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Como si el Presupuesto Nacional no tuviera aspectos más importantes para debatir, como las fuentes de ingresos tributarios o la distribución del gasto, el tema dominante entre las fuerzas de la oposición y el oficialismo se refiere a los numeritos de variables macroeconómicas y la consiguiente estimación de recursos. Tanta pasión involucrada en esos datos derivó en la no aprobación de la denominada ley de leyes para este año, decisión política de la oposición que profundizó el aspecto que más critica al Gobierno: la posibilidad de administrar fondos excedentes a los definidos inicialmente en el Presupuesto. El fracaso de esa estrategia tuvo el mismo resultado obtenido por el congresista republicano Newt Gingrich, que bloqueó en 1994 el funcionamiento del gobierno de Bill Clinton. A partir de esa medida obstruccionista, los demócratas ganaron consenso hasta lograr la reelección en 1996 del esposo de Hillary. Luego de transitar ese duro aprendizaje, la oposición facilitaría ahora el tratamiento del Presupuesto 2012, pero sin todavía aprender cómo encarar una discusión más productiva a su objetivo de acumulación de legitimidad política. Siguen con el argumento de la subestimación de los indicadores que permitiría al Gobierno el manejo de eventuales fondos adicionales. En la práctica, el Presupuesto es un plan de gobierno con lo que el debate sería más enriquecedor si se lo cuestiona y se plantean visiones alternativas en lugar de enredarse en cifras presuntuosas.

La idea de confeccionar presupuestos con proyecciones moderadas comenzó con la gestión en Economía de Roberto Lavagna. Durante los noventa el esquema era el opuesto, porque se consideraba que así se alimentaban las expectativas positivas del sector privado, con saldo diverso. Desde 2003 el objetivo fue establecer pautas mínimas para luego mostrar resultados finales mejores. La administración kirchnerista definió de ese modo que la búsqueda de la convalidación social de su programa económico no sea previo, sino ex post ya con los datos consolidados. Esta vía también, en caso de ser exitosa, brinda la posibilidad de contar con excedentes no presupuestados. Ecolatina, la consultora que fuera de Lavagna, reinvindica esa estrategia al señalar en un reciente informe que “la inclusión de supuestos y gastos moderados no es algo negativo en sí mismo, ya que es preferible tener garantizados objetivos de mínima que sobreestimar inicialmente los recursos y dejar desfinanciadas partidas de gastos”.

El gasto de la Administración Pública Nacional en los últimos años terminó siendo superior al aprobado inicialmente, sin incluir recursos de Fondos Fiduciarios, otros entes y empresas públicas, que representan aproximadamente el 13 por ciento del total. La brecha calculada por Ecolatina entre los gastos estipulados en el Presupuesto y los efectivamente devengados ha tenido el siguiente recorrido: en 2004-2006 las erogaciones fueron 11 por ciento superiores a la meta, mientras que en 2007, 2008 y 2010 este ratio se duplicó. En 2009, el gasto final terminó siendo apenas 7 por ciento más elevado, principalmente por el impacto de la crisis financiera internacional sobre la recaudación prevista.

Respecto de las observaciones de las proyecciones macroeconómicas se trata de una cuestión conceptual sobre qué significan las metas establecidas en el Presupuesto. Si se considera que las cifras fijadas de inflación, tipo de cambio, crecimiento del PIB es “lo que va a suceder”, se cae en la lógica de funcionamiento engañosa establecida por los economistas del establishment: suponer que existen profesionales que saben qué pasará en la economía con precisión en los números. Como se ha probado en más de una ocasión, ese sendero conduce a escenarios equivocados. En cambio, si esas proyecciones son fijadas como objetivos a cumplir, la discusión adquiere otra dimensión porque se debe debatir cómo alcanzarlas y, si existen desvíos, cómo redistribuir los recursos excedentes o cómo hacer frente a los faltantes.

El debate sobre el Presupuesto debería tener un recorrido previsible: la oposición critica el rumbo que supone para la economía, el oficialismo lo defiende y los legisladores de todas las fuerzas políticas negocian cambios en función del interés de los distritos que representan (obras públicas, promoción industrial) o grupos sociales o económicos reclaman por sus intereses (por ejemplo, modificaciones impositivas). Ese juego político se ha reiterado a lo largo de los años desde la restauración de la democracia, y no es un rasgo particular del Congreso local puesto que esa dinámica de negociación es igual en otros países. A medida que avanza la ejecución del Presupuesto, a las fuerzas opositoras y al oficialismo se les presenta la oportunidad de mostrar que tenían razón en sus observaciones o propuestas, lo que derivaría en un incremento de la confianza de los electores según sea el caso.

Por eso los números que se incluyen en el Presupuesto, como su discusión sobre la orientación económica que propone, son una herramienta política fundamental para analizar las características y perspectivas de la economía. Es un escenario privilegiado para exponer y comparar distintos proyectos de desarrollo y equidad. Esa oportunidad hasta ahora fue desaprovechada porque se ha evaluado que cuestionar proyecciones es más relevante que intervenir en el debate sobre un plan de gobierno.

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