La presentación de la oferta a los holdouts que hizo anteayer Amado Boudou, cuando aún faltan trámites ante organismos reguladores extranjeros que demorarán la operación unos diez días, tuvo por objetivo terminar con el lobby de inversores minoristas para cambiar la propuesta. Desde que se confirmó la intención de reabrir el canje, grupos de tenedores individuales comenzaron a presionar para obtener condiciones más ventajosas. Eso motivó incluso que el Gobierno decidiera a último momento abonar los intereses caídos desde el default a la fecha con un pago en efectivo y no mediante un bono a tres años, como se definió en un principio. Desde el Ministerio de Economía insisten en que “no hubo presiones”, y prefieren llamarlo “un buen gesto”. Otro factor que incidió para apurar el anuncio fueron los últimos movimientos del juez neoyorquino Thomas Griesa en favor de fondos buitre. El Gobierno también buscó anticiparse a una eventual acción de ese magistrado que pudiera complicar la operación.

En un primer acercamiento, adelantar la letra chica de la propuesta diez días antes de que el canje esté operativo parece conllevar más peligros que ventajas. Uno podría ser que el contexto externo dé un nuevo vuelco y otro resabio de la crisis ponga en peligro la operación. El caso inverso también presentaría dificultades. Si el mercado continúa en alza, con mayor ímpetu a partir de la certeza del canje, el valor del paquete que se ofrece también aumenta y no hay posibilidades de modificarlo para no pagar de más.

No obstante, la lógica que subyace a esta anticipación es evitar que los inversores minoristas, en particular los italianos, sigan presionando. De hecho, según reconocieron a este diario fuentes cercanas a Boudou, lo que más trabajo llevó en el diseño del canje, además de las presentaciones a la SEC (órgano regulador estadounidense), fue afinar la propuesta para los minoristas. Los inversores institucionales, en cambio, se ajustarán en su mayoría a la propuesta que desde un principio les acercaron los bancos coordinadores: Barclays, Citi y Deutsche.

Parte de aquella presión se reflejó en las demoras de la Comisión de Valores italiana para autorizar la registración de la nueva emisión de deuda argentina en ese país. Ayer, la Task Force Argentina, grupo que nuclea a 180 mil bonistas italianos con títulos defaulteados por 4500 millones de dólares, anunciaron que se pronunciarán sobre su adhesión a la operatoria recién cuando la Consob (regulador de ese país) lo autorice. “En base a las declaraciones del ministro de Economía argentino, la TFA informa que cualquier evaluación sobre el nuevo canje sólo podrá realizarse al momento de la relativa autorización de la Consob con los efectivos contenidos de la oferta”, señaló la entidad presidida por Nicola Stock.

En tanto, la Consob por estos días recambia directorio y las autoridades actuales intentan mostrarse duras en los controles para una posible reelección. Las trabas impuestas por el regulador italiano se convirtieron en parte de la campaña electoral dentro del organismo. Los contactos mantenidos en Roma por el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, sirvieron para sortear algunos obstáculos. No obstante, el anuncio de Boudou anteayer dio fin al lobby, porque la oferta ya está en la calle y no se puede cambiar. En el Palacio de Hacienda además prevén que ahora será más sencillo presionar a los reguladores para que apuren las autorizaciones. La expectativa oficial es que en un plazo no mayor a diez días, como informó Boudou, se lance el canje.

El monto total de la operación son unos 18.300 millones de dólares, más unos 9000 millones en intereses. Dentro del menú de bonos –Discount para los institucionales y Par (sin quita) para los minoristas– los ajustes se realizaron sobre los incentivos que el Gobierno da a la propuesta. Un caso fueron los pagos realizados del Cupón PIB por el crecimiento de 2005, 2006, 2007 y 2008. En un primer momento se especuló incluirlos todos, luego sólo el de 2008, y finalmente no se reconoció ninguno en el nuevo canje. Como contrapartida, la propuesta a los minoristas fue mejorando con el tiempo. A los inversores individuales se contemplaba reconocerles los intereses devengados desde el default a la fecha con un bono Global 2013, es decir, con un vencimiento cuatro años menor al que se llevarán los institucionales (Global 2017). Esto ya representaba un trato diferencial para los minoristas, pero el lobby fue intenso. En función de ello, Economía decidió abonar 160 millones de dólares de intereses vencidos en efectivo y archivar la idea del bono. Ahora todas las cartas están sobre la mesa listas para comenzar a jugar.