Los terratenientes bonaerenses no quebraron ni tuvieron que vender sus campos a precio de remate. El resistido revalúo fiscal de las tierras en la provincia de Buenos Aires realizado en junio del año pasado resultó en una recaudación adicional de 330 millones de pesos, un 35 por ciento más que en 2011. Así, en 2012 ingresaron al fisco provincial 1304 millones de pesos por el impuesto Inmobiliario Rural. Los resistidos cambios en el Inmobiliario Rural hicieron que los dueños de los campos pasen de pagar 47 pesos en promedio por hectárea a pagar 67, y se reincorporaron aspectos progresivos en el tributo: quienes concentran más tierra pagan más, y quienes poseen los campos más rentables, también. El gobernador Daniel Scioli ya descartó una nueva actualización de las valuaciones fiscales rurales antes que concluya su mandato.

“Esto es peor que la (resolución) 125. Si se sanciona la ley, las consecuencias para los productores van a ser terribles”, pronosticaba a mediados de 2012 el ex titular de la Sociedad Rural Hugo Biolcati. A pesar de un lockout comercial por nueve días y otras medidas de protesta lanzadas por la Mesa Agropecuaria bonaerense en contra del “confiscatorio zarpazo fiscal”, la cobrabilidad del tributo –la cantidad de facturas pagadas sobre todas las emitidas– subió hasta el 90 por ciento cuando en 2011 había sido del 87 por ciento. Desde el Ejecutivo provincial remarcan que esa mejora en la “disciplina” fiscal de los dueños de la tierra se observó durante un año con sequía e inundaciones.

En promedio, el aumento del impuesto fue de 40 por ciento, pero el 62 por ciento de las partidas que hay en la provincia –alrededor de cuatro millones de hectáreas– pagó lo mismo o menos por el impuesto Inmobiliario Rural. Además, el año pasado, por la sequía y las inundaciones, se dictaron declaraciones de emergencia o desastre agropecuario sobre casi 90 partidos de la provincia. Según el porcentaje de afectación del campo, cada propietario pudo solicitar postergar el pago del impuesto o la exención.

La presión de las entidades patronales, encabezadas por Carbap, y las alianzas que tejieron con los distintos gobiernos provinciales lograron congelar la valuación fiscal de los campos durante más de 15 años. Producto de ese retraso, en distritos donde el precio de la hectárea supera los 50 mil pesos (10 mil dólares), el valor que se tomaba en cuenta para determinar el impuesto Inmobiliario Rural no supera los 1200 pesos (240 dólares). Esa subvaluación fiscal de la tierra convive con un proceso de valorización explosiva de los campos y una fuerte mejora en su rentabilidad. La actualización realizada finalmente por decreto y los cambios en el impuesto implicaron una revaluación de las tierras de forma que su valor fiscal pasó a representar alrededor del 50 por ciento del precio de mercado.

Desde el equipo económico de la provincia destacaron que a partir de 2013 el impuesto y su alícuota se calcularán sobre el total de partidas de un mismo propietario, en lugar de hacerlo sobre cada una de ellas. Como consecuencia del congelamiento en la valuación fiscal de la tierra, el tributo que tradicionalmente representó la décima parte de los recursos provinciales, pasó a ser apenas el 2 por ciento de la recaudación. El año pasado, después de los cambios, el tributo llegó a representar 2,9 por ciento de los ingresos tributarios. En 2013, las autoridades provinciales estiman que subirá hasta el 3 por ciento de los recursos, una suma cercana a los 1800 millones de pesos. Si se analiza la evolución del impuesto en términos históricos, existe espacio para aumentar la presión tributaria sobre el sector hasta conseguir que el tributo represente, por lo menos, el 5 por ciento de la recaudación total.

No obstante, en una entrevista reciente, Scioli clausuró la posibilidad de volver a modificar el impuesto Inmobiliario Rural: “Hemos llegado al tope de las posibilidades; en lo que resta de mi mandato no tengo previsto ningún tipo de alza en los impuestos, porque ya estaríamos afectando la competitividad de nuestros sectores productivos”.