Desde Santiago

“Me sentí como el protagonista de una de esas películas de la Segunda Guerra Mundial. Cuando llegamos al campo, algunos lloramos al ver tantas murallas alambradas. Había veintisiete. Era difícil de creer”, dijo Baldovino Gómez en 1989 a la desaparecida revista Análisis, férrea opositora a la dictadura de Pinochet. Gómez fue uno de los muchos prisioneros que tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 fueron confinados a la ya mítica Isla Dawson, ubicada a cien kilómetros de Punta Arenas, en el Estrecho de Magallanes. A ese lugar, donde literalmente se acaba el mundo, llegaron al menos cien prisioneros a los pocos días de la irrupción militar. Otras cifras hablan de hasta cuatrocientos presos recluidos en cuatro barracas, que estuvieron hasta octubre de 1974, cuando se clausuró el campo de concentración.

El 10 de enero de 2008, 31 ex prisioneros políticos de la Región de Magallanes, que fueron torturados y sometidos a trabajos forzados y confinados en los campos de concentración de Isla Dawson y Magallanes, demandaron por daños y perjuicios al Estado de Chile. Después de cinco años de esa acción legal, la demanda presentada por los ex prisioneros Elie Valencia, Miguel Loguercio, Baldovino Gómez, Héctor Avilés y otros, patrocinada por el abogado Víctor Rosas, tuvo un fallo favorable en la sentencia de primera instancia notificada por la jueza Claudia Donoso:

“Esta sentencia dictamina que los derechos humanos son inherentes al ser humano durante toda la existencia de éste, no es posible sostener que un Estado pretenda desconocer la reparación necesaria y obligatoria, ya que ello significaría el desconocimiento del derecho humano conculcado”, señala la sentencia. Establece además la “imprescriptibilidad” de los crímenes de guerra y de lesa humanidad y fijó una indemnización por el daño moral a los afectados, de 150 millones de pesos chilenos (320.000 dólares aproximadamente) para cada uno de los demandantes. Esto “atendida la gravedad de las violaciones a los derechos humanos a que fueran sometidos, que incluye el tiempo que se encontraron privados de libertad y que fueran reconocidos como víctimas del Estado chileno en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura”.

Los demandantes estiman que el Estado de Chile “debiera moralmente acatar la resolución judicial y abstenerse de apelar esta sentencia”.

Desde Punta Arenas y capeando los fuertes vientos registrados ayer en la zona, Baldovino Gómez contó a Página/12 que “es un pequeño paso, pero importante, sobre todo porque se cumplen cuarenta años de la instauración de dictadura en Chile. Estos crímenes son imprescriptibles y de alguna manera se hace justicia. Acá hubo una práctica sistemática del Estado para agredir y vulnerar los derechos humanos”.

En la Isla Dawson, los presos eran obligados a hacer marchas y formaciones militares, hacer ejercicios y realizar trabajos forzosos. Su trabajo consistía en instalar postes y cables, llenar camiones con todo tipo de material, limpiar caminos, excavar canales, acarrear sacos de ripio al trote y recolectar helechos en descomposición de un pantano, para ser usados como abono.

Destacados políticos involucrados en el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende fueron enviados al lugar. Entre los detenidos de la UP se encontraba Orlando Letelier (asesinado en Washington por agentes del régimen militar de Pinochet en 1976), José Tohá (ministro de Allende, asesinado al comienzo de la dictadura), el ex senador Sergio Bitar (autor de un libro acerca de su paso por Dawson) y el ex ministro de Minería Benjamin Teplinsky, entre otros.

Según datos de www.daw son2000.com, agrupación de los hombres y mujeres que sufrieron la represión y violaciones de derechos humanos bajo la dictadura militar en la Patagonia magallánica, en la isla existían tres categorías de celdas. En el nivel uno, el prisionero contaba con ropa y frazadas; en el nivel dos, no se les daba frazadas, y en el tres, se les negaba acceso a ambas cosas. Simulacros de ejecuciones y acoso generalizado eran prácticas comunes en el interior de la isla. A los presos no se les permitía tener comunicación con sus familiares, excepto en la forma de una carta preimpresa estándar en la que se dejaban algunos espacios en blanco. De esta manera, los presos podían recibir a veces encomiendas y cartas de sus seres queridos, aunque éstos eran rigorosamente censurados. Los prisioneros se lavaban en un canal con agua servida y las comidas y barracas de alojamiento eran muy deficitarias.