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“Nos autolimitamos para terminar con la práctica extendida de los gobiernos, que para tener gobernabilidad necesitan tribunales adictos”, dijo el presidente Néstor Kirchner al anunciar la firma del decreto con el que se reguló el mecanismo para cubrir eventuales vacantes en la Corte Suprema de Justicia. A partir de ahora no alcanzará, para ser integrante del máximo tribunal, con haber sido jefe policial de la provincia natal del Presidente o amigo o socio del titular del Poder Ejecutivo. Los aspirantes a un sillón supremo deberán pasar por un proceso de selección con participación de la sociedad, tal como lo propusieron seis organizaciones no gubernamentales. En el Gobierno aún no quieren hablar oficialmente de los nombres de los candidatos a ocupar un lugar en el tribunal, pero admiten que es uno de los temas a abordar a partir de la semana que viene, ya que especulan con la renuncia del cuestionado presidente de la Corte, Julio Nazareno. “Esperemos que en cualquier momento se caiga”, afirmó a Página/12 un funcionario. El rumor de que la salida del juez se concretaría hoy circuló ayer por la noche, pero fue desmentido por personas de confianza del magistrado.
El decreto que firmaron ayer el Presidente, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Beliz, y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, establece que en un plazo de treinta días desde que se produzca una vacante en la Corte “se publicará en el Boletín Oficial y en por lo menos dos diarios de circulación nacional el nombre y los antecedentes de la o las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de la vacancia”. También se difundirán quiénes son los candidatos en la página de Internet del Ministerio de Justicia.
Los aspirantes deberán presentar una declaración jurada en la que consten sus bienes, los de su cónyuge e hijos menores y una nómina de las empresas y estudios de abogados que hayan integrado en los últimos ocho años. Esto está dirigido a anticiparse a eventuales conflictos de intereses que se puedan provocar en la resolución de algún caso.
Finalmente, señala la resolución, “los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos podrán en un plazo de quince días presentar por escrito y de modo fundado y documentado las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección, con declaración jurada respecto de su propia objetividad. No serán consideradas aquellas objeciones irrelevantes o que se funden en cualquier tipo de discriminación”.
Kirchner anunció la firma del decreto –cuya elaboración estuvo a cargo del viceministro de Justicia, Abel Fleitas, y fue supervisada por Beliz– en una ceremonia que se realizó ayer por la mañana en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Allí destacó que desde que se creó la Corte Suprema de Justicia, en la presidencia de Bartolomé Mitre en 1863, tanto los gobiernos democráticos como las dictaduras “modelaron a su manera” al tribunal. “Desde entonces –sostuvo– los jueces “se mantuvieron leales a quienes los designaron” y se convirtieron en “elementos de apoyo político para el presidente de turno”.
“Hemos dicho que no queremos una Corte adicta, queremos agregar que el único compromiso que requeriremos será para con el país, el Estado, la democracia, la defensa de los derechos humanos, para con la República y para la Constitución”, dijo Kirchner, y luego aclaró que la autolimitación “no trata de eludir la responsabilidad de proponer el nombramiento al Senado, ni de diluirla en la responsabilidad colectiva”. El discurso fue avalado con un fuerte aplauso por una audiencia formada por varios miembros del gabinete, integrantes del Diálogo Argentino, organizaciones no gubernamentales, constitucionalistas, y representantes de las diferentes iglesias. El gobernador bonaerense, Felipe Solá; el jefe delgobierno porteño, Aníbal Ibarra, y Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora también estuvieron entre los invitados.
La decisión presidencial se basó en una propuesta de seis organizaciones no gubernamentales –el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Poder Ciudadano, Asociación por los Derechos Civiles, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y la Unión de Usuarios y Consumidores– que se había elaborado en el verano de 2002 y que, plasmada en un documento titulado “Una Corte para la Democracia”, fue entregada al gobierno del ex presidente Eduardo Duhalde. En ese momento la iniciativa fue recibida y aunque algunos funcionarios la pudieron haber mirado con simpatía, cuando se produjo la vacante que provocó la renuncia de Gustavo Bossert, Juan Carlos Maqueda fue designado en la Corte a través del viejo mecanismo del dedazo.
Dos semanas después de la asunción del nuevo gobierno y al día siguiente de que el Presidente pidiera por cadena nacional que los diputados apuraran en el Congreso el juicio político contra Julio Nazareno, Beliz se reunió con las seis organizaciones en la sede del CELS y Poder Ciudadano y allí mismo se comprometió a hacerse eco de la propuesta. Ayer, las seis ONG difundieron un comunicado en el que manifestaron su “reconocimiento” a la iniciativa del Presidente. “Sólo nos queda augurar que su implementación sea la adecuada y que por su parte, el Honorable Senado de la Nación y la Corte Suprema misma impulsen las restantes reformas necesarias que complementarían la urgente empresa de reconstruir la legitimidad y credibilidad de la Justicia que la democracia argentina requiere”.
El constitucionalista Daniel Sabsay de FARN, reconoció que se mantuvo “escéptico” hasta último momento y que tuvo miedo de que se quisiera “utilizar” a las ONG pero que fue “sorprendido gratamente”. “Es revolucionario que en un presidencialismo latinoamericano un presidente se autolimite en una de sus funciones. Además, no hay antecedentes de una colaboración tan explícita y respetuosa entre el Gobierno y organizaciones de la sociedad civil”, afirmó a Página/12 Sabsay. El abogado destacó que incluso en algunos puntos, el decreto fue más allá de la propuesta. Por ejemplo, las ONG habían sugerido que los postulantes presentaran la nómina de sus lugares de trabajo y sus clientes de los últimos tres años y el Gobierno lo llevó a ocho.
Desde la oposición, la líder del ARI, Elisa Carrió, también respaldó la iniciativa del Gobierno, a la que calificó como “un avance extraordinario para las instituciones”. La diputada “aplaudió” la decisión “sin ningún tipo de retaceos”.