Desde Rurrenabaque

La Octava Marcha Indígena volvió al camino, a seis días de que un operativo policial terminara con los mil marchistas dispersos y apaleados, muchos heridos. Ayer ingresaron al Departamento de La Paz, cuya ciudad está a 300 kilómetros, donde exigirán al presidente Evo Morales la suspensión definitiva del proyecto carretero que pasa por dentro del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), además de otras 15 demandas. En el otro rincón, Morales participó de un acto de aprobación de su gobierno, realizado por sus bases campesinas y varios funcionarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el trópico de Cochabamba.

“La marcha ya entró a La Paz. Ese sería el titular”, sugirió desde la comunidad Las Delicias Rafael Quispe Flores, mallku de Industrias Extractivas del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq). El aymara mira con preocupación la cara de su hija Jimena, de 11 años, herida por un bastonazo que le dieron los uniformados en Yucumo el domingo pasado.

La Octava Marcha salió ayer a las seis de la mañana de la comunidad Quiquibey, 43 kilómetros delante de donde fueron agredidos inopinadamente por 500 agentes antimotines. Los marchistas indicaron que necesitan carpas y mantas, porque muchas de las que tenían fueron quemadas por los policías. Muchos indígenas habían salido de la represión apaleados y sólo con lo puesto. Con la solidaridad de poblaciones como San Borja y Rurrenabaque fueron de nuevo vestidos y curados.

Las y los marchistas prevén que llegarán a la sede de gobierno el 12 de octubre, cuando falten cuatro días para las elecciones de magistrados del Organo Judicial. Para la misma fecha, las tres organizaciones campesinas incondicionales de Morales prometen hacer “reventar” La Paz con la movilización de 200 mil afiliados a la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb, en la que el presidente milita), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (Cnmciob BS) y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (Cscib, organización que realizó el bloqueo a la marcha indígena en Yucumo, lo que después habría justificado la intervención policial).

Como “ensayo” de lo que será el 12 de octubre, estas tres organizaciones marcharon el viernes pasado por La Paz para agradecer al presidente por encarnar al “proceso de cambio” boliviano. Pero la población, todavía sensibilizada por las imágenes de la golpiza a los indígenas, les gritó “asesinos”, entre otras delicadezas, y hasta les echaron agua de algunos edificios.

El sábado, la movilización pro gubernamental se realizó en la localidad de Aroma, en Cochabamba, encabezada por las Seis Federaciones del Trópico cochabambino, cuyo presidente también es Morales.

“Exigimos que el presidente del Estado tome la decisión histórica de modificar el proyecto carretero a través de la promulgación de una ley que establezca expresamente que la carretera no atravesará el Tipnis”, indicaron los marchistas en una resolución firmada antes de reanudar la caminata. Para los indígenas, el gobierno no cumplió con la Constitución en lo referente al derecho a la consulta previa, libre e informada a las comunidades cuyos territorios pudieran ser afectados por algún megaproyecto.

En su intervención de ayer, el presidente dejó de lado estos cuestionamientos y se enfocó en el daño ambiental que podría ocasionar la carretera de 306 kilómetros. Morales comentó que el pavimento pasaría por varias comunidades del Tipnis, donde ya existe un camino vecinal. Y aseguró que son 60 kilómetros de selva virgen los que desmontarían las topadoras.

Morales pidió ante sus bases realizar ahora una consulta a las comunidades indígenas afectadas, a ver si desean o no a la carretera. En este sentido, el presidente indicó que este referéndum podría extenderse a los departamentos de Cochabamba y Beni, involucrados en la ruta que también uniría comercialmente a Chile con Brasil.

Desde la Octava Marcha rechazaron esta propuesta, porque aseguran que vulnera el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, ambos con status de ley en Bolivia.

Hoy, los mil indígenas que componen la marcha avanzarán otros 20 o 30 kilómetros hacia el Palacio Quemado. Ayer, tres legisladores oficialistas les dieron alcance en Las Delicias para tratar de reactivar el diálogo. Pero los marchistas recordaron que el domingo pasado al mediodía les había llegado una invitación del gobierno para negociar las 16 demandas. Pocas horas después, les cayó encima la policía con todas sus aplicaciones represivas.

Los indígenas descartaron la propuesta de algunos policías de custodiar la marcha hasta su ingreso a La Paz, porque no quieren relacionarse con quienes los apalearon días atrás.

“Pedimos el amparo y respaldo de todo el pueblo boliviano, y en particular del pueblo de La Paz, para continuar con nuestra marcha. Por ello, convocamos a todos los bolivianos y paceños a acudir a nuestro encuentro y acompañar nuestra marcha pacífica hasta la ciudad de La Paz”, dijeron los indígenas.