda exento de responsabilidad penal aquel que paga en forma espontánea sin requerimiento de la AFIP. Además, impide la “probation” a los delitos aduaneros y tributarios. Con ello, se endurecen las condiciones del proceso penal.

Además, se elevaron los montos mínimos de evasión en las retenciones tributarias y aportes previsionales. En caso de evasión agravada, a partir de la utilización de facturas falsas, ocultamiento de la identidad de los sujetos obligados y el uso fraudulento de beneficios fiscales, el proyecto busca que el agravante sea la conducta de defraudación y no el importe adeudado, a diferencia de la actual legislación.

El Gobierno entiende que el proyecto se podría aprobar con relativa facilidad y resalta que se retomaron inquietudes e iniciativas de foros y asambleas que trabajaron el tema.

Informe: Javier Lewkowicz