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Desde Santiago

Temprano ayer, el ministro de Educación chileno, Felipe Bulnes, comenzó a trabajar en lo que fue mandatado: destrabar el conflicto estudiantil que ya lleva dos meses y que ha incluido enfrentamiento con Carabineros, tomas, paros, marchas y hasta una huelga de hambre. En un colegio periférico, el secretario de Estado reiteró el llamado a retomar las clases, mientras los dirigentes estudiantiles analizan un documento con 21 puntos entregado la noche del lunes, con el cual el gobierno de Sebastián Piñera pretende dar respuesta al petitorio de los jóvenes movilizados.

“Llegó el momento de abandonar las movilizaciones y volver a clases. Manifestar las naturales inquietudes respecto de la educación, pero no dejando de educarnos... que la intransigencia no sea un obstáculo que nos impida avanzar”, dijo.

En lo grueso, la propuesta oficial plantea cambios constitucionales para que el Estado garantice la calidad de la educación, aumentará los recursos a las universidades y liceos secundarios, mejorará el acceso a becas, reforzará la carrera docente e impulsará el desarrollo de los centros de formación técnica e institutos profesionales.

Sin embargo, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, Camilo Ballesteros, sostuvo que la respuesta del gobierno “nos dejó desilusionados”. “Creíamos que este nuevo ministro (Felipe Bulnes) nos entregaría respuestas más concretas. El gran documento no es más que un copy paste de todos los documentos anteriores que se nos habían entregado en el caso de la educación superior... Se plantea una inyección de recursos, pero no se plantea la forma”, dijo a una radio local.

Ballesteros cuestiona además el condicionamiento del derecho a la educación. “Hoy día se plantea que es obligación de las familias y que el Estado va a aportar de forma complementaria, lo que es tremendamente errado. Si realmente va a ser un derecho la educación, debería ser algo asegurado por el Estado”, precisó.

Según la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Laura Ortiz, una de las instancias más radicales de los pingüinos y que no se ha sentado a dialogar con las autoridades, adelantó que, al menos esa fracción de los secundarios, rechazarán el documento porque “no se responde a ninguna de las demandas del sector secundario. Creemos que hay un sector bastante grande que se siente más representado bajo nuestro petitorio”, dijo en alusión a los sectores más radicales de regiones y colegios periféricos que incluyen a los estudiantes en huelga de hambre.

En ese sentido, los secundarios, universitarios y profesores siguen analizando e informando a las bases en todo el país los detalles del documento oficial y se espera que para el viernes se tenga una respuesta que será entregada en el ministerio.

Sin embargo, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Camila Vallejo, convocó a través de Twitter a una nueva marcha por la educación, la cual se realizaría mañana a las 18.30 desde la céntrica plaza Italia hasta La Moneda. Con anterioridad, movilizaciones similares convocaron a miles de personas y hubo desmanes, saqueos y detenidos. Hasta ahora, no se puede inferir si los estudiantes depondrán la toma.

“Lo de mañana, jueves 4, es un estado de alerta hacia las autoridades, al Parlamento, de que este movimiento sigue vivo, que este movimiento no va a aceptar amedrentamientos de ningún tipo”, dijo Vallejo.

Sobre la posibilidad de perder el año escolar, Rodrigo Rivera, otro dirigente de los secundarios, aseguró que “no nos conviene a nosotros ni tampoco al gobierno. Los costos políticos y sociales serían mucho más profundos y la crisis que hoy tenemos como país se ahondaría mucho más”.

En ese escenario, ayer se conoció la influyente encuesta Adimark correspondiente a julio que reveló una nueva caída de la aprobación de Sebastián Piñera influenciada por el cambio de gabinete, el conflicto estudiantil y las protestas en las zonas afectadas por el terremoto. Así las cosas, la popularidad del presidente cayó a 30 por ciento, mientras que la desaprobación se elevó a 62 por ciento.

El sondeo que fue realizado entre el 4 y el 29 de julio en todo Chile mostró también una baja del gobierno en su nivel de respaldo, pasando de 31 por ciento en junio a 29 por ciento. El rechazo ciudadano a la gestión se elevó de 62 por ciento a 64 por ciento en el mismo período. La encuesta apareció dos días antes de que el Centro de Estudios Públicos (CEP) dé a conocer su sondeo semestral, el verdadero barómetro de la política chilena.