Viernes, 19 de marzo de 2010 | Hoy
ECONOMíA › DEFINIRA LOS SERVICIOS QUE NO PODRAN SER AFECTADOS DURANTE UNA HUELGA
El Ministerio de Trabajo creó la Comisión de Garantía, cuyo objetivo será definir, ante cada disputa laboral, los servicios esenciales que no podrán dejar de prestarse. Estará integrada por representantes de empresarios, trabajadores y abogados.
El Ministerio de Trabajo creó la Comisión de Garantía, cuyo objetivo será definir ante cada conflicto laboral los servicios esenciales que no podrán dejar de prestarse. El ministro Carlos Tomada definió esta medida como un instrumento que otorgará “garantías democráticas a todas las expresiones sindicales”. Esta comisión se esbozó en 2005, cuando se modificó la famosa ley Banelco, y luego en el decreto 272/06, pero recién ahora quedó formalmente constituida, a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Dicha comisión estará integrada por dos miembros del Poder Ejecutivo (uno titular y otro alterno) y representantes de la CGT, CTA, la UIA, la Federación Argentina de Colegios de Abogados y el Consejo Interuniversitario Nacional. El incumplimiento en la creación de la Comisión de Garantía era una de las observaciones realizadas por la OIT a la actual ley laboral. Dicho organismo visitará el país en abril, con la finalidad de revisar las observaciones realizadas.
“Hasta ahora la determinación de las actividades sensibles quedaba a cargo del ministerio y para muchos podían resultar definiciones arbitrarias. Con esta decisión se le dará mayor seguridad a los trabajadores y su legítimo derecho a realizar medidas de fuerza”, afirmó a Página/12 Noemí Rial, viceministra de Trabajo.
Según la ley 25.877, se consideran esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica, gas y el control del tráfico aéreo. Sin embargo, una actividad no comprendida en esta clasificación podrá ser calificada como esencial, a partir de la creación de la Comisión de Garantía. Esta excepcionalidad podrá ser en las siguientes circunstancias:
- Cuando por la duración y extensión territorial de la interrupción de una actividad, la ejecución de la medida pudiera poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la población.
- Cuando se trate de un servicio público de importancia trascendental, conforme los criterios de los organismos de control de la OIT.
“La comisión no perseguirá en ningún caso declarar ilegal una medida de fuerza, eso en todo caso lo tiene que hacer la Justicia. Esta comisión dará mayores garantías para todos los involucrados en un conflicto gremial, tanto para los trabajadores como para los usuarios afectados”, indicaron a este diario desde el Ministerio de Trabajo.
Según el decreto 272/06, en caso de un conflicto gremial la empresa u organismo prestador del servicio considerado esencial deberá poner en conocimiento de los usuarios, por medios de difusión masiva, las modalidades que revestirá la prestación durante el conflicto, dentro del plazo de 48 horas y antes del inicio de las medidas de fuerza.
En la normativa publicada ayer en el Boletín Oficial quedaron designados los integrantes de la Comisión de Garantía. Por el Ministerio de Trabajo estará Felipe González Arzac, por los distintos sectores empresarios estarán Horacio Martínez y Ricardo Muñoz, por el lado de los trabajadores quedó designada Alcira Pasini (CGT), mientras que su alterno será Teodoro Sánchez de Bustamente (CTA). Por la Federación de Abogados participará Rodolfo Capón Filas.
“Esta es una decisión tardía, que llega luego de cinco años. La explicación política del porqué ahora se debe a que en abril la OIT visitará el país para analizar algunas observaciones que se hicieron meses atrás. Y una de las objeciones a la ley laboral tenía que ver con el incumplimiento en la creación de esta comisión”, afirmó a Página/12 Horacio Meguira, asesor jurídico de la CTA. También es un elemento que la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, llevará la semana que viene a Suiza, a una reunión del organismo internacional.
Por otro lado, Meguira advirtió que para la OIT esta comisión debería ser totalmente independiente del poder político. “El hecho de que la comisión vaya a estar presidida por un funcionario del Poder Ejecutivo, ya le quita cierto grado de independencia”, agregó el asesor jurídico de la CTA.
Fuentes de la cartera laboral indicaron a este diario que en los próximos días se convocarán a todos los integrantes de la comisión para comenzar con su implementación. Otro dato a tener en cuenta es que recién por estos días están comenzando las negociaciones paritarias con los distintos gremios. En este sentido, la comisión cobra importancia frente a un posible aumento de la conflictividad laboral a partir las negociaciones salariales.
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