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Pasaron casi veinte años desde que Carlos Menem nombró a los primeros integrantes de la Cámara de Casación Penal. “Esperpentos”, los llamó el entonces ministro de Justicia León Arslanian como preámbulo de su renuncia. El recambio de togas se hizo esperar, pero ahora todo indicaría que hay una transformación de fondo en marcha. No sólo por los jóvenes jueces que entran a este tribunal que revisa sentencias y detenciones, sino por los que siguen buscando la puerta de salida. Esta semana, mientras juraban dos nuevos camaristas, se conocía la renuncia de Wagner Gustavo Mitchell, flanqueado por el avance de dos investigaciones penales y en el Consejo de la Magistratura. En una de ellas está acusado de haber facilitado, como juez de menores durante la última dictadura, la apropiación de hijos de desaparecidos. En otra, se analiza su presunta participación en una trama de sobornos –junto con otros dos colegas– que estaba destinada a conseguir la libertad de la patota de la Unión Ferroviaria (UF) detenida por el asesinato de Mariano Ferreyra.

Mitchell presentó su renuncia ante el Poder Ejecutivo la semana pasada, pero la presidenta Cristina Kirchner aún debe decidir si la acepta o si deja que avancen los pedidos de juicio político en su contra, a los que se suman causas penales. Así lo confirmaron a Página/12 funcionarios del Gobierno y del Consejo. El criterio, en los últimos tiempos, ha sido aceptar las dimisiones, como sucedió con otro ex miembro de Casación, Alfredo Bisordi, denunciado por dilatar y obstaculizar causas de derechos humanos, y más recientemente con el ex fiscal ante este mismo tribunal, Juan Martín Romero Victorica, acusado por la nieta recuperada Victoria Montenegro de pasarle información de las causas a su apropiador. El razonamiento suele ser que el objetivo de que dejen de impartir justicia se cumple si dan un paso al costado. En los organismos de derechos humanos hay distintas posturas (ver aparte).

Juez en la dictadura

La renuncia de Mitchell llega cuando faltan pocos días para que una ex detenida, Sara Méndez, declare en el juicio sobre el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos. La vida de esta uruguaya, citada para el 18 de octubre, estuvo signada por una decisión de Mitchell, a quien se decidió a querellar el año pasado. Sara fue secuestrada el 13 de julio de 1976 en su casa de Belgrano, en Capital Federal, por un operativo conjunto del Plan Cóndor. Tenía un bebé de veinte días. A ella la trasladaron al centro clandestino de detención Automotores Orletti. A su chiquito, Simón Riquelo, se lo llevaron unos hombres de civil, que después de golpearla le dijeron que no se preocupara. “Esto no es una guerra contra los niños”, alegaron. Durante 26 años ella buscó a su hijo, quien recuperó la identidad en 2002. Entonces supo que Mitchell, como juez de menores, lo había dado en guarda con fines de adopción a poco de su detención ilegal. Sin tomar medidas para ubicar a su familia, lo entregó a un subcomisario sospechado de haber participado en el secuestro de la madre.

La denuncia de Sara es parte de una investigación que se inició con una presentación de la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo María Isabel Chorobik de Mariani, Chicha. Ambas eran representadas por Alejo Ramos Padilla, quien juró el viernes como juez federal de Dolores. Ramos Padilla le pidió al juez Norberto Oyarbide que analice todos los expedientes de adopción de los juzgados de menores porteños, ya que se presume que muchas apropiaciones de hijos de desaparecidos fueron disfrazadas de legalidad con mecanismos de adopción. Los legajos fueron secuestrados y los estudia el juez. A esta causa se sumó este año otra denuncia comprometedora para Mitchell, que la hizo el Tribunal Oral 6 (TOF6) al escuchar el testimonio de la titular de Abuelas Estela Carlotto, quien recordó su peregrinaje por la Casa Cuna y los juzgados en busca de su nieto nacido en cautiverio, hijo de su asesinada hija Laura. Cuando fue al juzgado de Mitchell recibió un mensaje del juez –contó– a través de un emisario que le dijo “que se cuide” porque “por lo que usted hace podría aparecer en una zanja”. Carlotto aún no halló a su nieto.

