La oposición pondrá a prueba la resistencia del kirchnerismo en la Cámara de Diputados cuando proponga llevar mañana al recinto la discusión de presupuestos mínimos para la protección de glaciares. El grueso de las bancadas opositoras confía reunir los votos necesarios a favor del mismo proyecto de ley que aprobó el Congreso por unanimidad en 2008 y que la Presidenta vetó en noviembre de ese mismo año. Sin embargo, reconocen que no será fácil que la iniciativa pase con éxito por el Senado. En inferioridad numérica, el oficialismo respalda otro proyecto, con media sanción de la Cámara alta, donde senadores de distintos bloques consensuaron una versión reformada de la norma vetada. Por eso, intentará postergar el debate y abrir la negociación para intentar unificar los proyectos. Pero las diferentes interpretaciones reglamentarias y constitucionales podrían frustrar la sanción de una ley. Quienes insisten en aprobar el mismo texto ya vetado afirman que necesitan mayoría simple de ambas cámaras para convertirlo en ley. Mientras que algunos oficialistas y hasta un sector de la oposición aseguran que para ratificar el mismo proyecto se necesitará de los dos tercios de diputados y senadores.

“No son proyectos tan disímiles como para no intentar unificar las iniciativas en un texto único”, afirmaron a Página/12 los voceros del bloque K en Diputados. Una muestra de que el oficialismo intentará abrir contrarreloj la negociación para consensuar un proyecto único. Si no, buscará evitar que la discusión llegue al recinto.

Los opositores no están dispuestos a fusionar las iniciativas ni mucho menos a postergar el debate. Pero la posible ausencia de los diputados cuyas provincias comenzaron el receso de invierno podría aportar a la estrategia oficialista de demorar hasta agosto la sesión prevista para esta semana.

Con supremacía en la comisiones de Recursos Naturales y de Minería, los diputados opositores rechazaron la media sanción del Senado y ratificaron como dictamen de mayoría el proyecto que impulsa el legislador Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), con el mismo texto que redactó la ex diputada del ARI Marta Maffei y que vetó Cristina Fernández. Así, el proyecto que el senador Daniel Filmus (FpV) logró consensuar con sus pares de distintas fuerzas quedó como dictamen de minoría.

Este es el principal argumento por el cual los diputados que respaldan el proyecto de Bonasso consideran que solo precisan mayoría simple en ambas cámaras: “Nosotros ya insistimos en alcanzar los dos tercios para rechazar el veto en Diputados y no lo conseguimos. Ahora, ya pasaron dos años de esa decisión del Ejecutivo, y las comisiones de la Cámara baja analizaron un nuevo expediente que llegó del Senado. Por eso se aprueba con mayoría simple. De ninguna manera se necesita una mayoría especial. Habrá que ver, en todo caso, si el Senado convalida la modificación de Diputados a su propio proyecto”, sentenciaron cerca de Bonasso. Otros diputados opositores coincidieron en la misma interpretación.

Pero la biblioteca vuelve a estar dividida. Consultados por Página/12, diputados oficialistas y otros opositores no avalaron esa postura. “Para insistir con el mismo texto de una ley que ya fue vetada se necesita de una mayoría especial, en este caso dos tercios de los diputados y senadores presentes en cada sesión donde se trate el tema y con votación nominal obligatoria. Así el Ejecutivo no podrá volver a vetar la ley”, afirmaron. Incluso, especialistas parlamentarios de ambas cámaras coincidieron en que “constitucionalmente si Diputados ratificara el mismo texto que la ley vetada no es una media sanción, sino que deberá notificar al Senado su ‘insistencia’ sobre una ley”.

Uno de los principales ejes de confrontación que aleja la posible unificación de los proyectos pasa por la definición y extensión de las regiones periglaciales a proteger. A partir de allí también se dividen las interpretaciones sobre las facilidades que abre cada propuesta a la actividad minera. En especial, a la explotación a cielo abierto con utilización de cianuro o sustancias afines, como la de Pascua Lama (San Juan), a cargo de la compañía canadiense Barrick Gold. Otros temas de discordia son los plazos para realizar un inventario de los glaciares y sus regiones, quiénes serán las autoridades designadas para hacerlo y las sanciones para aquellos que infrinjan la futura ley.

Las diferencias alrededor de las iniciativas también provocan alineamientos cruzados entre los legisladores, que ubicarían a varios aliados del Gobierno en la vereda de enfrente, y a acérrimos opositores en coincidencia con el Frente para la Victoria detrás de la media sanción que llegó del Senado. Aliados del oficialismo como Nuevo Encuentro y los radicales K definirán sus posturas tras revisar, con asesoramiento técnico, ambas propuestas. “Nuestra prioridad es sacar la mejor ley para proteger los recursos naturales y no un problema de cartel sobre la autoría del proyecto”, dijeron a este diario voceros de los bloques cercanos al oficialismo. Los neuquinos del MPN y el macrismo también plantearon diferencias con el proyecto de Bonasso. Y los diputados del PJ disidente que pertenecen a provincias cordilleranas firmaron la iniciativa de los senadores.