Los obispos rechazaron haber sido cómplices de la dictadura, los curas les piden una disculpa sincera.

El Grupo de Curas en la Opción por los Pobres calificó de “pobre” e “insuficiente” el documento emitido el viernes por la asamblea de la Conferencia Episcopal Argentina. En el escrito, los obispos católicos retoman el tema de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y aluden a los señalamientos de complicidad con el régimen que se le hacen a la jerarquía católica, situación que fue reconocida recientemente por el dictador Jorge Videla. Lamentan los curas que los obispos hayan perdido otra oportunidad y sostienen que “tanta reticencia durante años a llamar las cosas por su nombre no nos permite confiar plenamente como quisiéramos en la efectividad de estas declaraciones”.

El documento de la Conferencia Episcopal fue también una respuesta a un reclamo planteado por un grupo de aproximadamente cuatrocientos laicos cristianos liderados por el escribano Hernán Patiño Mayer, que exigieron a sus obispos un pronunciamiento sobre un tema que parecía definitivamente cerrado para las autoridades de la Iglesia.

En uno de los párrafos más críticos de la declaración el grupo de sacerdotes dice que “debemos confesar que nos escandaliza que ante la sociedad parezca que usar preservativo sea más grave que la tortura; que el sexo pre-matrimonial sea más grave que violar mujeres detenidas-desaparecidas; que engendrar hijos fuera del sacramento del matrimonio sea más grave que apropiarse de niños después de tirar al mar a sus padres, que la homosexualidad es una enfermedad perversa y más grave que ser un torturador o presenciar con sadismo y complicidad sesiones de tortura, que el aborto de una mujer angustiada en su situación de embarazo no deseado o provocado sea tenido por genocidio y como algo mucho más grave que arrojar personas vivas al mar, atadas, dopadas y secuestradas”.

Los Curas en la Opción por los Pobres rechazan la llamada “teoría de los dos demonios” en la cual –dicen– se enmarca el documento episcopal al equipar el “terrorismo de Estado” con la “violencia guerrillera”. Pero respecto de las complicidades entre la dictadura y la jerarquía, los sacerdotes recuerdan que en sus declaraciones “el genocida Videla fue más allá del reconocimiento de una connivencia entre la conducción facciosa del Estado y la cúpula eclesiástica”, ponen en duda las palabras del arzobispo José María Arancedo, quien niega que tal connivencia haya existido, y señalan que existen otras “muchas instancias que no son tenidas en cuenta en el documento” episcopal.

Otro tema está referido a cuánto sabían los obispos de entonces –a quienes la jerarquía menciona como “hermanos mayores”– sobre lo que estaba ocurriendo en el país. Los curas dicen que “no hace falta demasiada investigación” porque allí están los discursos de monseñor (Victorio) Bonamín, monseñor (Antonio) Plaza, monseñor (Adolfo) Tortolo (presidente de la CEA), por nombrar solo los más emblemáticos”.

Denuncia también el grupo de sacerdotes que, más allá de los párrafos de documentos con los cuales los obispos intentan justificar que algo hicieron en materia de denuncia, “sabemos bien que fueron muchas las voces eclesiásticas episcopales o presbiterales que justificaron la tortura públicamente como un ‘mal menor’, e incluso participaron de las mismas”.

El documento que lleva la firma de Juan Carlos Baigorri, Marcelo Ciaramella, Roberto Murall y Eduardo de la Serna, integrantes del secretariado de Curas en la Opción por los Pobres, dice que “no se entiende el tibio y limitado pedido de perdón de 2000 si realmente creen que hicieron todo lo debido y necesario. No se entiende el silencio de los nombres de nuestros mártires desaparecidos, asesinados o torturados, como el obispo Enrique Angelelli, Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville, Carlos Bustos, Pablo Gazzarri, Mauricio Silva, Orlando Yorio, Francisco Jálics, Wenceslao Pedernera, Alice Domon, Leonie Duquet y tantos otros, si el supuesto pedido de perdón se pretende serio y responsable”.

Señalan también que en la sociedad faltan muchos sectores que no han hecho su “mea culpa, pero no se trata de especular con el mal de muchos sino de afirmar lo que se espera del pastor: que dé ‘la vida por sus ovejas’”.

Y en referencia a lo que ahora está ocurriendo advierten que “cuando se avanza en los juicios, se escuchan voces que hablan de reconciliación, de perdón, deslizando la idea implícita de que los juicios son motivados por venganza o revanchismo, desdiciendo todo lo que han afirmado de ‘la verdad y la justicia’”. Dicen también los curas que les gustaría ver “una cercanía fraterna de los obispos con los organismos de derechos humanos que siguen luchando por la verdad, la memoria y la justicia en especial las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, como en su momento lo hicieron con cariño y valentía Jorge Novak y Jaime de Nevares” para subrayar que “hoy –como ayer– más bien percibimos distancia”.

Desestiman los curas el pedido genérico de perdón hecho por los obispos “porque el pedido de perdón debe ser concreto”, señalando que “ninguno de nosotros (como sacerdotes) aceptaría una confesión tan genérica sin reconocimiento concreto de las faltas o delitos cometidos”. Ante la presunta disposición de la jerarquía a profundizar las investigaciones los sacerdotes denuncian que la Conferencia Episcopal posee “libros bastante documentados sobre este y otros temas semejantes”, piden que los obispos “colaboren en todo con la Justicia, se acerquen a aportar toda la información disponible, y acepten los fallos correspondientes para cerrar heridas no desde el olvido y la impunidad, sino desde la verdad y la justicia que tanto proclamamos”, lamentan que no se encare la complicidad de los capellanes militares con el genocidio, mientras el “condenado por la Justicia Christian von Wernich no fue suspendido en sus licencias o expulsado del ministerio” y “Videla sigue comulgando y lo dice abiertamente a pesar de haber reconocido públicamente su delito que parece no ser entendido como pecado”.