[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El año electoral apenas si comenzó a desperezarse. En eso inciden más las indefiniciones de la oposición que una estrategia del oficialismo. Ir juntos o separados, por dentro o por afuera, votar junto o desdoblado, todas cuestiones a las que la oposición no termina de dar respuesta por temor a algún error fatal. Mientras tanto, la única resolución a la vista es que no habrá tema en el Congreso que no se convierta en oportunidad para un escenario de batalla. La primera votación del año en el Senado a propósito del memorándum con Irán por el caso AMIA dio muestras de ello.

En este tema al menos no se puede acusar al oficialismo de no cumplir con lo anunciado. Es cierto lo que marcaron varios legisladores de la oposición sobre el viraje del Gobierno, pero fue público. Hasta 2010 Argentina mantuvo una posición beligerante contra Irán, que se ponía en escena cada septiembre durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. No sólo la presidenta Cristina Kirchner reiteraba allí su reclamo para que el régimen iraní entregara a los ciudadanos de ese país con pedido de captura internacional, sino que se llegó en ese 2010 a retirar a la delegación argentina al momento del discurso del presidente Mahmud Ahmadinejad. Junto a Argentina se levantaron de sus asientos los representantes de Estados Unidos, Israel y el Reino Unido, entre europeos. Un “club” en el que CFK, hay que imaginar, no se debe haber sentido muy cómoda.

Al otro año, en 2011, reiteró en Nueva York su propuesta de abrir una causa en un tercer país para investigar el atentado al tiempo que reconocía que no podía rechazar una oferta de generar un canal de diálogo que le había hecho llegar por carta el gobierno de Irán. Al otro día, los representantes argentinos no se fueron cuando habló Ahmadinejad. Y en su última intervención, en septiembre del año pasado, fue cuando la Presidenta reveló que había instruido al canciller Héctor Timerman para que se reuniera con su par iraní para iniciar una negociación. Ya entonces adelantaba que cualquier acuerdo sería puesto a consideración de todas las fuerzas con representación parlamentaria. La AMIA y la DAIA se mostraron de acuerdo, las agrupaciones de familiares de las víctimas también.

¿Hubo un viraje? Sí, fue tan notorio que se hizo en el escenario de las Naciones Unidas, ante delegaciones de todo el mundo. ¿Por qué? La Presidenta explicó que no le encontraba sentido a reiterar propuestas que no habían obtenido ningún resultado. Así, pasó de la postura más dura de negar todo contacto hasta que no se cumplieran las resoluciones de la Justicia, a una posición intermedia de ofrecer el juicio en un tercer país, hasta aceptar entablar una negociación que desembocó en el Memorándum de Entendimiento firmado con Irán el 27 de enero pasado. En la medida de lo posible, cada reunión que los diplomáticos de ambos países mantuvieron durante estos meses fue informada y, tal como lo había prometido, una vez redactado el acuerdo fue puesto a consideración del Congreso. En eso estamos.

A la pileta

La mayoría de los familiares de las víctimas mantienen el respaldo con el argumento de que el acuerdo al menos habilita una posibilidad en una causa paralizada desde hace años. Las autoridades judías eran de la misma tesitura hasta que Israel le bajó el pulgar. El titular de la AMIA, Guillermo Borger, pasó entonces a la teoría de que el acuerdo le abre la puerta a un tercer atentado. La oposición vio entonces que la pileta tenía agua y se tiró de cabeza.

El memorándum es en buena medida un camino inédito y, qué duda cabe, puede salir mal. “Lo más fácil, lo que no traería costos políticos, es dejar la causa como está”, sostuvo el jueves el senador kirchnerista Daniel Filmus al inicio de la larga sesión que terminó con la media sanción del acuerdo sólo con votos de oficialistas y algunos aliados. La postura que parecía prevalecer en los mensajes de la oposición era la de una visión de política exterior del caso, en la que era más valioso apuntalar la relación con el mundo desarrollado que –con Estados Unidos e Israel a la cabeza– mantiene la intención de acorralar al régimen iraní, antes que la de interrogar a quienes la Justicia considera que son los responsables del atentado.

