Si el sistema previsional dependiera exclusivamente de lo que algunos denominan “la plata de los jubilados”, éstos no quedarían más cerca del 82 por ciento móvil que plantea el conglomerado opositor, sino todo lo contrario: sufrirían una rebaja de haberes del 20,6 por ciento. El dato será presentado hoy por el ministro de Economía, Amado Boudou, y por el titular de la Anses, Diego Bossio, ante la Comisión de Presupuesto del Senado, adonde irán a explicar la posición oficial frente a aquella iniciativa (ver aparte). En el primer semestre del año, los ingresos de la Anses por aportes y contribuciones –“la plata de los jubilados”– sumaron 38.528 millones de pesos, mientras que los gastos para liquidar jubilaciones ascendieron a 48.569 millones de pesos. La diferencia fue cubierta con una porción de la recaudación de los impuestos a las Ganancias, el IVA, Bienes Personales, Monotributo, Combustibles, Cigarrillos e Internos. Es decir que el Estado nacional y las provincias hicieron un esfuerzo fiscal de 10.041 millones de pesos para mejorar los haberes de 5,6 millones de jubilados y pensionados.

En 1958, cuando se aprobó por ley el 82 por ciento móvil, había cuatro trabajadores que aportaban al sistema previsional por cada jubilado. A pesar de ello, cinco años más tarde se dejaba de cumplir con la norma por su elevado costo fiscal y ya nunca más se alcanzaría esa meta. En la actualidad, la relación aportantes-jubilado es mucho más baja: de 1,52 a 1. Con ese registro, el sistema tiene que ser asistido por la Nación y las provincias para aumentar el monto de las jubilaciones, que de otro modo serían –en este momento– un 20,6 por ciento más bajas. Nación y provincias destinan una parte de la recaudación de los impuestos mencionados más arriba para tal fin. Los distritos del interior lo hacen al ceder el 15 por ciento de lo que les corresponde de la coparticipación.

Los aportes de los trabajadores y de las empresas a la seguridad social representan el 58,9 por ciento del presupuesto anual de la Anses. En la primera mitad de 2010 fueron 38.528 millones de pesos. El resto de los gastos del organismo se cubre básicamente con lo derivado de la recaudación impositiva. Por eso es un error considerar a “la caja de la Anses” como “la plata de los jubilados”. Los jubilados y pensionados, en verdad, necesitan del auxilio del resto de los ciudadanos que tributan –inclusive indigentes que pagan IVA en sus compras– para elevar sus ingresos. La composición mixta del financiamiento de la Anses la convierte en un organismo de la seguridad social –no sólo previsional– y eso explica que entre sus obligaciones también figuren las de liquidar otros beneficios, como las asignaciones familiares, las pensiones a ex combatientes de Malvinas, las pensiones no contributivas, el seguro de desempleo y la Asignación Universal por Hijo, entre otros.

El centro de la discusión en torno de la suba de la jubilación mínima al 82 por ciento del Salario Mínimo, Vital y Móvil no es si se trata de una medida justa o no, sino de dónde se obtienen los recursos para hacerla sustentable y que el sistema no quiebre como ocurrió tantas veces en el pasado: las consecuencias de la última quiebra fueron los 12 años de jubilaciones congeladas, la rebaja del 13 por ciento en 2001 y la generación de un clima social propicio para su privatización, dando lugar a las AFJP y a un gran negocio para los bancos que eran sus accionistas principales.

Los funcionarios del Poder Ejecutivo dirán hoy en el Congreso que los proyectos de la oposición tienen un costo fiscal de más de 32.000 millones de pesos anuales: 22.406 millones para aumentar la mínima de 895 a 1230 pesos por mes y 10.252 millones para recomponer los haberes de quienes ganaban más de 1000 pesos en 2001 en línea con lo dispuesto por la Corte Suprema en el fallo Badaro. La cifra equivale al 84 por ciento de la inversión en obra pública prevista para este año en el Presupuesto nacional y son tres veces y media las partidas para pagar la Asignación Universal por Hijo.

La UCR, el Peronismo Federal, la Coalición Cívica y el socialismo no exponen en sus proyectos de ley cómo financiar las mayores obligaciones. Sólo dicen que hay que aplicar los aumentos y la recomposición de haberes. El diputado Claudio Lozano, de Proyecto Sur, reconoce que la Anses necesita recursos adicionales para avanzar con las iniciativas y sugiere elevar las contribuciones patronales a grandes empresas al nivel que tenían a principios de los ’90. El legislador no hace mención a que sus nuevos aliados difícilmente acompañarían su propuesta ni explica si la suba de contribuciones debería ser de una vez o gradual.

Los trabajadores aportan el 11 por ciento de su sueldo para la seguridad social, mientras que las empresas lo hacen en un rango del 10 al 16 por ciento. En promedio, los aportes y contribuciones equivalen al 24,5 por ciento de los salarios. Para cubrir el costo de las mejoras planteadas en los proyectos de ley de la oposición, la incidencia debería crecer a 34,0 por ciento de los sueldos de los activos. Es un incremento del 38,8 por ciento. Un salto de tal magnitud de un día para el otro tendría seguramente un impacto sobre precios, por no mencionar la resistencia política que ejercería el poder económico contra la medida.