El 40 por ciento de los padres que envían a sus hijos a colegios privados, cuya cuota mensual excede los 2000 pesos, estarían en una situación irregular frente a la AFIP. Se trata de más de siete mil personas que serán próximamente fiscalizadas por el organismo. En la mitad de los casos podrían ser evasores que utilizan como aval cuentas en paraísos fiscales. “Este mecanismo nos permite llevar a cabo una política fiscal en la que paguen más los que ganan más. Una forma de captar esto es ver quiénes son los que más gastan”, manifestó el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en referencia al novedoso cruzamiento de datos. Hasta ahora sólo 140 colegios brindaron la información solicitada, por lo que se estima que en los próximos meses ese universo se amplíe. Más adelante, el cruzamiento podría extenderse a las universidades privadas, mientras que un estudio similar para el pago de expensas está a punto de presentarse.

El mecanismo se instrumentó a través de la resolución 2832 publicada en el Boletín Oficial el 6 de mayo último. Está enfocada sobre los establecimientos de educación privada de nivel inicial, primario y secundario de todo el país. La norma requiere que los colegios que facturen mensualmente por alumno una suma mayor a los 2000 pesos presenten información sobre los adultos responsables de pagar la cuota. Para llegar a ese valor se deben computar todos los importes facturados, incluyendo matrícula por idioma o actividad deportiva, por ejemplo. Antes de presentar la información a la AFIP, los establecimientos notificaron por escrito a los responsables sobre la divulgación de la información. La acogida a la norma es de carácter voluntaria, pero ante la negativa de las instituciones se podría aplicar una multa de hasta 45 mil pesos por “incumplimiento informativo”.

En total, 2575 colegios ofrecieron la información, aunque sólo 140 de estas instituciones tienen abonos superiores a 2000 pesos. Los 2435 restantes brindaron datos, pero sus cuotas son menores a ese mínimo, por lo que esos datos no fueron considerados. Los colegios relevantes para la AFIP en este operativo presentaron 90.346 comprobantes por un monto mayor a 341 millones de pesos, información de carácter semestral. A partir de ello, el organismo reconoció a 18.070 sujetos, constatándolo a través de un sistema informático que cruza una serie de categorías como nombre, DNI y CUIT. El dato más saliente es que de ellos, casi el 40 por ciento presenta algún tipo de irregularidad relativamente grave, por lo que serán objeto de fiscalización por parte de los “sabuesos” de la AFIP. En tanto, hubo 2200 sujetos para los cuales los datos disponibles resultaban no consistentes.

Del universo de potenciales incumplidores, hay 3412 que para el organismo “no existen”, es decir que no figuran en ningún padrón de contribuyentes, en cualquiera de sus modalidades. Sin embargo, abonaron en total facturas por más de 44 millones de pesos, con un promedio semestral de 13.085 pesos en concepto de educación privada cada uno. Por otro lado, la AFIP detectó que en 3983 casos se trata de monotributistas cuyo techo de facturación anual no debería superar los 200 mil o 300 mil pesos, por lo que también serán objeto de fiscalización. En el semestre abonaron más de 54 millones de pesos, con un promedio de 13.777 pesos cada uno.

En total, los responsables “no existentes” junto a los monotributistas suman 7395 personas que serán fiscalizadas, un 40 por ciento de los 18.070 que están siendo investigados a partir del cruzamiento con datos de las declaraciones de Ganancias, Bienes Personales y Monotributo, de forma de buscar inconsistencias que revelen pautas de evasión. Sin embargo, el promedio de responsables informados por colegio es de 129, entre los 140 establecimientos que presentaron información relevante para el organismo recaudador. “Esto es muy poco. Pero recién es el primer mes, seguramente vengan rectificativas el mes que viene. De todas formas, ya hay una hipótesis de trabajo de evasión”, concluyó Echegaray.

Para los casos de “inexistencia fiscal”, la AFIP solicitará a los colegios la información del responsable, de forma de poder contactarlo. El despliegue de este régimen de control basado en la información de los colegios privados también ofrece particularidades propias del rubro. Es que los institutos más caros suelen pedir avales a los padres para detectar la capacidad de pago, y en muchos casos aceptan que para ello se utilice a las cuentas bancarias en paraísos fiscales. Esta es la única forma para que una persona que no está en los registros de la AFIP pueda asegurar garantía de pago.

Las cuentas bancarias que no pueden ser verificadas por el organismo recaudador se encuentran en plazas que no brindan información bancaria, como Montevideo, Panamá, Caimán o Jersey, entre otros. En cambio, la operatoria se dificulta en otros “paraísos” como el Principado de Mónaco, Andorra, Costa Rica, Bahamas o San Marino, donde la AFIP tiene acuerdos de intercambio de información.

Informe: Javier Lewkowicz.