La Corte Suprema declaró ayer la competencia de la Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico para intervenir en el conflicto por el control de Telecom. De este modo, resolvió la disputa planteada entre ese fuero y la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. La confirmación del árbitro que eventualmente debería resolver antes que la propia Corte fue bien recibida por los italianos, pues Penal Económico ya falló a su favor en febrero, cuando anuló la resolución 483/09 que ordenaba a la empresa desinvertir en el país y apartó del caso al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Sin embargo, en el Gobierno también se mostraron conformes porque en ese momento la Cámara decidió que se tramitaran nuevamente las actuaciones para darle derecho a defensa a Telecom Italia, pero no cuestionó la resolución 4/09 a través de la cual Telefónica de España fue obligada a notificar su ingreso en Telecom Italia por considerarla una operación de concentración económica. Ese dato lo ven como auspicioso de cara a la resolución de la cuestión de fondo.

En el fallo de mayoría de la Corte, firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay, se designa el juzgado competente, pero no se opina sobre la decisión oficial de considerar el ingreso de Telefónica en Telecom Italia como una operación de concentración económica con impacto en el país. La Cámara en lo Penal Económico tampoco tomó posición sobre ese punto porque el fallo de mayoría de los magistrados Edmundo Hendler y Nicanor Repetto cuestiona la resolución 483/09 desde un punto de vista procedimental.

Lo que hicieron fue mandar a tramitar nuevamente las actuaciones para garantizarle derecho a defensa a las empresas que no habían sido tenidas en cuenta durante las actuaciones invalidadas. El dictamen es polémico porque cuando se lleva adelante un procedimiento administrativo preventivo en el análisis de las concentraciones económicas no es obligatorio tener por parte a las empresas investigadas. De hecho, al justificar su voto en disidencia, el camarista Juan Carlos Bonzón opinó que “es conveniente, aún informalmente, que las mismas se involucren en el procedimiento, a efectos de lograr la verdad objetiva. Pero la experiencia indica que normalmente, las empresas y grupos investigados son renuentes a colaborar en la investigación”.

Otra es la situación cuando se analizan conductas anticompetitivas, pues ese sí es un procedimiento de tipo penal donde las empresas tienen un plazo para efectuar su descargo y ofrecer prueba. En este caso, igual el Gobierno le dio participación a los accionistas de las firmas investigadas, pero llamativamente Hendler y Repetto le exigieron que también le diera traslado del expediente a la empresa que es objeto de la compra.

El Gobierno tenía argumentos para apelar esta decisión, pero finalmente decidió no hacerlo para evitar dilaciones innecesarias y cumplió con los requerimientos judiciales. Designó al secretario de Política Económica, Roberto Feletti, al frente del caso, en lugar de Moreno, y el funcionario le ordenó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que le diera vista del expediente y posibilidad de descargo a Telecom Italia y a todas las otras firmas que forman parte del grupo económico. Las compañías elevaron sus argumentos, los cuales, como era de esperar, resultaron iguales a los que habían esgrimido sus accionistas. Ahora la CNDC está evaluando la información para dictar una nueva resolución.

En caso de que la autoridad regulatoria confirme la orden de de-sinvertir, seguramente los italianos volverán a apelar. A partir de ayer quedó claro que será el fuero Penal Económico el encargado de resolver, pero es una incógnita cuál será su posición cuando deba expedirse sobre la cuestión de fondo. De hecho, cuando los abogados de los italianos presentaron escritos ante ese fuero, siempre aclararon que lo consideraban como incompetente lo que permite interpretar que estimaban al Civil y Comercial Federal como el juzgado más proclive a la defensa de sus intereses. No obstante, también existe la posibilidad de que los italianos vendan su parte en Telecom Argentina antes de que la Justicia se vea obligada a intervenir nuevamente, tal como señalaron el martes pasado.