De haber seguido existiendo, las AFJP les cobrarían hoy a sus afiliados 352 millones de pesos por mes en concepto de comisiones. En lugar de ello, el Estado gasta sólo 4,5 millones mensuales por administrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de las jubilaciones. La diferencia son recursos que dejaron de embolsar los bancos, accionistas principales de las AFJP, aportados por los trabajadores. El dato fue entregado ayer por el titular de la Anses, Diego Bossio, quien destacó además la diferencia en la orientación de las inversiones que hacían las administradoras privadas y las que hace el sector público con ese dinero. Aquéllas privilegiaban activos extranjeros y éste, obras públicas y financiamiento de proyectos productivos. La cartera de activos del FGS, según los datos correspondientes a marzo, supera los 180 mil millones de pesos, un aumento del 85 por ciento desde su creación.

A lo largo de 14 años de existencia, las AFJP cobraron comisiones por 9 mil millones de dólares mientras que el monto de las jubilaciones estuvo congelado –e incluso fue recortado–, los niveles de cobertura se redujeron significativamente y se profundizó el déficit del sector público. Esas empresas cobraban comisiones sobre los aportes de los afiliados que les permitieron obtener ganancias extraordinarias. La diferencia queda expuesta ahora con crudeza, entre los 352 millones mensuales que estarían embolsando de comisiones y los 4,5 millones que requiere el sector público para la misma función. Las AFJP se apropiaban de un tercio del monto recaudado en materia de aportes y contribuciones, una tarea que no implicaba ningún gasto, ya que era realizada por la AFIP.

Bossio destacó que la nacionalización del sistema de la seguridad social permitió aumentar las prestaciones, ampliar los niveles de cobertura –de 50 a 96 por ciento de las personas en edad de jubilarse– y administrar los recursos con un costo significativamente más barato. El funcionario hizo esa evaluación durante un encuentro con el economista chileno Gabriel Palma, de la Universidad de Cambridge. Este especialista en desarrollo se refirió a la necesidad de que los Estados pongan límite a las empresas. “Cuando un Estado no disciplina a la oligarquía capitalista, se presenta un comportamiento rentístico y poco dinámico. Eso sucede en Chile con las Administradoras de Fondos de Pensión, que cobran las comisiones más elevadas del mundo”, señaló. A fines de la década del ’90, el costo administrativo de las AFJP era 47 por ciento superior al chileno. Desde que se nacionalizó el sistema, esa relación se invirtió.

“Los grandes grupos económicos tienen que aprender que es bueno que el Estado esté presente, que ponga objetivos, planifique y tenga la capacidad de disciplinar si no se cumplen esas metas”, explicó Bossio. En ese sentido se refirió a la pelea con el grupo Techint por la designación de directores estatales en Siderar, una cuestión que ahora está encaminada por la aceptación de la empresa de las reglas de juego. “Queremos ejercer nuestro pleno derecho en la próxima asamblea de Siderar. El objetivo es que haya más inversión en proyectos sustentables, la intención es representar los intereses de todos los argentinos en las empresas de las que el Estado es accionista”, sostuvo el titular de Anses.

El gobierno nacional y la empresa del grupo Techint están ultimando detalles para llegar a la reedición de la asamblea de accionistas del próximo jueves 21 sin diferencias. El Estado pretende nombrar tres representantes propuestos por Anses, uno de los cuales es Axel Kicillof, el subgerente general de Aerolíneas Argentinas. Además existen negociaciones vinculadas con la reinversión de utilidades y la adecuada justificación de los 6455 millones de pesos de dividendos no distribuidos que acumula la empresa. “Las presentaciones judiciales quedaron atrás”, sostuvo Bossio.