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La confusión y análisis binario que dominan el escenario de la disputa político-mediática exige, del mismo modo que se hace en varias películas que advierten al espectador que se trata de una historia verídica o que los personajes no tienen relación con la realidad, la siguiente aclaración:

La intervención del Gobierno en el Indec destruyó la mucha o poca credibilidad que tenía el Sistema Nacional de Estadísticas Públicas. A lo largo de más de tres años, desde el comienzo de la crisis (“Boomerang”, 4 de febrero de 2007, publicado en el suplemento económico Cash de este diario) se criticó en más de una oportunidad la forma de los cambios realizados en la organización de esa dependencia y los movimientos abruptos de personal técnico y administrativo. También se observó la ausencia de información sobre las modificaciones aplicadas en las metodologías para realizar los relevamientos estadísticos, la interrupción de la difusión de la Encuesta Permanente de Hogares (“Información Pública”, publicado el 11 de abril de 2009, en base a un documento del Cels. Más adelante la EPH volvió a estar disponible), la debilidad expositiva oficial sobre las transformaciones internas y la sostenida morosidad en el flujo informativo con el consejo de asesores. A la vez, se mencionó la existencia de intensas internas políticas, gremiales y personales que profundizaron la crisis del Instituto. No se ignoró que hubo reacciones porque se afectaron algunos kioscos de tráfico de datos que complementaban el salario de responsables de áreas. Todo este proceso traumático en el Indec castigó mucho más a la palabra oficial dilapidando su legitimidad que el funcionamiento de la economía, que pese a todo coordinó la indexación de sus principales variables sin provocar desórdenes macroeconómicos descartando el IPC del Instituto.

Esta historia no es completa, y el principal responsable de que no lo sea es el propio Gobierno debido a las debilidades que muestra para emprender un necesario sendero de recuperación de la credibilidad del Indec. Sin embargo, resulta importante avanzar en ese desafío. Para ello el análisis sobre la calidad de las estadísticas que dominan el espacio público debe ser integral. Existe bastante coincidencia en el mundo académico acerca de exigir rigurosidad, precisión metodológica y aclaración sobre el tipo de relevamiento y estructura de encuestas de los indicadores oficiales. Este obvio y necesario reclamo en cambio es absolutamente ignorado en relación con las estadísticas elaboradas por consultoras privadas. Estas no están obligadas a reunir estándares de excelencia ni estrictos criterios científicos. Pero si ése es el nivel de exigencia habitual, es un despropósito que se hayan instalado como “la verdad estadística” en contraposición a los índices del Indec. Más aún cuando esas consultoras reúnen las siguientes características: la calidad de las estadísticas que preparan son mediocres, no se conoce la metodología aplicada para elaborar indicadores, no pueden mostrar la apertura de la muestra porque carecen de ella y no poseen equipos de encuestadores para construir un índice de precios consistente. En cualquier otra circunstancia de normalidad del sistema público de estadísticas, ni hubieran sido consideradas. Incluso ahora se requiere de firmes convicciones políticas que inhiben la rigurosidad intelectual, que varios demuestran en forma militante, para considerar correctas estimaciones de precios 2010 que oscilan del 25 al 40 por ciento anual. Como se sabe, existe un problema de precios en el rubro alimentos y bebidas desde hace tres años, pero esto no implica la existencia de un proceso de aumentos generalizados y descontrolados.

La desmesura analítica de las consultoras privadas tiene un componente político-ideológico que las aleja de la posibilidad de construir sólidos indicadores. Intervienen en la actual disputa política donde los grupos conservadores pretenden instalar el estado de miedo en la población por diversas vías. Algunas fueron desmontadas con la fuerza bruta de la fiesta popular del Bicentenario. Otras son más complejas, como el miedo a la inflación que convoca a los peores fantasmas de la inestabilidad económica y el deterioro social. Una potente herramienta para consolidar ese temor es la difusión de índices de precios privados desbocados. Vale insistir con que esa posibilidad fue abonada por el descrédito del Indec, que a esta altura requiere de un certificado de calidad al estilo IRAM para comenzar el proceso de recuperación de su credibilidad.

En esa tarea de construcción de ese miedo económico se suma la debilidad conceptual y de principios de un grupo de docentes de la Facultad de Ciencias Económicas indignado hoy por lo que sucede en el Indec, cuando durante décadas han convivido y silenciado en esa casa de altos estudios con la marginación de profesores por su ideología, atropellos académicos por parte de las autoridades de la facultad, movimientos millonarios de dinero poco transparentes, nichos de negocios y violencia de miembros del centro de estudiantes y con planes de estudios que forman yuppies en lugar de economistas. Las pertinentes observaciones académicas al Indec son imprescindibles. Pero cuando el entusiasmo por intervenir en la disputa política es más fuerte que el aporte técnico, se requiere contar con antecedentes de compromisos que lo respalden, y cualquiera que haya transitado los pasillos de esa facultad sabe que muy pocos pueden exhibirlos.

Una cosa es cuestionar algunos indicadores del Indec y otra muy distinta es otorgar credibilidad a índices que no resisten la mínima prueba de solidez técnica. Ese espacio de “no estadística” provoca un vacío que la ansiedad mediática, la especulación política y el instinto de supervivencia de funcionarios de primer nivel buscan llenar con indicadores privados. Cada uno tiene su motivación para ese comportamiento perturbador, pero no puede ocultarse que se trata de una elección política convalidar la producción estadística de consultoras de la city. Más aún cuando no esconden sus bajos instintos. Estos quedaron expuestos en forma contundente en expresiones de uno de los responsables de Buenos Aires City, agencia de referencia de algunos ministerios, de economistas heterodoxos y de la corriente mediática dominante. Nicolás Salvatore, de Buenos Aires City, escribió en su muro de Facebook (perfil público) el 26 de abril a las 8.41 horas: “Este gobierno termina con el mundial, es motivo de celebración. la inflación es un fuego santo, purificador, que incendiará a todo el kirchnerismo en la hoguera. Brindo por Phi (inflación esperada) esperado!! Y no solo brindo, me voy a encargar, como todos los meses, de que Phi esperado sea alto, muy alto, recontra alto, como diría el finado Guido Di Tella”.

Esta declaración de intenciones tiene la virtud de la sinceridad, cualidad no imitada por el resto de sus colegas, que se dedican a conjeturar el índice de precios aunque desean lo mismo que ese economista. A propósito, para no seguir contribuyendo a la confusión general, funcionarios y comunicadores sociales tienen a disposición una nota oficial que desmiente que Buenos Aires City sea un centro de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas, atributo que se asignaba erróneamente (ver facsímil). En esa agencia también participa la ex directora del IPC del Indec Graciela Bevacqua. En lo que sí coinciden unos y otros especialistas de indicadores de precios a la carta es en ocultar que trabajan como asesores de diversas fuerzas políticas que aspiran a ser gobierno. Como se sabe, en esa instancia, los anhelos personales se confunden con la exigencia de realizar estudios serios sobre la realidad económica e indicadores estadísticos. Esto ha quedado en evidencia en más de una oportunidad a lo largo de estos años, con la conmovedora persistencia de esos economistas de la city en elaborar diagnósticos equivocados y, por lo tanto, proponer recetas de medidas que mostraron fracasar.

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