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La recuperación del control estatal de la principal petrolera nacional tiene importancia en términos económicos, políticos y sociales. Se trata de la empresa número uno del país en ranking de facturación y tiene una de las plantillas más numerosas, con 10 mil trabajadores. Es líder en la producción de petróleo, segunda en gas y concentra más del 50 por ciento en la refinación y comercialización de naftas y gas en garrafa. YPF es un conglomerado de empresas, con participación en el mercado de agroquímicos, servicios, constructoras y distribución de gas de red domiciliario. Los hidrocarburos pasan a ser considerados bienes estratégicos y no simples commodities. Se pone así límite a la libre disponibilidad del recurso del que gozaban todas las petroleras. Parte de la significativa renta petrolera es nacionalizada y se recupera la soberanía energética tras el objetivo del autoabastecimiento y la diversificación de la matriz energética. YPF en manos del Estado tendrá la oportunidad de recuperar el complejo tecno-científico de investigación y desarrollo históricamente vinculado con la compañía. Se abre la posibilidad de reconstruir el encadenamiento productivo con proveedores locales, que implica un notable efecto multiplicador sobre el nivel de actividad y del empleo. La expropiación de las acciones de la española Repsol es, además, una potente iniciativa de legitimación política, con una carga simbólica elocuente.

Todas esas repercusiones presentes y futuras ubican la decisión de recuperar YPF para el Estado entre las más relevantes del ciclo kirchnerista. Existe otro efecto no tan evidente en superficie pero del que sus destinatarios ya se anoticiaron. Es un inequívoco mensaje dirigido al poder económico sobre qué espera de sus integrantes el Gobierno: inversiones y generación de empleos para sostener un ritmo de crecimiento económico firme que, en última instancia, brinda legitimidad social a un rumbo económico y político. Ahora saben qué sucede cuando una empresa boicotea ese sendero. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner no oculta su propósito. Y lo ha expuesto en más de una ocasión en sus discursos, que son nítidos en lo que pretende y que sería de utilidad leer o escuchar para analistas conservadores que todavía tratan de entender el mundo kirchnerista. En la inauguración de la ampliación de la planta de Pirelli Neumáticos, en Merlo, CFK afirmó que “con aquellos que se portan bien, el Gobierno se porta mejor”.

Esa definición coloquial encierra el concepto sobre el vínculo de las elites con el Estado. El kirchnerismo ha ido evolucionando sobre esa relación a lo largo de su gestión, con un punto de inflexión en el conflicto con el campo en 2008. Fue el primer indicio de agotamiento de una misión ambiciosa que expuso en el discurso inaugural como presidente Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003, cuando se refirió al objetivo de dinamizar la burguesía nacional. Para ello hubo bastante de voluntarismo político, medidas puntuales de fomento y creación de condiciones macroeconómicas de alto crecimiento para incentivar la inversión. Se facilitó el desembarco de empresarios nacionales en compañías privatizadas en manos de extranjeros. El ingreso del grupo Eskenazi en YPF fue el último gran intento de ese plan. La constante fuga de capitales, la acumulación de abultadas ganancias, la morosidad en las decisiones de inversión y la persistencia de conductas rentísticas de esa burguesía mostraron la limitación de esa estrategia.

En esa evolución, si una facción de la burguesía nacional se revela fallida, ya sea porque invierte poco, se asocia con el grupo extranjero en la predación de recursos hidrocarburíferos, fuga capitales, especula contra el peso comprando dólares en cantidad o distribuye dividendos en vez de emprender planes de expansión productiva, el Estado enfrenta el desafío de asumir un rol activo en sectores productivos clave de la economía para sostener el ritmo de crecimiento y creación de empleo. Es lo que pasó con Repsol en el mercado de hidrocarburos.

