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La crisis internacional en las potencias no ha precipitado en una debacle financiera global, aunque alcanzó una resolución conocida en Argentina en otro contexto histórico, marco político e institucional: estatización de deuda privada y reducción abrupta de derechos sociales y laborales. No son comparables en condiciones ni en protagonistas políticos y sociales, pero el saldo es llamativamente similar. Bancos y grupos económicos rescatados de la quiebra por el Estado ante un brusco cambio financiero, absorbiendo el sector público pasivos privados y, bajo el manto supuestamente neutral de la austeridad, arremetiendo sobre la estructura del Estado de Bienestar disminuyendo la cobertura social y la protección laboral.

En la Zona Euro la deuda pública en porcentaje del PBI pasó de 66,3 por ciento en 2007 a 86,6 por ciento en 2010, aumentando hasta 92,0 por ciento en 2012, tendencia que continuó en el primer trimestre de 2013 al subir otro punto porcentual, según cifras publicadas por Eurostat, la oficina comunitaria de estadística.

En Estados Unidos, durante el lapso 2003-2007 la deuda pública osciló de 60 al 66 por ciento del PBI, para luego con la crisis iniciar un persistente sendero ascendente, al crecer de 76 por ciento en 2008 hasta el 107 por ciento en 2012.

Este recorrido tiene como punto de partida Emergency Economic Stabilization Act 2008, redactado de urgencia entre la noche del sábado y la mañana del domingo 28 de septiembre y finalmente aprobado por el Congreso de los Estados Unidos el 1° de octubre de ese año. Abrió la puerta para la nacionalización de las instituciones hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac, el diseño de los planes de auxilio a las automotrices General Motors, Ford y Chrysler, el rescate de la compañía de seguros AIG por 85 mil millones de dólares, y la intervención de la Federal Deposit Insurance Corporation financiando el salvataje del sistema bancario hasta retener parte del capital del Citigroup, al apropiarse de un paquete de acciones preferidas por 12 mil millones de dólares luego de la absorción del quebrado banco Wachovia.

La nacionalización y rescate de bancos fue también la respuesta a la crisis en Alemania, Gran Bretaña, Dinamarca y Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo), Italia y Francia. El gobierno de Irlanda fue directo al ojo del huracán al garantizar todos los depósitos de ahorristas en los principales seis bancos locales y el dinero prestado a las entidades por otras instituciones financieras. En 2009, en apenas tres meses, diez estados europeos desembolsaron 124.510 millones de euros para tomar el control de bancos. Nacionalizaron buena parte de su sistema financiero, ya sea con la plena adquisición por parte del gobierno de casi todo el sector bancario (Islandia), o con la entrada en el capital de grandes grupos, para dominar los órganos de gobierno. Holanda, Bélgica y Luxemburgo desembolsaron 11 mil millones para manejar el grupo Fortis; mientras que el 70 por ciento del Royal Bank of Scotland y el 43 por ciento del grupo resultante de la fusión de HBOS y Lloyds TSB pasó a manos del sector público británico con el desembolso de unos 38 mil millones de euros, al tiempo que el Estado alemán absorbió el 25 por ciento de Commerzbank, así como una posición indirecta en Deutsche Bank. De ese modo, el sector público europeo se convirtió en el principal actor financiero. En total, desde el estallido de la crisis, los bancos comerciales europeos han recibido 670 mil millones de euros de ayuda del Estado, según estima Carlos Vercellone en Crisis de la deuda e instituciones del Welfare State: alternativas en juego (publicado en la última revista Realidad Económica). “Se ha operado así una formidable transformación de la deuda privada en deuda pública”, afirma el doctor en Economía y miembro del Centro de Economía de la Sorbona.

En ese documento detalla la evolución de la deuda pública de 2007 a 2012 como porcentaje del PBI en algunos países, según el World Economic Outlook Outcome del FMI:

- Alemania pasó de 65,4 a 83,0 por ciento;

- Reino Unido, 43,7 a 88,7 por ciento;

- Francia, 64,2 a 90,0 por ciento;

- España, 36,3 a 90,7 por ciento;

- EE.UU., 67,2 a 107,2 por ciento;

- Irlanda, 25,0 a 117,7 por ciento;

- Italia, 103,1 a 126,3 por ciento;

- Grecia, 107,4 a 170,7 por ciento;

- Japón, 183,0 a 236,6 por ciento.

Vercellone explica que la crisis de las hipotecas subprime derivó en que la primera reacción de los gobiernos afectados fuera una serie de medidas de urgencia para evitar la implosión del sistema bancario y una espiral deflacionista similar a la de la crisis del ’29 del siglo pasado. Esas medidas buscaron el relanzamiento de la economía, objetivo todavía no alcanzado en una crisis que ya transita el sexto año y que apenas detecta una tímida recuperación en Estados Unidos con una Europa estancada. Sin embargo, han conducido a un aumento de los déficit fiscales y del volumen de la deuda pública. Vercellone advierte que el contexto de nacionalizaciones, desequilibrio de las cuentas públicas e incremento de la deuda ha llevado “a pensar a algunos observadores que el evidente fracaso del modelo neoliberal podía abrir las puertas a una suerte de ‘nuevo New Deal’, capaz de relanzar el modelo social europeo”.

El resultado ha sido otro.

“El poder de las finanzas quedó inalterado y la misma transformación de la deuda privada en deuda pública es objeto de una nueva onda especulativa en los mercados financieros”, afirma. La estatización de deuda privada con el salvataje de bancos y grandes empresas no hizo recaer el costo fiscal de ese auxilio en el patrimonio de banqueros y de los sectores que han acumulado riquezas, sino sobre los grupos sociales más vulnerables, mediante la política de austeridad y el debilitamiento de las instituciones del Estado de Bienestar. Vercellone menciona que en Europa, pese a treinta años de neoliberalismo, los servicios a toda la población y los recursos movilizados por las instituciones del Welfare State (salud, educación, investigación, jubilaciones) “todavía obedecen esencialmente a una lógica que escapa a los circuitos comerciales y financieros del capital”. Las políticas de austeridad están actuando como un potente reordenador socioeconómico, poniendo en tensión esa estructura por los fuertes recortes de los presupuestos de salud, educación y cobertura social, además de normas que implican retroceso en materia de derechos laborales (flexibilización, facilitar despidos, rebaja de sueldos y disminución de indemnizaciones). La cesantía de empleados públicos, el congelamiento de las jubilaciones y el recorte de las prestaciones para desempleados forman parte del desmantelamiento de la protección social del Estado. Algunos países europeos también subieron el IVA, que afecta más a los sectores de ingresos bajos, y empezaron a cobrar prestaciones de la salud pública.

Sin el terror de los militares, muertes, desapariciones, exilios, proscripciones y autoritarismo, Europa está hoy bajo el terror del poder de las finanzas globales con la infantería de la troika FMI, Banco Central Europeo y Comisión Europea, transitando en democracia, con la guía de las políticas de austeridad, el mismo sendero de reconfigurar el funcionamiento de la economía y su organización social con la estatización de deuda privada y con el desmantelamiento de derechos sociales y laborales del Estado de Bienestar.

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