Carlos Tomada lleva casi diez años al frente del Ministerio de Trabajo, pero siente que en las últimas semanas conquistó uno de los logros más preciados de su gestión: la ley que regula el trabajo en tareas domésticas. Esta norma, junto a la reciente ley para castigar la explotación del trabajo infantil y la anterior reforma del estatuto del peón rural, constituye la trilogía de reformas laborales que vienen a darle visibilidad a situaciones de injusticia y degradación para más de dos millones de personas. “Todavía hay quienes creen que es un grupo de trabajadores que debería seguir siendo de segunda”, reflexiona el titular de la cartera laboral, sentado junto a una enorme foto satelital que cubre media pared de su sala de reuniones, una vista aérea de la villa 21-24, en el sudoeste de la ciudad de Buenos Aires, Villa Soldati. Allí trabaja un equipo interministerial del cual Trabajo tiene la función de coordinación, promoviendo soluciones en materia de servicios (luz, agua potable), infraestructura (calles), de salud y laborales. Fuera de esta villa, la más extendida de la Ciudad, también se producen situaciones de injusticia y degradación social, enfrente de todos y que, sin embargo, muchos simulan no ver o directamente las aceptan como situaciones “normales”. “Hay un fuerte componente cultural, también racista y hasta de género, en casos como el del trabajo doméstico, contra los cuales hay que combatir. Y ahora que están las leyes, ¿qué? Hay que informar, difundir, hacer que cada trabajador se sienta dueño, se apodere de los derechos que le corresponden. Y eliminar comportamientos patronales más propios del siglo XIX que de estos tiempos, situaciones casi feudales”, opinó Tomada en un tramo de la entrevista con Página/12.

–En la votación de la ley para el trabajo en casas particulares no hubo oposición en el Congreso. ¿Pero la hubo en otros ámbitos?

–Hubo un debate parlamentario fuerte. Todavía hay quienes creen que es un grupo de trabajadores que debería seguir siendo de segunda. Cuando la Presidenta encara el tema de los colectivos con menores derechos –primero el trabajador rural, luego trabajadoras de casas particulares–, los instala desde la necesidad de igualar, extender derechos para que lleguen a esos dos millones de trabajadores. En ambos casos hubo debate, por distintas razones, pero en general se alegaba con argumentos más ligados al siglo XIX. En el caso de los trabajadores rurales, del tipo “cómo les vamos a dar más derecho, si nosotros los tratamos como si fueran de la familia”. Este argumento, casi feudal, todavía camina en algunos sectores. Lo mismo pasó con la ley de penalización del trabajo infantil. Cuando llega el momento de votar una ley que, por primera vez, tipifica una figura de delito para quienes usen a niños en situación de trabajo, hay sectores que la ven con desconfianza. Siempre cuando uno avanza en estos terrenos toca intereses. Aparecen argumentos tales como “es preferible que los chicos trabajen, así se evita que caigan en la prostitución o en la droga”. Una suerte de naturalización del trabajo infantil, una aceptación igual a la negación de derechos a las trabajadoras de casas particulares o al peón rural.

–¿Detrás de esa naturalización de condiciones tan aberrantes hay una cuestión cultural, un nivel de conciencia social que una parte de esta sociedad todavía no alcanza?

–Sí. Creo que hay un fuerte componente cultural y un componente clasista. Insisto en la conjugación de los tres elementos: el trabajo rural, el trabajo infantil y el trabajo doméstico. Son resabios de una Argentina feudal, son expresiones de sectores en los que parecería está demorado el proceso de reconocimiento de derechos de los trabajadores que se adquirieron para siempre en los cuarenta, sin dejar de reconocer los antecedentes previos. Y en el caso de las trabajadoras de casas particulares, agreguémosle el componente de género. Quien lea esto puede pensar: “Pero si yo trato muy bien y tiene todos los derechos la persona que trabaja conmigo”. Está muy bien, el problema es que esos derechos no estaban reconocidos por la ley, quedaban en manos de la buena voluntad de quien le daba trabajo. A partir de ahora, éstos son derechos por ley. Derechos como las licencias por maternidad, por enfermedad, derecho a la indemnización por despido, duración de la jornada de trabajo, que el decreto de 1956 no reconocía y que nadie cuestionó en casi sesenta años. Tampoco hubo gobierno anterior al actual que cuestionara una legislación como ésta.

–Si hablamos de trabajo infantil, ¿en qué sectores han detectado más casos de explotación?

–Donde tradicionalmente está más naturalizado es en zonas rurales. Y es donde se ha avanzado más, no solamente en la inspección, sino en la generación de respuestas alternativas. Me refiero a los jardines de cosecha, que ya están funcionando en cinco provincias, que son lugares donde los trabajadores rurales pueden dejar a los niños para no tener que llevarlos con ellos a trabajar al campo. Dicho un poco bucólicamente, porque sabemos que en realidad los propios empleadores estimulaban que los niños acompañaran a sus padres, no para que estuvieran al cuidado de ellos, sino para que también trabajaran para aumentar la rentabilidad de su negocio. El trabajo infantil también aparece en actividades textiles. Lo que se llamaba trabajo a domicilio ha ido mutando. Lo que antes era una persona que cosía botones o hacía ojales, pasó a verdaderas situaciones de explotación masiva, que en una tarea conjunta con otros organismos del Estado, como la AFIP, estamos combatiendo. Y estamos detectando un número importante de trabajo infantil en esos talleres. Hemos avanzado en otras formas de detección del trabajo infantil, porque en el lugar donde primero se observa es en el control de la salud. Hemos firmado con el Ministerio de Salud la confección de protocolos, para que los propios médicos, apenas vean situaciones de salud que presuponen la existencia de trabajo infantil, lo denuncien al Ministerio de Trabajo para poder intervenir.

–¿Qué tipo de resistencias encuentran para avanzar en estas leyes? ¿De los propios trabajadores, por temor? ¿De los empleadores?

–Son sectores laborales que no sólo han estado en situación de menos derechos, sino además muy desprotegidos por la acción sindical. El individualismo, el sálvese quien pueda, caló muy hondo. Y no porque no haya habido luchas, pero siempre han sido minoritarias, aisladas. Ahí creo que la tarea del Estado en la difusión y la presencia va a permitir avanzar mucho más. En cuanto a los patrones, yo me he encontrado con distintas situaciones. Desde aquellos que ya vienen respetando en sus trabajadores algunos de estos derechos, tanto en el sector rural o como en el empleo doméstico. Me he encontrado con situaciones de clara resistencia a considerarlos sujetos de derecho, y me refiero a inspectores corridos a tiros por sectores rurales. Y luego, hay un tercer grupo con una actitud paternalista, asistencialista, que no condice con el trabajo en el siglo XXI. Esta idea de que “yo soy bueno y le doy lo que me parezca” estará bien para otro tipo de relaciones, pero no para tratar relaciones de trabajo, en Argentina y en el siglo XXI.