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El documento del Banco Mundial “La disminución de la desigualdad en América latina en la década de 2000. Los casos de Argentina, Brasil y México” ofrece un oportuno análisis para comprender el ciclo político abierto en la región que sectores conservadores combaten con perplejidad, porque tienen el poder económico, los grandes medios de comunicación, ahora también capacidad de movilización y la voluntad de orientar la agenda pública, pero no logran debilitarlo, ni en la gestión diaria ni a la hora del recuento de votos. No lo han conseguido por el momento debido a que, pese a lo que afirman representantes de la derecha y de la izquierda, la mayoría de la población en Latinoamérica, postergada por décadas de neoliberalismo, hoy están mejor que ayer. El trabajo de investigación, presentado el mes pasado por el área de Pobreza, Equidad y Género, América Latina y el Caribe del Banco Mundial, destaca que de los 17 países para los que existen datos comparables, 13 experimentaron un descenso de la desigualdad en términos del coeficiente de Gini, mientras que aumentó en otras partes del mundo, como en China, India, Estados Unidos y Europa.

En el conjunto de los 17 países de la región estudiados, el coeficiente de Gini para los ingresos per cápita de los hogares disminuyó del promedio ponderado 0,530 a finales de 1990 a 0,497 en 2010 (indicador entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad –todos tienen los mismos ingresos– y donde el valor 1 es la máxima desigualdad). Los autores Nora Lustig, Luis F. López-Calva y Eduardo Ortiz-Juárez señalan que la magnitud de esa declinación es muy relevante en un continente marcado por la desigualdad. Mencionan que en 11 de esos países la disminución de la desigualdad en la década de 2000 fue mayor que el aumento en la década de 1990. El caso de Argentina es el de las variaciones más pronunciadas, con empeoramiento del coeficiente de Gini en 8,2 por ciento en el período 1992-2002, y mejora del 9,0 por ciento en el lapso 2002-2010, porcentajes muy por encima del promedio registrado en ese grupo de países. En los años posteriores continuó la mejora, hasta ubicarse en 0,375 en el primer trimestre de este año.

El estudio del BM indica que los motivos de la desigualdad en América latina están relacionados con el comportamiento de “las elites depredadoras (textual en el texto: linked to state-capture on the part of predatory elites), las imperfecciones del mercado de capitales, la desigualdad de oportunidades (en particular, en términos de acceso a la educación de alta calidad), la segmentación del mercado laboral y la discriminación contra las mujeres y los no blancos”.

La región se ha destacado históricamente en la comparación internacional por ser el continente de más alta y persistente desigualdad en el ingreso. Desde el 2000, en coincidencia con la irrupción de gobiernos progresistas –en su más amplia definición–, la desigualdad empezó a caer, según el documento del Banco Mundial. Este proceso permite comprender la adhesión mayoritaria de los sectores postergados a los gobiernos resistidos por las influyentes capas medias y altas.

La explicación de los investigadores de la disminución de la desigualdad es por dos razones principales:

1) la caída en la brecha de ingresos entre los trabajadores calificados y los poco calificados, y

2) el aumento de las trasferencias de dinero del Estado a los pobres.

La reducción de la brecha de ingresos se debió principalmente a la expansión de la cobertura en educación básica que se ha dado durante las últimas dos décadas. Mencionan que también fue por el resultado de la desaparición del efecto generado por el cambio tecnológico de los noventa, el cual demandaba trabajadores con habilidades específicas.

El análisis particular de la Argentina sugiere que la expansión del empleo, por la fuerte recuperación económica, fue un aspecto importante, además de la disminución de la desigualdad en los ingresos laborales. No fue así en Brasil y México.

Las transferencias del Estado a los pobres es el segundo efecto igualador. En México fue la expansión de la cobertura del programa Progresa/Oportunidades que implica giro de dinero en efectivo abarcando a unos 5,8 millones de hogares, equivalente al 19 por ciento del total de hogares en 2012. En Brasil, el plan Bolsa Familia explica la caída de la desigualdad por ingresos, al ampliar a casi el 30 por ciento de la población brasileña la que recibe aportes del sistema de seguridad social. De 1998 a 2009, el coeficiente de Gini disminuyó de 0,592 a 0,537, que representa una mejora de 5,4 por ciento. Por su parte, en Argentina actuó como un potente igualador de ingresos el Plan Jefes y Jefas de Hogar desocupados, luego la Asignación Universal por Hijo y la ampliación de la cobertura provisional a personas en edad de jubilarse sin los aportes correspondientes.

Después de analizar esos dos factores igualadores de ingresos que intervinieron en la primera década del nuevo siglo en Latinoamérica, los investigadores avisan que “el impulso redistributivo puede ser difícil de sostener”. Señalan que si bien el nivel de instrucción se ha vuelto significativamente más equitativo, no puede decirse lo mismo de la distribución de la calidad de la educación. “La experiencia de los Estados Unidos debería servir a América latina como una advertencia”, al explicar que en ese país la desigualdad de ingresos aumentó significativamente desde la década de 1980 debido a esa divergencia entre cobertura y calidad educativa, como credencial de entrada al mundo laboral. La baja calidad de la educación en el nivel secundario derivó en que muchos graduados no estuvieran “listos para la universidad”, estancándose la mejora de las cualidades laborales. Lo que no se detalla en esa investigación es que el ingreso a las universidades estadounidenses es restrictivo por los elevados aranceles, al igual que en varias universidades de la región. No es el caso de la universidad pública en Argentina.

Para sostener la igualdad a través del tiempo se requiere un esfuerzo permanente de redistribución a través del gasto público progresivo y de impuestos a los ingresos altos. La experiencia indica que la política fiscal progresiva es consistente con la prosperidad. Los gobiernos latinoamericanos que lograron romper con la histórica tendencia al aumento de la desigualdad en la década de 2000 tienen entonces el desafío de mantener ese proceso de avance de las condiciones materiales de los pobres con gasto público e impuestos progresivos y con la mejora en la calidad de los servicios públicos, como la educación, clave para continuar en el tránsito hacia sociedades más equitativas.

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