“Vamos a trabajar con el Ministerio de Agricultura en una ley de arrendamientos que contemple los intereses de los que verdaderamente trabajan y producen la tierra.” Con esas palabras, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner adelantó ayer que el Gobierno está elaborando un nuevo régimen legal para los contratos rurales, tal cual figura en el Plan Agroalimentario presentado a principios de año. La mandataria realizó estas afirmaciones durante la inauguración de la Fiesta del Maíz, en Chacabuco.

Durante su discurso, Fernández de Kirchner se diferenció de las apreciaciones históricas de Hugo Biolcati, titular de la Sociedad Rural, al señalar que durante el Centenario, más precisamente en 1912, se produjo el Grito de Alcorta, como una expresión de los chacareros en contra de los terratenientes. Este tema fue obviado por Biolcati durante su discurso en la Exposición de la Rural. Pero el dato también cobra relevancia, ya que luego de ese episodio histórico se creó la Federación Agraria, entidad que participó el último sábado del acto en Palermo. Esta entidad ya presentó en el Congreso un proyecto para cambiar la ley de arrendamientos, junto a fuerzas de centroizquierda.

“Somos la economía agrícola más competitiva del mundo, aun con doble piso de rentabilidad, es decir que se le paga tanto al que no trabaja la tierra pero obtiene una renta como al que la trabaja. Este año llegaremos a las 13 millones de toneladas de trigo, 23 millones de maíz y más de 55 millones de soja. Cada uno tiene que recibir lo que le corresponde. Este es uno de los grandes desafíos”, afirmó la Presidenta.

Esta no es la primera vez que se anuncia el envío al Congreso de una ley de arrendamientos. De hecho, durante el debate por la Resolución 125, el oficialismo llegó a presentar un proyecto en Diputados tomando como base una iniciativa de Eduardo Macaluse y la Federación Agraria. Incluso se emitió dictamen para que el proyecto fuera tratado en la misma sesión de las retenciones móviles, pero quedó en la nada tras el voto “no positivo” de Julio Cobos.

“Es la tercera vez que el Gobierno amaga con sacar esta ley y siempre se archivó antes de llegar al recinto. Esperamos también que los que representan a los pequeños y medianos productores empujen para ayudar con esta iniciativa”, afirmó Macaluse (interbloque Proyecto Sur) a través de un comunicado. Sus palabras estuvieron dirigidas a la Federación Agraria, que cuenta en el Parlamento con dos representantes: Ulises Forte y Pablo Orsolini. Desde la entidad dijeron a Página/12 que vienen conversando con el Ejecutivo sobre este tema desde hace algunos meses.

La mención de este proyecto por parte de la Presidenta llegó en momentos en que el Congreso está a punto de discutir la eliminación o baja de las retenciones, además de un proyecto para eliminar la Oncca. La Comisión de Agricultura de Diputados está liderada por Ricardo Buryaile, ex vicepresidente de CRA, entidad que cada vez que pudo se opuso a una nueva ley de arrendamientos. Por eso desde FAA reconocieron que, de prosperar esta iniciativa, la relación con la Mesa de Enlace se tensará más.

Los proyectos que ya están en el Congreso, los de FAA, socialismo y el SI, proponen extender los contratos entre cuatro y cinco años, restringir los arriendos por cosecha, limitar la capacidad de unidades económicas que pueden alquilarse, sobre todo a los pooles de siembra y proteger a los agricultores familiares.