Con una burguesía sin liderazgo, el gobierno de CFK deriva necesariamente en el mensaje de que se tienen que dar cuenta de que el camino para que el capitalismo sea sostenible es con un Estado presente, definiendo regulaciones, exigiendo al sector privado, estableciendo objetivos y controlando que se cumplan. Es lo que se conoce como disciplinamiento de las elites, para desplazar al capitalismo rentístico, débil y protagonista destacado de pasadas crisis económicas. Ese disciplinamiento no tiene que ver con obediencia o subordinación a un gobierno, como traduce el rústico análisis conservador fascinado con las muletillas “capitalismo de amigos” o “empresarios K o ultra K”. El economista chileno de la Universidad de Cambridge, Gabriel Palma, lo explica en forma didáctica en el reportaje que se publica hoy en el suplemento económico Cash: “El Estado debe recuperar su capacidad para disciplinar a las elites capitalistas. Además de dar subsidios, los gobiernos deben poder reclamar que las empresas aumenten sus exportaciones, inviertan, innoven e impulsen el cambio tecnológico”.

El fin de las AFJP y la consiguiente absorción por parte del Estado de paquetes accionarios de empresas líderes fue el primer paso de la transición del voluntarismo político con la burguesía nacional hacia la intervención activa del Estado. Recién en abril del año pasado el Gobierno dictó el decreto 441 para empezar a ejercer plenamente los derechos societarios que le daban las acciones en 42 empresas privadas. La presencia estatal avanzó en la medida en que se fueron renovando los directorios. El año pasado el Estado contaba con 33 directores en 28 empresas, y actualmente tiene 43 en 31 compañías. Para coordinar el trabajo, casi todos los directores por el Estado son funcionarios del Ministerio de Economía y la Anses. Como la mayoría de esas empresas mantenía el plan de distribuir utilidades entre los accionistas, en una tradicional lógica financiera de la actividad productiva, el Estado intervino para modificar esa conducta. En esta ocasión, ese disciplinamiento, con la experiencia previa de la oposición a la designación de Axel Kicillof como director de Techint y la más reciente con la expropiación de acciones de Repsol, no tuvo tantas resistencias. Como informó David Cufré en la edición de este diario del sábado 28 de abril, después de varias negociaciones, ese grupo de empresas líderes decidió no distribuir ganancias por un total por 9016 millones de pesos, monto que destinarán a inversiones para ampliar la capacidad productiva. Sólo se acordó el giro de utilidades a los accionistas por menos del 10 por ciento del total.

Las compañías mineras fueron las primeras que interpretaron el mensaje oficial. A mediados de febrero de este año, cuando empezaron a ser cada vez más nítidas las señales sobre el objetivo oficial con YPF, gobernadores de las provincias mineras anunciaron la creación de una organización interestatal para acordar políticas comunes e incrementar los recursos procedentes de la actividad. El surgimiento de la Organización Federal de Estados Mineros fue en el mismo momento que se revitalizaba la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos, marco político de la avanzada sobre Repsol. Las compañías mineras entendieron y reaccionaron en varios frentes.

- Anuncios de inversión: Barrick informó que planea destinar este año más de 1500 millones de dólares para sus proyectos en Argentina.

- Respaldo a la política de sustitución de importaciones: el presidente de la cámara sectorial, Manuel Benítez, afirmó que apoyan el fomento de la industria nacional y no hay semana que no distribuyan información sobre iniciativas de sustitución.

- Manifestación pública de acompañamiento al Gobierno, hasta defendiendo implícitamente la expropiación de acciones de Repsol: el CEO de Yamana Gold, Peter Marrone, realizó el jueves último una exposición de manera simultánea en las Bolsas de Canadá, Nueva York y Londres afirmando que “las medidas introducidas por Cristina Fernández no están guiadas por una ideología, sino que buscan controlar la inflación y mantener la estabilidad de su economía. Como inversor, éstos son los objetivos que yo respaldo”. Para agregar que “del lado de la minería, estoy satisfecho con el establecimiento reciente de una asociación minera (Ofemi), la cual une a diez provincias bajo la supervisión de la Nación”.

Si antes tenían alguna duda o expresaban resistencia, a partir de Repsol varios grupos económicos y las mineras han entendido rápido el mensaje que lleva la frase de CFK.

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