El gobierno nacional anunció sus primeros pasos después de la tragedia de Once: asistir a las víctimas y familiares de los fallecidos y colaborar con la investigación judicial, que ya comenzó. Para eso, el Estado se constituirá hoy como “particular querellante” en la causa. Recién cuando se establezcan las responsabilidades del accidente, el Ejecutivo determinará el curso a seguir. El ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, no descartó anular la concesión a Trenes de Buenos Aires (TBA), del Grupo Cirigliano. “Acá no se generan esquemas de protección para nadie”, aseguró. Sin embargo, el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, reiteró que los frenos del tren funcionaron correctamente en los diez servicios previos, realizados desde las 3 de la mañana de ese día y hasta los últimos 40 metros previos al impacto. También precisó que, según la empresa, la formación se encontraba en condiciones técnicas para realizar el recorrido. Ambos funcionarios defendieron las inversiones realizadas por el Estado en el sistema ferroviario desde 2003 a la fecha.

En Planificación aseguran que será posible determinar las responsabilidades en poco tiempo, pero advierten que antes de avanzar en cuestiones administrativas, como una posible anulación de las concesiones, hay que esperar los resultados de la investigación judicial. “De ninguna manera vamos a tomar acciones que estén descontextualizadas del accionar de la Justicia”, explicó De Vido. Por eso, el titular de esa cartera informó que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dispuso que el Estado se presente en la causa como particular querellante para “defender el interés público y acompañar a aquellos damnificados, ya sean heridos o familiares, que se presenten como particulares querellantes a los efectos de poder ser parte y estar interiorizados del expediente judicial”. En la resolución 186 del Ministerio de Planificación, que será publicada hoy en el Boletín Oficial, De Vido instruye al subsecretario legal de esa dependencia, Rafael Llorens, para que lleve adelante esa tarea.

Para algunos políticos de la oposición, esa decisión legal apunta a eludir las responsabilidades que le caben al Estado como regulador del servicio.

“No sería prudente de nuestra parte, más allá de que tenemos cada vez más elementos de juicio, hacer alguna configuración de cuáles habrían sido las causales de este accidente. Sigo diciendo que esos últimos 40 metros desde que registramos el tren a 20 km por hora hasta el final es lo que hoy se mantiene como incógnita y de trabajo judicial entre lo que pudo haber sido una falla técnica o lo que pudo haber sido una falla humana”, sostuvo Schiavi. El funcionario, que el miércoles había destacado “la excelente foja de servicios” del maquinista Antonio Córdoba, de 28 años, agregó ayer que al llegar a las inmediaciones de la terminal el conductor respondió de forma correcta a señales que indicaban la aproximación de otra formación, lo que demuestra que los frenos respondieron al menos hasta ese momento.

Al mismo tiempo, el secretario de Transporte informó que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) recibió de TBA el “check list” del vehículo siniestrado, el control previo a su puesta en servicio que realiza el personal de la empresa. Según afirmó anteayer el delegado gremial del ferrocarril Rubén Sobrero, ese chequeo no presentaría irregularidades. A su vez, Schiavi informó que la formación no sólo frenó de forma adecuada en las 14 estaciones previas al choque, sino que se encontraba funcionando sin inconvenientes desde las 2.45 de la mañana. Desde ese momento, hasta la colisión donde murieron 50 personas y más de 670 resultaron heridas, la formación había realizado 10 recorridos entre Moreno y Once sin que se hubieran detectado fallas o problemas de frenos, según indicó.

Concesiones

“Está claro que tanto el presidente Kirchner como la actual Presidenta demostraron que en situaciones como ésta no se generan esquemas de protección para nadie, y vamos a avanzar y tomar las medidas que hagan falta en el marco de la Justicia y de la investigación, todo dentro de la ley”, dijo De Vido en referencia a la continuidad de las concesiones que TBA explota desde su privatización en 1994. “Una vez que estén determinadas las causas, que calculamos será en un tiempo relativamente breve, entonces sí lo administrativo acompañará las conclusiones de la investigación judicial a los efectos de salvaguardar el interés público y aplicar las sanciones que pudieran corresponder”, sostuvo el funcionario antes de ceder la palabra al secretario de Transporte, quien detalló la estructura de propietarios del sistema ferroviario, aspecto que había estado ausente en la primera intervención de Schiavi el miércoles.

El 25 de junio de 2004, el gobierno de Néstor Kirchner rescindió el contrato de concesión del Ferrocarril San Martín con el Grupo Metropolitano del empresario Sergio Taselli. El decreto 798 de ese año argumenta que la decisión se tomó a partir de “faltas graves y reiteradas en la prestación del servicio, puntualidad, confort y mantenimiento del material que afectan severamente la ejecución del servicio en condiciones adecuadas como así también las condiciones de seguridad para los pasajeros transportados y terceros”. También mencionaba la existencia de un déficit en materia de inversiones. En ese momento, se creó la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe) con el objetivo de operar a cuenta y orden del Estado el recorrido desde Pilar a Retiro desde comienzos de 2005. La Ugofe, que todavía opera el servicio, está conformada por las empresas Ferrovías, Metrovías y la misma TBA. En 2007, después de una serie de incidentes en la terminal de Constitución, el Gobierno anuló otras dos concesiones que explotaba Metropolitano: la línea General Roca y el ramal Belgrano Sur. Ambos recorridos pasaron a ser operados por la Ugofe.

En la actualidad, luego del proceso de privatizaciones del ferrocarril, el Estado solamente opera tres recorridos, aunque es el encargado de regular toda la actividad. A partir de 2008, el Estado está a cargo del ferrocarril Talgo que va a Mar del Plata, los trenes Flecha en el Chaco y un trayecto regional que conecta Lincoln y Realicó, reinagurado recientemente. El resto de los ramales que siguen en actividad están operados por distintas empresas privadas. “El Estado ha tenido mucha inversión, hemos planteado mucho trabajo sobre el sistema ferroviario. Pero el sistema operativo es básicamente operado por privados”, explicó Schiavi. “Nosotros estamos asumiendo la responsabilidad que implica todo lo que corresponda. Pero en primer lugar y siendo muy claros, la responsabilidad que significa para nosotros llevar adelante una investigación en profundidad, apoyando a la Justicia, siendo como en el caso de la CNRT, auxiliares de la Justicia para que sea ella quien determine causales y culpabilidades”, sostuvo el funcionario.