Otra causa judicial complica al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. Es la que investiga por “administración fraudulenta” a funcionarios de la gestión PRO –incluido el propio titular del Ejecutivo– por haber “direccionado” la licitación del mobiliario urbano “para beneficiar” a una empresa. Hasta ayer, Macri estaba sobreseído en esta causa, pero ahora los tres integrantes de la Sala VI de la Cámara del Crimen revocaron esa medida y le sugirieron al jefe de Gobierno, como al resto de los imputados, que presenten espontáneamente su descargo. También pidió que se cite a declaración indagatoria, por el mismo delito, al ex ministro de Ambiente y Espacio Público Juan Pablo Piccardo, a un legislador porteño del PRO y a otros dos ex funcionarios.

La licitación del mobiliario urbano lleva cerca de nueve años de demora. Consiste en la instalación en toda la ciudad de paradas de colectivos, refugios, señales indicadoras de calles y avenidas y la codiciada explotación de la publicidad en las pantallas ubicadas en la vía pública. A Mauricio Macri le tocó la última parte del proceso licitatorio, el de la adjudicación. Y entre las tres empresas que resultaron elegidas, hay una sobre la que pesa una denuncia grave: la de haber adulterado la documentación que presentó justamente para esta licitación. Pero pese a esas denuncias –y a existir una investigación penal en curso– el gobierno porteño la colocó en el primer lugar en el orden de mérito de los oferentes.

Se trata de la empresa Publicidad Sarmiento, propiedad de los empresarios mendocinos Eduardo y Orlando Terranova. El hijo de este último, el corredor de rally Orly Terranova, fue apoyado explícitamente por Macri como candidato a concejal por el PRO en la ciudad de Mendoza, en marzo de este año. Una fuerte versión no confirmada en la causa indica que Sarmiento está vinculada con los empresarios de medios de comunicación Daniel Vila y José Luis Manzano.

La adjudicación a esa empresa fue cuestionada en la Justicia por las competidoras que quedaron afuera de la licitación. El juez Facundo Cubas procesó a los dos hermanos Terranova y al ex integrante de la comisión que evaluó a los candidatos, el hoy legislador Patricio Di Stéfano, pero por abuso de autoridad, y a principios de este año sobreseyó al jefe de Gobierno, el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta; al ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, y al entonces procurador Pablo Tonelli. Macri y sus ministros estaban acusados de firmar el decreto que adjudicó la licitación a la empresa cuestionada.

Esa decisión fue apelada y ayer la Sala VI de la Cámara del Crimen, integrada los jueces Gustavo Bruzzone, Mario Filozof y Marcelo Lucini, anuló los sobreseimientos, por lo cual los cuatro pasaron a revistar como imputados. A todos, la cámara les sugirió que espontáneamente formulen los descargos del caso. Además, resolvió apartar al juez que llevaba adelante la causa, Facundo Cubas –a quien cuestionó con dureza por su resolución–, y designar a otro por sorteo.

“No es posible sostener el dictado del sobreseimiento que desvincula a los aquí imputados porque no constituye una derivación razonada de los hechos de la causa ni del derecho de aplicación al caso frente a la falta de una debida investigación (...), lo que la convierte en carente de fundamentación”, sostuvieron los camaristas.

El fallo dispone que se les tome declaración indagatoria al ex ministro de Espacio Público Juan Pablo Piccardo; a dos integrantes de la comisión de evaluación de la adjudicación, Tomás Palastanga y Horacio Tonelli. Y que se amplíe la indagatoria al legislador Di Stéfano y a los hermanos Eduardo y Orlando Terranova.

Las otras dos empresas a las que se les adjudicó la licitación son el grupo Alsur, perteneciente a la familia del ex secretario de Medios, Enrique Albistur, y PC Publicidad, del Grupo Romero, vinculado con el dirigente de la UCR Enrique “Coti” Nosiglia. La demanda judicial fue iniciada por una de las empresas que quedaron afuera de la licitación, Augusto Spinazzola SA, con el patrocinio del abogado Mariano Bergés.

Desde el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, hoy a cargo de Diego Santilli, se informó que pese a la investigación, la licitación sigue en marcha, pero con la participación de las dos empresas que no están cuestionadas. “En julio se van a aprobar los prototipos y en el segundo semestre se va a instalar el mobiliario, a razón de cien unidades por mes”, dijo a este diario una fuente del ministerio. Sin embargo, Bergés denunció que Sarmiento sigue explotando la publicidad de las pantallas transiluminadas de la ciudad.

El diputado Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires) responsabilizó a Macri por la “escandalosa licitación” del mobiliario urbano. “Yo les advertí a Macri y a Rodríguez Larreta, en la reunión que tuvieron con los presidentes de bloque, que no podían seguir adelante con esta licitación, pero la hicieron igual, desoyendo todas las resoluciones judiciales: Macri siempre quiso controlar la publicidad en la vía pública, como parte de su estrategia electoral.” Por su parte, su compañero de bloque, Aníbal Ibarra, opinó que el fallo “habla de una administración fraudulenta e involucra a empresarios privados y a altos funcionarios del gobierno porteño, quienes habrían favorecido a un grupo empresarial ‘amigo’ en una licitación millonaria”.