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En 30 días, los policías federales, aeroportuarios, gendarmes y prefectos que carguen denuncias de violencia familiar en su contra o informes psiquiátricos negativos no podrán portar el arma reglamentaria fuera del horario de servicio ni tendrán autorización como legítimo portador de armas otorgada por el Renar. Se trata de una resolución de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, firmada el 28 de diciembrem y publicada en el Boletín Oficial. Ahora falta que sea imitada por los penitenciarios.

La resolución 1515/2012 se apoyó en información interna sobre denuncias de violencia familiar de integrantes de las fuerzas de seguridad que dependen de Garré. Y responde a la decisión de Garré de hacer de las fuerzas de seguridad que dependen de su ministerio espacios de no violencia ni discriminación de la mujer, objetivo anunciado prácticamente desde que asumió en Seguridad.

En los fundamentos de la 1515, que lleva la firma de la ministra, incluso se señala que “se han recibido en el Ministerio de Seguridad denuncias de personas víctimas de violencia ejercida por sus cónyuges, parejas y/o familiares integrantes de las fuerzas policiales y de seguridad” y que “en tal sentido, la situación de violencia puede verse agravada por la tenencia, portación y transporte de las armas particulares y de dotación de dichos integrantes”.

Y agrega que “ante la denuncia contra la persona integrante de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad por hechos de violencia familiar, lesiones y/o uso abusivo de armas (...) se deberán tomar las medidas necesarias para resguardar la integridad física, psicológica y moral de la persona denunciante, limitando la tenencia y portación del arma de dotación al lugar específico donde presta servicios y evitando su traslado fuera de la dependencia”.

También deberán dejar su arma reglamentaria en la dependencia los uniformados que tengan alguna problemática psiquiátrica o tengan sanciones disciplinarias, sean activos o retirados.

Para completar, Garré ordenó que el Renar anule en los casos mencionados los permisos como legítimos portadores de armas (de uso civil), derecho adquirido con la incorporación a las fuerzas.

La resolución da 30 días para que las diferentes jefaturas organicen el mecanismo. La medida bordea un área de acceso complejo, la violencia policial de franco, sostenida más que por ley, por cuestiones culturales (llamadas “vocación”), como la violencia machista. Al menos, ahora, los uniformados violentos con sus familias no podrán serlo armados, en sus casas.

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