“El gobierno de la República Argentina ha sugerido que tiene evidencia del despliegue de un submarino clase Vanguard en el Atlántico Sur. Como la República Argentina sabe, es política del Reino Unido nunca hacer comentarios sobre sus operaciones submarinas”, respondió ayer en una carta el representante británico en las Naciones Unidas, Mark Lyall Grant, a los cuestionamientos argentinos que le fueron transmitidos a través del secretario general, Ban Ki-moon. En su respuesta, Lyall Grant no niega el traslado de armas nucleares a las islas Malvinas, sino que se limita a aclarar que el Reino Unido “no usará –o amenazará usar– armas nucleares” contra países que no las posean.

Dos semanas atrás, el canciller argentino Héctor Timerman fue a la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, para hacer una presentación sobre la militarización del Atlántico Sur. Se la entregó en mano a las autoridades de las tres instancias del organismo: la Secretaría General, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. El trabajo incluía detalles sobre el despliegue militar británico en las islas, que abarcaría un submarino nuclear con capacidad para transportar armas nucleares, un moderno Destructor tipo 45 y aviones Typhoon equipados con misiles Taurus. Timerman argumentó que el despliegue excedía largamente las necesidades de seguridad de los 2500 isleños y que el Reino Unido utiliza esa excusa para establecer una poderosa base militar para controlar sus intereses estratégicos en el Atlántico Sur.

Ayer, el representante británico respondió a través de una carta fechada el 22 de febrero a Ban Ki-moon en la que en cinco carillas rechaza esas “afirmaciones infundadas” y una vez más trata de colocar a Argentina como la parte agresora. Por ejemplo, sostiene que el Reino Unido no tiene una red de bases militares en el Atlántico Sur. Que la base en la isla Ascensión, en verdad, fue construida con permiso británico por Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y que ahora el Reino Unido la utiliza como escala en sus vuelos a Malvinas. En esa isla, en 2003, el diario británico The Guardian denunció un accidente con armas nucleares.

La presentación de Timerman incluyó un mapa con 13 polígonos de tiro en los que las fuerzas militares británicas realizan ensayos con misiles que van contra los parámetros ambientales argentinos y ponen en riesgo la seguridad en la navegación. Lyall Grant reconoció que cada seis meses las fuerzas británicas realizan ejercicios misilísticos y, como toda respuesta, esgrimió que Argentina lo sabía y que recién en 2010 llevó su protesta ante la Organización Marítima Internacional. El diplomático, obviamente, aseguró que esos ejercicios no implicaban ningún riesgo para la navegación y que no era cierto que podían atacar también países vecinos porque eran de corto alcance. En ese punto, Lyall Grant aclara que desde 1982 Gran Bretaña nunca atacó a la Argentina ni a ningún país de la región. “Ni tiene intención de hacerlo”, subrayó, por las dudas.

Pese a que subraya que la postura de su país al respecto no es ambigua, Lyall Grant no es nada claro en lo que respecta a las armas nucleares. Sostiene que no puede informar de los movimientos del submarino que podría transportar esa armas, pero recuerda que el Reino Unido es firmante del Tratado de Tlatelolco, que declaró a América Latina libre de esas armas.

El británico buscó colocar a la Argentina en el rol de país agresor en el conflicto. Puso de relevancia las medidas establecidas para “fomentar la confianza en la relación” bilateral establecidas entre 1990 y 1994, en contraposición a la postura argentina desde que Néstor Kirchner y Cristina Kirchner llegaron a la Casa Rosada. “La política de defensa y fuerzas armadas del Reino Unido no han cambiado, es decepcionante que las posiciones políticas y diplomáticas de Argentina lo hayan hecho”, escribió. Detalló a continuación distintas medidas de penalización que fue tomando Argentina contra empresas y barcos que comercian con las Malvinas, incluyendo la declaración de la última Cumbre del Mercosur que adelantó que los países miembros no recibirían más a buques con bandera del gobierno kelper. La carta no explica que esas penalizaciones usualmente fueron en respuesta a decisiones unilaterales británicas, como cuando habilitó la exploración de hidrocarburos en la cuenca de las islas.

La carta llegó ayer a manos del canciller Timerman, que evaluaba qué respuesta darle.