La Subsecretaría de Defensa del Consumidor presentó ayer una denuncia penal contra Adecua por los acuerdos que firmó con bancos y financieras, tal como anticipó Página/12. La causa recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Número 4, a cargo de Ariel Lijo. La entidad que preside Sandra González fue acusada de “defraudación”, bajo el argumento de que en lugar de representar a los usuarios, como es su deber y por lo cual goza de las prerrogativas de la Ley de Defensa del Consumidor, montó una maniobra reiterada que dejó a más de 1,7 millón de consumidores sin acceso a una indemnización por seguros mal cobrados en distintos servicios financieros, y permitió que los bancos y demás agentes empresarios se libraran de pagar 367 millones de pesos en reparaciones.

Cuando tenga que ratificar la denuncia ante la Justicia, el Gobierno pedirá que se siga la ruta del dinero que cobraron los abogados de Adecua como resultado de los convenios. Fueron 15,6 millones de pesos, pagados por los bancos, de los cuales unos 5 millones terminaron en el bolsillo de Osvaldo Riopedre, apoderado de la entidad. El juez puede levantar el secreto fiscal, realizar allanamientos y demás medidas para verificar si en algún punto de la cadena los honorarios que fueron pagados en blanco se transformaron en dinero negro. Es decir, si los abogados que recibieron los 15,6 millones los conservan o lo aumentaron en forma razonable, o si en lugar de ello presentan faltantes sospechosos. Esta línea investigativa intentaría determinar si hubo “retornos” a distintos actores que participaron de la homologación de los convenios entre Adecua y los bancos, incluidos los del Poder Judicial.

La denuncia está encuadrada en el artículo 173 inciso 7 del Código Penal, que castiga a quienes defraudaran “el cuidado de intereses pecuniarios ajenos, con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido”. Ese delito tiene una pena de uno a seis años de prisión. Según especialistas penales, a primera vista no sería fácil demostrar dolo en la actuación de Adecua, aunque todo dependerá de cuán incisiva y sagaz sea la investigación judicial.

Toda la información sobre la denuncia del Gobierno contra Adecua fue ventilada ayer en una reunión del Consejo Asesor sobre la conducta ética de las asociaciones de consumidores. El encuentro duró casi cinco horas y fue presidido por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y por la subsecretaria de Defensa del Consumidor, María Lucila “Pimpi” Colombo. Participaron 21 entidades de usuarios sobre 29 que componen el cuerpo. Su participación es voluntaria y frente a los temas que se las convoca a debatir pueden emitir despachos no vinculantes que sirven a las autoridades para la toma de decisiones.

La extensa reunión sirvió para analizar el comportamiento de Adecua y, sobre todo, para estudiar caminos de acción hacia adelante. Al respecto, Moreno y Colombo plantearon algunas ideas que fueron complementadas por las asociaciones:

n Se redactará un protocolo para determinar cómo deben comportarse las entidades cuando realicen juicios colectivos. Allí se ratificará lo que marca la ley, que los acuerdos que firmen con empresas deberán respetar los requisitos de universalidad en el alcance de las soluciones, automaticidad en la devolución de sumas de dinero e información suficiente para que se conozcan los convenios.

n Se creará un registro en Defensa del Consumidor para que las entidades informen todos los juicios que hagan y vayan sumando información a medida que avancen las causas.

n Antes de homologar cualquier convenio, las asociaciones deberán informarlo a Defensa del Consumidor, para que pueda emitir una opinión sobre si cumplen con los requisitos de la ley y eventualmente pueda presentarse ante la Justicia para plantear sus objeciones.