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El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, convocó ayer a la Mesa de Enlace a una reunión para el martes próximo. Fue en respuesta al pedido de audiencia que los ruralistas le habían acercado el miércoles a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Las entidades confirmaron que asistirán, pero como consideran que Domínguez no tiene el poder de decisión suficiente para resolver temas clave como el freno a las exportaciones de carne, es probable que los presidentes no vayan y envíen a un grupo de técnicos. Mientras tanto, la situación de los embarques demorados en el puerto seguía siendo ayer bastante confusa. Voceros de Agricultura informaron a este diario que las exportaciones no estaban frenadas, pero los empresarios afirman que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien ahora es el encargado de otorgar las autorizaciones, todavía no había dado el visto bueno.

La Mesa de Enlace había solicitado el miércoles una audiencia con la Presidenta para tratar de buscar una salida al conflicto que se generó con el freno a las exportaciones. “Entendemos que la sociedad argentina no admite más conflicto ni crispación, por lo que propiciamos los mecanismos democráticos para que a través del diálogo razonable y del consenso podamos establecer los principios que brinden mayor previsibilidad a la producción”, afirmaron en la carta. La respuesta estuvo a cargo de Domínguez, quien los convocó para el martes a las 20. Carlos Garetto, titular de Coninagro, confirmó que las entidades “hemos recibido la invitación de Domínguez. Sin embargo, no es seguro que vayan los presidentes, quizá lo hagan los técnicos de las entidades”. “No tiene Domínguez el poder político para resolver los temas que necesitan los productores”, agregó.

Los ruralistas afirman que Domínguez no estaba a favor de frenar las exportaciones y que no tuvo el poder suficiente para ponerle freno a Moreno. Por ese motivo, creen que esa reunión no será relevante. De este modo, se repite la misma situación que cuando los convocaban los secretarios de Agricultura Carlos Cheppi y Javier De Urquiza, funcionarios que quisieron imprimirle su impronta a la gestión y terminaron opacados por Moreno.

El secretario de Comercio Interior, mientras tanto, se reunió ayer con representantes de los supermercados para pedirles que, en la medida de lo posible, eviten comprar hacienda en el Mercado de Liniers. De este modo, busca forzar una baja en ese lugar, donde en los últimos tres meses el kilo vivo de novillo subió más de 50 por ciento. Los supermercados suelen realizar un porcentaje menor de sus compras allí, porque la mayoría lo compran de manera directa en los campos o lo traen de sus propias estancias. Igual están entre los principales compradores de Liniers y por eso Moreno deposita sus expectativas en ellos.

El funcionario sabe que no podrá frenar las exportaciones de cortes frescos durante mucho tiempo sin que se tenga que oficializar el cierre. Por lo tanto, su estrategia es demorar o entorpecer la salida de los contenedores al menos hasta que logre revertir la tendencia actual de precios. Ese fue el objetivo con el que se impulsó el PreROE, un nuevo requisito que obliga a los frigoríficos a ir a pedir autorización para exportar a la Secretaría de Comercio Interior antes de gestionar el ROE rojo en la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuaria, como hacían habitualmente los empresarios.

Ese nuevo escollo burocrático es el que está justificando ahora las demoras de los embarques. Las entidades de la Mesa de Enlace saben que el objetivo de Moreno es bajar la cotización del kilo vivo o al menos estabilizarlo para evitar que en las carnicerías el precio siga subiendo. Por eso ayer el titular de Federación Agraria, Eduardo Buzzi, aseguró que “es fundamental evitar que lo que está sucediendo en relación con el cierre de exportaciones de carne se extienda; pues si esto sucede o se consolida en el tiempo, se afectará el precio que reciben los productores; y en ese caso sí, no nos quedaría otro camino que la protesta”.