“Una política de memoria es inseparable de la ampliación de derechos humanos, pero el genocidio no empezó con Videla. Tenemos que hacernos cargo de reparar también la injusticia y la opresión a lo largo de nuestra historia, y una sociedad sensibilizada con la memoria, la verdad y la justicia nos parece la mejor garantía para llevar adelante ese proceso de ampliación del concepto de derechos humanos.” La reflexión de Eduardo Jozami, director del Centro Cultural Haroldo Conti, fue el cierre del IV Seminario Internacional Políticas de la Memoria, que concluyó anoche en el predio de la ex ESMA.

La conferencia intentó abarcar una mirada regional sobre el tema. La abrió Samantha Viz Quadrat, historiadora del Núcleo de Estudios Contemporáneos de la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro. La investigadora resumió las dificultades de Brasil para poner fin “a 21 años de silencio” y que “la sociedad pueda reflexionar sobre ese silencio”. Destacó las iniciativas de la presidenta Dilma Rousseff de crear una Comisión por la Verdad y un Plan Nacional de Derechos Humanos, y en particular el programa “Memorias Liberadas”, que apunta a permitir el acceso a documentación del gobierno militar, que sigue vedada incluso a los investigadores.

El uruguayo Alvaro Rico, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, remarcó “el sostén civil y político de la impunidad en Uruguay”. Repasó la Ley de Caducidad, los dos plebiscitos que la legitimaron y la “teoría del maligno” que atribuyó a la guerrilla la responsabilidad por los crímenes de la dictadura. Rico marcó el giro con el ascenso de Tabaré Vázquez, quien “encontró una interpretación de la ley para que la Justicia pudiera actuar en algunos casos” (hay apenas 18 militares, policías y civiles procesados o condenados), y el intento frustrado “por las contradicciones al interior de la izquierda gobernante” para anular este año los efectos de caducidad. Celebró el fallo Gelman de la Corte Interamericana que obliga al Estado a investigar y juzgar en plazos razonables, pero advirtió que el próximo 1º de noviembre “prescribirán todas las causas en curso por violaciones de derechos humanos” durante la dictadura uruguaya.

Ricardo Brodsky, director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, resaltó que “considerando la renuncia del Poder Judicial a investigar las violaciones a los derechos humanos, un eje obligado de las políticas de memoria ha sido establecer la verdad”. Repasó el rol de las comisiones investigadoras (contabilizaron 41.470 víctimas de graves violaciones, incluidos 3216 desaparecidos y ejecutados) y las distintas formas de reparación material o simbólica, como los pedidos de perdón o los memoriales. A nivel judicial marcó el quiebre que significó la detención de Pinochet en 1998 y precisó que hay 1446 causas abiertas.

Jozami propuso “problematizar” los conceptos: “¿Estamos seguros de que queremos establecer una verdad única sobre los ’70?”. “Lo importante es que el proceso político siga dejando lugar para un pluralismo político notable porque hemos vivido una operación criminal, pero también un operativo de ocultamiento de una magnitud inimaginable.” “La discusión sobre la memoria es aún más complicada”, planteó. Recordó que “en la historia hubo más propagandistas del olvido que de la memoria”, diferenció dos etapas recientes en políticas de memoria (primero “el predominio de la víctima” al margen de los motivos, luego “el recuerdo no de víctimas sino de héroes”) y se esperanzó con la idea de que “estamos pasando la segunda etapa para encontrarle un sentido a la historia, para entender el proceso de lucha popular que derivó en el golpe de Estado como respuesta de disciplinamiento a una sociedad activa, movilizada y cuestionadora”.