La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió ayer a la Justicia ser querellante en la causa sobre “encubrimiento” del BNP Paribas, entidad que habría actuado como canal para lavado de dinero de una asociación ilícita conformada entre 2000 y 2008. Por esa vía se transfirieron al menos 250 millones de dólares a cuentas en Miami, Bahamas, Panamá, Suiza y Luxemburgo. La presentación fue elevada por la UIF al Juzgado Criminal de Instrucción Nº 35, a cargo de Osvaldo Rappa, a quien se le requirió además que adopte medidas cautelares para evitar que se continúe con “el delito o sus efectos”. Entre los investigados se encuentra el juez José Luis Monti, a quien la Cámara de Apelaciones en lo Comercial frenó por la tarde la convocatoria a asumir un puesto vacante hasta tanto finalice la causa.

El fiscal Sandro Abraldes denunció por lavado de dinero a una decena de clientes de una supuesta cueva clandestina del banco. Abraldes, tal como informó Página/12 el mes pasado, había dado por probada la transferencia ilegal de 250 millones de dólares, pero, por documentos incautados, el magistrado sospecha que la suma real es hasta cuatro veces mayor. Entre los funcionarios que figuran en la lista está el ex director de la zona sur metropolitana de la AFIP, Andrés Vázquez. También figura Monti, miembro de la sala “C” de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, quien transfirió a una cuenta suiza conjunta con su esposa un millón y medio de dólares.

Los imputados están acusados de haber integrado una asociación ilícita, en el período comprendido entre 2000 y 2008, destinada al lavado de activos de procedencia delictiva y a infringir el régimen penal cambiario en 23 oportunidades. El monto total operado ascendería a 904,5 millones de dólares, según informaron a este diario fuentes de la UIF. A partir de la aprobación del proyecto de ley que tipifica al lavado de dinero como delito penal autónomo, la UIF dispuso que se trata de un delito continuo que sigue produciendo daño a la sociedad. Por tal motivo, la entidad que conduce José Sbattella considera que las personas imputadas son punibles bajo el nuevo marco legal, a pesar de que la ley no tiene efecto retroactivo. Con este argumento, la Unidad solicitó “se la tenga por parte querellante y que, asimismo, se proceda a adoptar de manera urgente medidas cautelares que cesen la comisión del delito o sus efectos o eviten que se consolide su provecho u obstaculicen la impunidad de sus partícipes”.

La acusación alcanza también al BNP Paribas. Las investigaciones habrían determinado que uno de los imputados posee “importantes sumas de dinero” depositadas en cuentas de sucursales del banco en el exterior. “De esta manera, se instó a una investigación por la posible comisión del delito de encubrimiento agravado y lavado de activos”, explicó la UIF. Las sospechas iniciales se centraron en la posible participación de la sucursal argentina. El objetivo era eludir el control, monitoreo y eventual reporte de operaciones sospechosas (ROS), que exige la normativa vigente en materia de lavado de activos.

Dado que la UIF sostiene que el daño se mantiene, solicitó “se forme incidente de aseguramiento de bienes respecto de todos los imputados y de la firma BNP Paribas en sus sedes nacional y extranjeras”. El ente regulador pidió también el “embargo preventivo sobre los bienes de los imputados, su decomiso y la inhibición general de los bienes a su nombre y que se proceda a la suspensión y congelamiento por el plazo de 90 días de todas las cuentas y los fondos que registren los imputados como titulares o cotitulares en todo el circuito bancario”. El organismo hará presentaciones en la Justicia por las 10 causas sobre enriquecimiento ilícito y por las 13 sobre evasión fiscal.

En tanto, a raíz de la denuncia, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial revocó la convocatoria al juez Monti, con motivo de su complicada situación, para ocupar un “puesto vacante” en el Consejo de la Magistratura.