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El visto bueno a las retenciones agropecuarias por parte del nuevo Código Aduanero Común sancionado en la última cumbre del Mercosur “ha fortalecido la posición de la Argentina en cuanto a la vigencia y sostenimiento de los derechos de exportación”, celebró el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Después de una disputa con Uruguay, los negociadores locales lograron que el nuevo régimen no alcance al tributo, que es cuestionado por las corporaciones del agro y parte de la oposición. El Código permitirá ir armonizando una extensa serie de procedimientos, de manera de avanzar en el proceso de integración, cuya meta final es la unión aduanera. Sin embargo, este futuro estadio elimina varios grados de libertad a la política comercial, algo que reduciría el margen de maniobra de los gobiernos para proteger las industrias locales.

La negociación, que culminó esta semana en San Juan, nació junto con el propio Mercosur a mediados de los ’90. El Código Aduanero Común permite que se unifique la regulación del comercio extrazona, a partir de la armonización de los procedimientos aduaneros. El punto en discordia eran los derechos de exportación, ya que el tributo sobre las importaciones ya es único (arancel externo común). Fuentes de Cancillería indicaron a Página/12 que la Argentina no iba a ceder, puesto que las retenciones son parte esencial de la estructura tributaria, de la diagramación productiva del agro y para el sostenimiento de los precios internos. Como Uruguay no iba a aceptar que se explicite la autonomía para fijar retenciones, se decidió que directamente no estén incluidas en el nuevo código.

Echegaray también resaltó que se haya aprobado a nivel regional el manual de procedimiento de los valores criterio, que son mecanismos de control que utiliza la Aduana local, y que a mediano plazo serán de carácter regional. “Cada país irá fijando sus valores criterio y luego, paulatinamente, trabajaremos en una base de datos común”, adelantó.

La importancia del nuevo código radica en que es un paso ineludible para avanzar hacia la unión aduanera, que implica que se borren las barreras internas entre los miembros, algo que en el Gobierno destacan como un mayor nivel de integración regional. Sin embargo, también supone la pérdida de autonomía para diagramar la política comercial, una herramienta central para proteger la industria nacional. Más aún, la medida tomada en San Juan aparece en un contexto global donde están puestos en duda los beneficios de la integración total, que ahora representan un cerrojo que limita el grado de acción de los países de la UE.

Informe: Javier Lewkowicz.