En ese registro, la condena “moral” exhibida anualmente en la ONU más el pedido de captura ad eternum de Interpol para algunos funcionarios iraníes podían encajar perfectamente en el criterio, con lo que aseguraban cada septiembre un comunicado aprobador de la Embajada de Estados Unidos y la de Israel. Curiosamente, la semana próxima, en Kazajistán, representantes de los cinco países permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas más Alemania se reunirán con autoridades iraníes para tratar de llegar a un acuerdo sobre su plan nuclear. Con lo cual, la pretensión es que Argentina se ubique incluso más allá que las propias potencias, que aceptan dialogar con Irán sobre los temas que le interesan. Varios discursos en el Senado hicieron hincapié en la supuesta intención del Ejecutivo de adjudicarse la representación que, interpretaron, les correspondería a las víctimas. Pero los familiares de las víctimas, muy mayoritariamente, aprobaron la movida. Además, no se conoce una propuesta alternativa con la que pueda cotejarse. Un grupo de dirigentes políticos como Hermes Binner y Ricardo Alfonsín e intelectuales como Vicente Palermo, Horacio Tarcus y Juan Gabriel Tokatlian emitieron esta semana un documento en el que sentaron posición reclamando más tiempo para el esclarecimiento y la comprensión del acuerdo, evitando apresurar el tratamiento en el Congreso. El planteo, de tono más moderado que el del debate parlamentario, puede ser atendible, pero no significa una propuesta diferente.

A la cancha

Los verdaderos alcances de la Comisión de la Verdad, la posibilidad de que los funcionarios iraníes se nieguen a responder, la jurisdicción del Código Penal argentino en un interrogatorio en Teherán, la continuidad de los pedidos de captura de Interpol, la estricta constitucionalidad del texto del memorándum. Todas estas preguntas pueden ser válidas dados los espacios en blanco que permite la brevedad del acuerdo, pero la pregunta sería ¿entonces qué? La causa argentina continuará abierta y se podrá seguir investigando si, como aseguró el senador radical Ernesto Sanz, “no está estancada ni paralizada”. En el caso de que los pedidos de captura de Interpol se llegaran a caer, como tanto se insistió, se podría recurrir nuevamente. Con todo, la efectividad ha sido escasa. Al único detenido durante todos estos años lo tuvieron que dejar libre, los demás se mueven con pasaporte diplomático.

El canciller Timerman ya adelantó su disposición a concurrir la semana que viene también a la reunión de comisión de Diputados para responder las preguntas sobre el acuerdo, tal como había pedido la oposición. Llamativamente, el mismo día, los jefes de los bloques opositores les adelantaron a las autoridades de las entidades judías que no darán quórum, con lo que la concurrencia del canciller no tendría mucho sentido.

Se ha especulado sobre las razones ocultas que tendría el Gobierno para avanzar en el acuerdo. Una senadora del FAP llegó a criticar que “se negocie trigo por derechos humanos, como hizo la dictadura militar”. Como ya respondieron algunos funcionarios, durante estos años el comercio con Irán se incrementó significativamente sin necesidad de eliminar el pedido de captura de Interpol ni de firmar ningún memorándum.

Pero vamos a suponer que tal vez esa segunda intención exista. Que Cristina Kirchner desee acelerar el cierre de un episodio espantoso abierto hace 19 años que en su política internacional entorpece la estrategia de estrechar las relaciones Sur-Sur, que es una piedrita para algunos vínculos en la región (nótese que ni Brasil ni Venezuela votaron a favor del pedido argentino en Interpol) y que a nivel de apoyos sólo le ha significado algunas palmaditas en el hombro de los poderosos al tiempo que reclaman a los organismos internacionales sanciones comerciales para Argentina. Si eso puede conjugarse con la legítima intención de avanzar en el reclamo de justicia y de al fin interrogar a los sospechosos, ¿estaría mal? Se repite cada día todo lo que pueda fracasar del acuerdo, y tal vez suceda. ¿Y si sale bien?