La audiencia duró dos horas y se realizó en los tribunales federales de San Isidro. Allí, la jueza Sandra Arroyo Salgado buscó la conformidad de Marcela y Felipe Noble Herrera para realizar los estudios de ADN que podrían establecer si son hijos de desaparecidos. Ante el rechazo de todas sus propuestas, la magistrada ordenó siete allanamientos en los domicilios de los hijos de la dueña de Clarín. En uno de esos procedimientos, realizado en casa de la propia Ernestina Herrera de Noble, los secretarios del juzgado encontraron a Marcela y Felipe, junto a uno de sus abogados, y procedieron a tomar muestras de la ropa de los dos jóvenes adoptados durante la última dictadura. Con ese material, el lunes mismo empezará la comparación del ADN de todas las familias que están buscando nietos apropiados. El estudio se hará, como lo indica la ley, en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).

De la audiencia –adelantada en forma exclusiva por Página/12– participaron la magistrada, los dos hijos adoptivos de Herrera de Noble, sus abogados y la fiscal Rita Molina, quien ya había dictaminado –en sintonía con la Cámara Federal de San Martín– que el estudio de ADN debía realizarse. Según revelaron fuentes de la fiscalía, Arroyo Salgado actuó como en los dos casos anteriores vinculados con hijos de desaparecidos en los que intervino: buscó primero que las medidas se realizaran con conformidad de las víctimas, en este caso Felipe y Marcela.

Pero la negativa fue tajante. “No consiento que mi material genético sea utilizado para ningún tipo de análisis de histocompatibilidad”, dijo Marcela ante la jueza. Lo mismo manifestó Felipe. Los hijos de la dueña de Clarín presentaron un escrito firmado por el penalista Alejandro Carrió en el que no sólo rechazaban dar conformidad para que la sangre que se extrajeron voluntariamente se cruce con la de los familiares de desaparecidos del Banco Nacional de Datos Genéticos, sino que incluso retiraban la autorización para que se utilice en el Cuerpo Médico Forense. “Aquellas muestras se le entregaron al doctor Conrado Bergesio, el anterior juez, pero él después cambió. Lo presionaron del Poder Ejecutivo y de Abuelas y terminó allanando nuestras viviendas. No damos consentimiento a la utilización de nuestra sangre, ni siquiera para que se haga la comparación con las dos familias querellantes, García Gualdero y Lanoscou-Miranda. Rechazamos cualquier colaboración con estos estudios”, dijeron los Noble Herrera durante una audiencia que fue tensa desde el principio hasta el final.

Luego, los abogados de Felipe y Marcela hicieron trascender que estaban dispuestos a aceptar los estudios, pero la negativa quedó asentada en el acta del encuentro con la jueza y la fiscal. “Se negaron rotundamente a que sea utilizado el material que tenemos”, contó Molina después de la audiencia con los Noble Herrera, quienes –dijo– “tienen derecho” a oponerse a la medida.

Desde el momento en que recibió la causa, Arroyo Salgado se planteó como objetivo obtener nuevas muestras genéticas. Por un lado, porque la extracción voluntaria de sangre se había hecho en el Cuerpo Médico Forense y no en el Banco Nacional de Datos Genéticos. La ley establece que la sede para hacer esos estudios es el BNDG, donde se hizo en las últimas décadas un trabajo científico reconocido en el mundo entero. Además, Marcela y Felipe sólo aceptaron el cotejo de esa sangre con dos familias querellantes. Por último, en poder del juzgado hay otras muestras, obtenidas en allanamientos ordenados por el juez Bergesio. Sin embargo, el material está cuestionado: tanto los querellantes como Abuelas denunciaron irregularidades en la obtención y el manejo de esas muestras.

Como Felipe y Marcela mantuvieron una negativa cerrada, no bien salieron del juzgado la magistrada ordenó siete allanamientos en los diversos domicilios de los hijos adoptivos de Herrera de Noble y en la propia vivienda de la dueña de Clarín. En este último lugar, los funcionarios judiciales encontraron a los jóvenes, junto con Herrera de Noble y uno de sus abogados.

En el procedimiento intervinieron dos secretarios del juzgado, uno de cada sexo, y dos policías de civil, uno de cada sexo (no hubo exhibición de armas), cuatro médicos del Cuerpo Médico Forense y del Banco de Datos Genéticos y dos testigos. La medida consistió en que Felipe y Marcela entregaran la ropa íntima. Todo se llevó a cabo en presencia de personal femenino en el caso de Marcela y masculino en el de Felipe. En la anterior oportunidad, cuando el allanamiento lo hizo Bergesio, hubo que esperar una hora y media a que llegara el abogado de los jóvenes, se les pidió ropa interior, pero entregaron una prenda que, se sospecha, era de una mujer del personal doméstico y otra que no está claro que haya pertenecido a Felipe, quien por entonces ya no vivía en la vivienda allanada. Esta vez, se les pidió la entrega de la ropa que llevaban puesta, para asegurarse la obtención de una muestra verdadera. Poco después, los abogados de los Noble Herrera argumentaron que el proceso fue vejatorio, algo que negaron en forma rotunda desde la fiscalía: “Fue la mejor alternativa. Ellos estaban en su casa. Se pudieron cambiar. El procedimiento resultó impecable”, resumieron.

Marcela y Felipe Noble Herrera hablaron luego por televisión y también se quejaron del procedimiento y se asumieron como víctimas. “Hubo una persecución por parte de la Policía Federal. Por poco nos llevan detenidos. Lo consideramos indignante. Dónde está el cuidado de la víctima”, dijeron.

En un comunicado de prensa, las Abuelas de Plaza de Mayo señalaron que “la investigación no puede depender de la voluntad de los jóvenes, porque se encuentra en juego el derecho a la verdad y la obligación de investigar delitos de acción pública”. Agregaron que “una vez que la verdad sea establecida, cada uno podrá tomar sus decisiones libremente, reservando el ámbito privado”.

Las muestras obtenidas fueron evaluadas por los especialistas presentes, que certificaron que el material resulta apto para los estudios. La Corte Suprema ya convalidó esta forma de obtener las evidencias para esclarecer los casos de apropiación y restitución de identidad de posibles hijos de desaparecidos. “El objetivo de esta fiscal es conocer la verdad y la verdad sólo la tenemos que obtener con las muestras y con el examen de histocompatibilidad, no sólo con la familia querellante, sino con todas las muestras que hay en el Banco Genético”, insistió la fiscal Rita Molina. “Necesitamos terminar con este tema, que perjudica tanto a los chicos como a la sociedad toda, que está expectante ante la comisión de un supuesto delito”, concluyó.