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El régimen del transporte ferroviario español suele ser citado por los especialistas como una referencia habitual de un modelo que pone en manos del Estado la responsabilidad del servicio público, pero además reserva espacios de participación, en competencia, para la actividad privada. El modelo español fija los mecanismos y las responsabilidades no sólo en materia de oferta del servicio, sino también en lo que respecta a las inversiones en infraestructura.

De acuerdo con la Ley 39 del Sector Ferroviario, dictada en diciembre de 2003, España dispuso que el Ministerio de Fomento sería el encargado de la administración del conjunto del sector. Entre sus competencias se estableció:

- La planificación estratégica del sector ferroviario, tanto de la infraestructura como la oferta de servicios;

- El ordenamiento general y la regulación del sistema, en especial todo lo relacionado con la seguridad, su interoperabilidad y las relaciones entre los agentes del sector;

- La definición de objetivos y la supervisión de la actividad de las entidades públicas empresariales ferroviarias, ADIF y Renfe, así como de su sistema de financiación.

ADIF. El ente Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de España fue creado por la misma Ley del Sector Ferroviario y su actividad comenzó en enero de 2005. Es una entidad pública empresarial con autonomía de gestión, aunque adscripta al Ministerio de Fomento. Su objeto principal es la administración y construcción de infraestructuras ferroviarias.

ADIF administra la casi totalidad de la red ferroviaria de interés general. En régimen comercial, atiende las líneas de alta velocidad, y por encomienda del Estado, la red convencional, mediante un convenio de administración de esta red patrimonio del Estado. Además de la explotación y mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias citadas, ADIF es responsable de la construcción de nuevas líneas por encargo del Estado, ya sean de su titularidad (financiadas con sus propios recursos) o de titularidad del Estado (con recursos presupuestarios).

Renfe. La empresa operadora, en su nuevo formato, fue creada por la misma Ley del Sector Ferroviario y comenzó su actividad junto a ADIF, el 1º de enero de 2005. Renfe nace de la segregación de las unidades de negocio prestadoras del servicio ferroviario y otras actividades comerciales de la anterior empresa ferroviaria del mismo nombre, con integración vertical. A partir de 2005, Renfe es una entidad pública empresarial con autonomía de gestión, adscripta al Ministerio de Fomento. Su objeto es la prestación de servicios ferroviarios de pasajeros y mercancías y de otros servicios o actividades complementarias o vinculadas con el transporte ferroviario. Realiza, también, el mantenimiento del material móvil ferroviario. A partir de la puesta en funcionamiento del nuevo diseño del sistema ferroviario (año 2005), se estableció que Renfe continuaría recibiendo compensaciones para la prestación del servicio de pasajeros en trayectos regionales o de corta distancia, como parte de la obligación de prestación de servicio público. Las unidades de pasajeros de larga distancia y de alta velocidad se gestionan en régimen comercial, de igual forma que la unidad de cargas, a partir de 2006. Pero sólo esta última estaría sometida a competencia de otros operadores.

El Ministerio de Fomento es el responsable por el otorgamiento de licencias para el transporte ferroviario de cargas. Las empresas ferroviarias con licencia europea tienen, a partir del 1º de enero de 2006, libre acceso a toda la Red de Interés General del Estado para realizar transporte ferroviario de mercancías internacional o, incluso, nacional. El único requisito es solicitar al ADIF la correspondiente autorización de capacidad de circulación (“surco”, en la denominación española) y poseer, al momento de la adjudicación, el certificado de seguridad para poder circular, con su material rodante y su personal de conducción, por el itinerario solicitado.

Comité de Regulación Ferroviaria. Es el organismo regulador del sector. Es un organismo colegiado adscripto a la Secretaría de Infraestructura y Planificación, del Ministerio de Fomento. Sus integrantes son funcionarios de alto rango del ministerio, nombrados por el ministro. Sus objetivos, funciones y competencias son:

- Salvaguardar la pluralidad de la oferta ferroviaria;

- Garantizar la igualdad de todos los operadores en las condiciones de acceso;

- Cuidar que los cánones se ajusten a la normativa y no sean discriminatorios;

- Resolver los conflictos entre el ADIF y las empresas ferroviarias, en relación con el otorgamiento y el uso del certificado de seguridad, aplicación de los criterios de declaración sobre la red, procedimientos de adjudicación de capacidad y todo lo referente a aplicación de tarifas a los operadores.

- Resolver conflictos entre empresas ferroviarias;

- Interpretar las cláusulas de las licencias y autorizaciones para la prestación de los servicios de interés público.