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“Salió con los tapones de punta”, comentó un sorprendido asistente, aunque reconociendo que la mayoría de los presentes evitaron pronunciarse en voz alta. Lo cierto es que Humberto Bertazza, al coordinar anteayer un breve seminario en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, fustigó la presunta prepotencia del Estado y el peligro que se cierne sobre los contadores al proyectarse aplicar la figura de asociación ilícita, no excarcelable, a quienes colaboren con evasores de impuestos. La imagen del traje a rayas y el anuncio de un severo plan antievasión instilaron inquietud entre quienes viven de firmar balances y tendrán en adelante que fijarse cuidadosamente en los estados contables que rubrican. No pocas de esas partidas dobles se respaldan en documentación fraguada, hecha a medida de la evasión fiscal. Pero los contadores se lavan las manos, sosteniendo que no pueden certificar la genuinidad de cientos o miles de comprobantes. Ahora se expondrán a penas que no bajarían de tres años y medio en prisión al verse involucrados en delitos tributarios.
Como para constituir una asociación ilícita hacen falta como mínimo tres personas, Bertazza sugirió que el Gobierno, promotor del proyecto penal, está pensando en el comprador, el vendedor y, como tercer partícipe necesario, el asesor impositivo. Por tanto, el expositor afirmó, afligido, que los contadores quedarán desprovistos de seguridad jurídica. En realidad, según señaló a Página/12 el tributarista Arnaud Iribarne, la legislación propuesta apunta sobre todo a las sociedades anónimas que se constituyen para operar como usinas de facturas apócrifas, que adquirirán empresas verdaderas para generarse crédito fiscal en el IVA e inflar sus costos, con la consiguiente reducción de sus ganancias.
Las usinas suelen generar gran número de sociedades a cuyo frente, como presidente y vice del directorio, figuran un par de insolventes, genéricamente denominados cartoneros por los contadores. Esa función de prestanombre reporta entre 600 y 800 pesos (ésta es la paga antes de incluir el riesgo de ir preso como miembro de la banda), y sólo exige concurrir a una escribanía, firmar, a veces abrir una cuenta bancaria, en ese caso dejar firmados en blanco todos los cheques de un talonario, y desaparecer. La sociedad así gestada comenzará entonces a proveer falsos servicios de vigilancia, software o algún fantasioso asesoramiento, inventándose al mismo tiempo créditos fiscales no menos apócrifos para no tener que ingresar ningún pago a Impositiva.
Porque una característica de esas sociedades abstractas es el prolijo cumplimiento formal de todas las obligaciones del buen contribuyente, explotando la experiencia de muchos años: la que enseña que lo fundamental es cumplir con las formas, presentar las declaraciones en fecha y esa clase de cosas. De todas formas, las SA ficticias son semidescartables: se las utiliza para cierto número de seudo operaciones –servicios de ambulancias para una obra social o limpieza de una planta– y se las disuelve antes de que puedan llamar la atención de la AFIP.
Bertazza señaló, según las fuentes, que, para la mentalidad del ente recaudador, detrás de cada gran evasión se esconde el asesoramiento de un profesional, y por tanto se desatará una persecución a los contadores. Otros expertos suponen, sin embargo, que los jueces sabrán diferenciar el caso de una empresa con un pequeño porcentaje de facturas ficcionales, del de otra cuya declaración se apoye en una mayoría de gastos imaginarios. Siendo así será difícil que le crean al profesional cuando aduzca inocencia. En este sentido, Héctor Rodríguez, que condujo la AFIP entre junio y septiembre de 2000, opinó ante este diario que no se trata de una figura penal que quiera crearse por las dudas: “La industria de la factura existe”, afirmó, advirtiendo que ante el proyecto se activará “el lobby de los que no quieren que pase nada”.
Para Bertazza, el único que realmente comete un delito es el contribuyente que evade con las facturas apócrifas, pero no quien se las provee, a menos que se logre demostrar su carácter de partícipe necesario. En el ambiente de la media jornada, celebrada de 9 a 13 y dedicada a Actualidad Tributaria, flotaba cierto reproche tácito: “¡Estos peronistas son siempre los mismos!”.