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La reciente inundación en La Plata tiene varios puntos de contacto con la que se produjo hace dos lustros en Santa Fe. Las dos ocurrieron en abril, el día 2 en la ciudad bonaerense, el 29 de ese mes del año 2003, en la capital santafesina. Las dos fueron fulminantes por la rapidez con que las aguas entraron en las viviendas. Y en las dos hubo polémica –que sigue en La Plata y todavía en Santa Fe a nivel judicial– por las diferencias entre el número de muertes reconocido a nivel oficial y el de los denunciados por familiares de las víctimas, entidades sociales o en los corrillos de ciudades conmocionadas por catástrofes sin precedentes. Se tiene presente que en La Plata, donde el gobierno reconoce 52 fallecidos, las versiones sobre una cifra mayor siguen presentes. Incluso se dijo que eran 100 las muertes y hasta un juez, por error, llegó a decir que había 52 muertos y 37 de- saparecidos. Todas las versiones, por ahora, han sido desmentidas.

En Santa Fe, el entonces gobierno de Carlos Reutemann reconoció 23 víctimas fatales, en un juicio posterior la Justicia bajó el número a 18 dejando de lado cinco casos reconocidos por la autoridad política. De todos modos, esas cifras fueron rechazadas de plano en la causa que todavía está por resolverse, a través de un detallado relevamiento realizado por organismos de derechos humanos. Allí se señala en forma precisa, con testimonios y datos concretos, que los muertos suman 148, entre muertes directas y otras que se produjeron con posterioridad por problemas psicológicos y físicos provocados por el desastre.

Durante la inundación, cuando Página/12 hizo la cobertura en la capital santafesina, las versiones hablaban de 800 muertes y hasta el entonces secretario de Salud de una provincia vecina insinuó que podrían ser “más de mil”. Los 800 casos habían surgido de denuncias que producían, en medio de la desesperación, personas que no encontraban a sus familiares. También hubo, como siempre ocurre, aun en las tragedias más conmovedoras, llamados de personas que se basaban en testimonios de terceros e incluso algunas falsas denuncias, bromas pesadas y anónimas.

Ya en la nómina de 23 víctimas reconocidas por el gobierno de Reutemann había omisiones groseras. El caso más rotundo –y dramático, como todos–, fue el de Luisa Guadalupe Ochoa, de 56 años. La mujer trabajaba como portera en la Escuela 18 “Falucho”. Su casa, en el barrio Barranquitas, se había inundado hasta el techo. Ella logró salir, junto con su esposo, su hermano de 33 años, sus tres hijas pequeñas y su madre. Todos tuvieron que ser evacuados y se refugiaron en la escuela donde Luisa era portera. Nunca había tenido problemas cardíacos, pero se murió a las cinco de la tarde del 30 de abril de 2003. Se descompuso en la escuela y falleció, a poco de llegar a un centro asistencial, de un paro cardiorrespiratorio. Su familia denunció el caso, con toda la fundamentación, pero Lole lo dejó afuera.

En la causa por las muertes que provocó en Santa Fe el desborde del río Salado –quedó probado que se desvió de su curso por negligencia de funcionarios del gobierno que no terminaron la construcción de un muro para contener las aguas–, intervino el Juzgado de Instrucción N° 7, a cargo de Diego de la Torre. La Justicia bajó a 18 el número de muertes “oficiales”, porque desechó casos en los que no cabía duda alguna sobre la muerte a causa de la inundación, como el de Luisa Guadalupe Ochoa.

El tema no terminó allí. La Casa de Derechos Humanos de Santa Fe denunció ante el juez De la Torre, el 28 de abril de 2004, un año después de la tragedia, que las víctimas mortales fueron 67 y sumaron el caso de una persona que seguía como desaparecida. La entidad denunciante reúne en Santa Fe a Madres de Plaza de Mayo, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Familiares de Desaparecidos.

El equipo jurídico de las entidades humanitarias entregó una lista detallada de fallecimientos provocados por daños colaterales de la inundación. Personas de todas las edades que sufrieron un daño psicológico que afectó su salud y les provocó la muerte, como el caso Ochoa, e incluso personas que sufrieron tal depresión al ver destruido su hogar y sus recuerdos que terminaron suicidándose.

Con posterioridad, las mismas organizaciones elevaron la cifra de muertes primero a 119 y, con el correr del tiempo, a 148. En algunos casos, los denunciantes señalaron que faltaba “completar la documentación correspondiente, debido a que los hospitales públicos y sanatorios privados se niegan a entregarles a las familias las historias clínicas de los fallecidos”, aseguró en su momento la abogada Lucila Puyol.

Ahora, en La Plata, se discute quién debe llevar la causa para determinar el listado definitivo de los muertos, que según el juez Luis Arias llegarían al menos a 55. En Santa Fe, a diez años de la tragedia, la Justicia sigue aferrada a las cifras iniciales y todavía no resolvió si hay funcionarios responsables de lo sucedido.