El gobierno de José Mujica impulsa una ley de comunicación a la uruguaya. A tal fin, el Ejecutivo elaboró un documento con el que pretende abrir el debate sobre los medios y revisar una norma heredada de la dictadura. Con la mirada puesta en otros procesos en la región, la administración de centro-izquierda aspira a consensuar un texto con todos los actores involucrados para luego remitirlo al Congreso.

El documento “Aportes para la revisión y reforma de la Ley de Radiodifusión” sostiene que la nueva ley debería dar cuenta de la necesidad y pertinencia de regular los servicios de comunicación audiovisual, sin importar qué plataforma tecnológica utilicen. De acuerdo con el texto, la nueva norma debería “establecer medidas efectivas para impedir la formación de monopolios y oligopolios privados o estatales, en la propiedad de los medios de comunicación, de modo de promover la diversidad de opiniones y la apertura de la competencia (...). Una forma de frenar la acumulación de medios pasaría por limitar la cantidad de licencias que una persona, empresa o grupo económico puede detentar”, dice el texto citado por el diario El País.

Gustavo Gómez, director de Telecomunicaciones de Uruguay, dialogó con Página/12 sobre los objetivos de esta iniciativa, entre ellos proteger la libertad de expresión y –como se citó– evitar la profundización de la concentración de los medios. “Partimos de las recomendaciones internacionales, como las de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que pide revisar la ley uruguaya para asegurar la igualdad de oportunidades.”

Gómez señaló otros motivos por los que se busca cambiar la ley de Radiodifusión. “El marco normativo actual es anacrónico ante los desafíos de la convergencia digital: es una ley de la dictadura. Y se necesita una ley formal, integral y convergente. La norma se basa en unos pocos artículos y el resto del andamiaje legal ha sido decidido por decreto, con la posibilidad de que un presidente que llega vete lo anterior.”

Consultado sobre cuál debería ser el rol del Estado, el director de Telecomunicaciones respondió que “activo”. “El Estado debe garantizar la diversidad de la información, pero no debe controlar los contenidos de los medios, sino darles previsibilidad jurídica y certezas respecto de las reglas de juego que se aplicarán.” Gómez afirma que no tienen un país de referencia cuando se le pregunta si Uruguay incorporó los contenidos del debate sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que se votó el año pasado en Argentina.

El gobierno de Mujica hará una presentación formal del proyecto el próximo día 22 acerca de los objetivos y fundamentos principales de una nueva ley de comunicación audiovisual. En la presentación estará presente la relatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos humanos, Catalina Botero. Gómez, quien participará del lanzamiento, dijo que en ese momento empezará la discusión pública. “A partir del 22 se pondrá en marcha un debate con todos los sectores: universidades privadas y públicas, asociaciones periodísticas, empresarios de los medios, productores independientes y representantes de la sociedad civil. La idea es que el año que viene se presente el nuevo documento en el Congreso.”