Estela, Sara y Chicha fueron citadas por el Consejo de la Magistratura días atrás. Habían sido convocadas para el martes pasado, pero se reprogramó la declaración para los primeros días de noviembre, aunque queda todo sujeto al destino de la renuncia del camarista, quien antes de ser juez de menores había sido fiscal en 1973 y luego camarista en 1979.

Sobornos también

La otra historia que vino a marcar el ocaso de Mitchell –un hombre querido por la vieja tropa de Casación, donde designó a buena parte de su familia– brotó de las escuchas telefónicas de la investigación del asesinato de Mariano Ferreyra, ocurrido en una protesta de trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca. Esas conversaciones desnudaron una trama inesperada, que habría estado manejada por el propio líder ferroviario José Pedraza, y que habría tenido como objetivo que las excarcelaciones de los imputados tramitaran en la Sala III de la Cámara de Casación y luego comprar la voluntad de los jueces para que los liberaran. En las escuchas, Juan José Riquelme, un agente de la SIDE que prestaba servicios de lobbista para su provecho personal, menciona contactos y encuentros con jueces de Casación en el marco de la causa del homicidio, por la que están detenidas diez personas, entre ellos Pedraza. Riquelme le reportaba al líder de la Unión Ferroviaria la situación y coordinaba acciones con otro de los aparentes intermediarios, el ex juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, quien había sido secretario de otro de los hombres que con Mitchell integran la Sala III, Eduardo Riggi. Aráoz, a su vez, se contactaba según las evidencias con un secretario de la oficina de sorteos, Luis Ameghino Escobar (hijo), con quien había trabajado en la vocalía de Riggi, que manejaba el sistema informático de asignación de causas por el cual el expediente en cuestión “cayó” justamente en la Sala III. Como las conversaciones pudieron ser monitoreadas mientras transcurrían, la Justicia detectó el momento en que el número dos de la empresa Belgrano Cargas, Angel Stafforini, llevaba dinero al estudio de Aráoz de Lamadrid. Al rato la policía incautó un sobre con 50 mil dólares, supuestamente destinados a sobornos. En las escuchas, además, se habla de un pago anterior que no se sabe a quién llegó. En uno de los tramos más increíbles, donde se discuten los montos de las posibles coimas, Riquelme deja un mensaje a Pedraza en el que exclama: “Informan del otro lado que son verdes, reitero, son verdes”. Aclaraba que eran dólares, no pesos.

El fiscal que quedó a cargo de la pesquisa de los sobornos pidió las detenciones e indagatoria de Pedraza, Riquelme, Aráoz, Sta-fforini y Ameghino Escobar, pero también requirió analizar con quién se comunicaban desde noviembre hasta febrero tres camaristas de Casación: Mitchell, Riggi y Mariano González Palazzo. La realización de este chequeo fue aceptada por el juez Luis Rodríguez. En la transcripción de las escuchas, se lee un diálogo en que Riquelme le explica a Pedraza que “ya hablé con Mitchell, quedé en tomar un café con él el día martes y te manda un gran abrazo, un gran saludo y tremendo agradecimiento por tu atención (...) Mitchell me dio a entender, o sea, un poco así a buen entendedor pocas palabras (...) ‘y nosotros vamos a terminar el turno de feria y entonces esto pasa para adelante’ (...) la sala de feria lo pasa hasta que sea sorteada la sala (definitiva) a partir del 2 de febrero, lo cual favorece los planes de nuestro amigo Octavio”.

Abraldes sostuvo que abundan las referencias a “atenciones de fin de año” y “discretos almuerzos”. No se puede descartar, sostuvo el fiscal, “que los jueces de la Cámara Nacional de Casación (...) hayan tenido participación en los hechos sea a través de la recepción de dádivas o de la aceptación de promesas de esa naturaleza”. Puertas adentro de Casación se abrió un sumario por otras denuncias sobre manipulación de sorteos.

La jura, el martes último, de Alejandro Slokar y Mariano Borinsky como nuevos integrantes de Casación, marca un cambio de época. Otras dos vacantes están por ser cubiertas, ya hay llamado a concurso para la que dejó hace poco Juan Rodríguez Basavilbaso y se abriría una más con la salida de Mitchell, mientras circulan rumores de otra posible renuncia. Es la mitad del tribunal, que tiene trece miembros. Toda una oxigenación.