El Gobierno terminó de negociar con España un nuevo acuerdo fiscal. Desde el equipo económico confirmaron a Página/12 que el convenio para evitar la doble tributación ya está transitando los distintos circuitos administrativos. Ese texto reemplazará a otro que fue dado de baja a mediados de año por Argentina porque ofrecía un canal de evasión impositiva a grandes empresas locales y multinacionales. El convenio permitió a firmas como Techint, Nextel, Jumbo, Petrobras, Acindar, Quilmes y Monsanto, entre otras, eludir el pago de 250 millones de pesos en 2011. La decisión de suspenderlo fue tomada después de que España rechazara incorporar una cláusula para evitar los fraudes. El nuevo acuerdo, que deberá ser aprobado por el Congreso, eliminó los mecanismos de evasión. También está listo un nuevo convenio con Suiza, un popular destino para las empresas que llevan adelante maniobras de evasión fiscal. Las negociaciones con Chile, con el que se dio de baja otro acuerdo que permitía maniobras abusivas, están empantanadas (ver aparte).

Entre 2006 y 2010, un gran número de grandes empresas locales y extranjeras que operan en el país pasaron a ser firmas españolas para lograr, en forma abusiva, beneficios fiscales. Una investigación elaborada el año pasado por la comisión evaluadora y revisora de convenios para evitar la doble imposición, que integran los ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía, y encabeza la AFIP, detectó que empresas argentinas cambiaron de “domicilio” para terminar todas controladas por firmas radicadas en España. En el listado figuran firmas como Techint, la cementera Juan Mineti, Aceitera General Deheza, las francesas Peugeot-Citröen y Danone, las supermercadistas Walmart y Cencosud –propietaria de supermercados Jumbo, Easy y Disco–, FATE y Avon.

Esas compañías explotaban al máximo un artículo del acuerdo fiscal con España que exime a los españoles, accionistas o socios de una empresa localizada en Argentina de pagar el impuesto a los bienes personales correspondiente a esa participación (equivalente al 0,5 por ciento de esa tenencia). Al mismo tiempo, la empresa que montan en España –Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE)– estaba exenta de pagar algunos impuestos en el país europeo. Esa grieta fiscal les permitió evadir impuestos por 250 millones de pesos en 2011.

Antes de dar de baja el acuerdo, el 13 de julio, se negoció con las autoridades españolas la posibilidad de incluir una cláusula para evitar fraudes, como existe en otros convenios. El objetivo era establecer que el convenio no se aplique si los accionistas de la empresa no eran efectivamente residentes españoles y mantenía el beneficio para las firmas que legítimamente accedían. El gobierno ibérico no accedió al pedido y, por eso, empresas como Telefónica o los bancos Santander Río y BBVA Francés deberán ingresar el impuesto desde el próximo año. Así, AFIP no sólo recaudará el monto evadido, sino también la parte que no ingresaban las firmas ibéricas. Ese beneficio no será restablecido en el nuevo convenio.

Más allá de las diferencias políticas y las amenazas de sanciones y represalias de las autoridades españolas luego de la expropiación de YPF, ambos países negociaron con celeridad un nuevo acuerdo desde mediados de año. En ese proceso de negociaciones, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, se reunió con el secretario de Hacienda y titular de la agencia de recaudación de España. La urgencia para avanzar provenía de la parte española donde, según pudo saber este diario, muchas empresas de servicios y del sector bancario reclamaban un nuevo acuerdo para reactivar algunos beneficios fiscales vinculados con el pago de sus regalías e intereses. Sin el acuerdo deben tributar Ganancias por esos conceptos con una alícuota del 35 por ciento y “el marco normativo y la seguridad jurídica” que existe en el nuevo convenio les permitirá reducirla hasta el 15 por ciento.

Además, el acuerdo no incluye una cláusula de “nación más favorecida” para España. Según ese principio, si Argentina decidiese incorporar en un acuerdo vigente un beneficio para que las firmas de otro país paguen una alícuota inferior por las regalías, ese beneficio debería también extenderse a las empresas españolas.