Después de firmar la resolución que despidió a Marazzi, Gils Carbó recibió a familiares de Tapia.

El trámite fue oportuno, rápido y contundente. El fiscal Eduardo Marazzi, más conocido por haber habilitado la absolución del ex GEOF Rodrigo Valente –a quien debía acusar por el crimen de Alan Tapia–, apelando a la comparación entre las islas Seychelles o Puerto Madero con la “villa” Mitre, fue echado de su cargo. En realidad, técnicamente corresponde decir que fue dejada sin efecto su convocatoria como jubilado para ocupar la titularidad de la fiscalía 11 ante el Tribunal Oral. Marazzi había sido convocado por Luis González Warcalde, a quien hace un año sucedió Alejandra Gils Carbó, y quien, en definitiva, ayer ordenó y firmó su retiro. Si después del veredicto absolutorio de Valente, la madre de Alan Tapia clamaba entre incrédula e indignada que “no puede ser que lo hayan absuelto porque somos villeros”, ayer Gils Carbó dio un paso concreto y cargado de simbolismo en sentido contrario, cuando apenas firmada la resolución de la baja de Marazzi recibió en su despacho a los familiares de Alan.

Marazzi había recomendado a los jueces del Tribunal Oral Nº 11 que absolvieran a Valente al tener en cuenta que Tapia no vivía “ni en Puerto Madero ni en las islas Seychelles. Vivía en ‘villa’ Mitre”.

La resolución 1768/13 con fecha de ayer, firmada por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, tuvo su origen en un oficio presentado por Abel Córdoba, titular de la Procuraduría contra la Violencia Institucional, en la que le informaba sobre una investigación que la Procuvin había iniciado sobre Eduardo Marazzi.

En la Procuvin analizaban la intervención del fiscal de las Seychelles a partir de su particular recomendación a los jueces en el juicio sobre la peligrosidad de la “villa” Mitre y lo que devino de aquella recomendación. En el oficio se informaba del inicio de las actuaciones, de las “manifestaciones discriminatorias” en contradicción con “la obligación de garantizar el pleno respeto de los derechos de las víctimas de hechos ilícitos durante todo el proceso penal, tutela que rige con independencia del pronunciamiento judicial sobre la responsabilidad penal del acusado.” En pocas palabras, poco importa si Alan era buscado o no por la Justicia (que no lo era): sus derechos debían ser respetados.

El oficio anticipaba sobre futuras responsabilidades del Estado argentino frente a tribunales internacionales ante “una posible infracción a la normativa internacional sobre protección de víctimas y testigos dispuesta en las ‘Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad’, y de las ‘Guías de Santiago sobre protección de víctimas y testigos’”.

Además, llamó la atención que para plantear el juicio contra el policía imputado, y tratándose de un caso claro de violencia institucional, Marazzi no hubiera convocado la asistencia de la Procuvin, especializada en la materia. Todo indica que previo a su tarea acusatoria ya tenía establecidas sus preferencias geográficas hacia la defensa.

Pero luego del fallo absolutorio, Córdoba decidió enviar un informe a Gils Carbó para anticipar los motivos de haberlo iniciado y las probables consecuencias de las recomendaciones de Marazzi. El oficio fue entregado ayer por la mañana en el despacho de la procuradora.

Por la tarde, Gils Carbó firmó la resolución 1768 y minutos después abrió la puerta a Claudia Riveros, madre de Alan, y a Milton Tapia, su hermano. Durante la reunión, la procuradora general les pidió “disculpas en nombre del Estado y del Ministerio Público” y les dio a conocer la resolución que había firmado minutos antes. Además, Gils Carbó se refirió al grave daño causado por Marazzi y consideró que la sentencia absolutoria condujo a que “todos los vecinos del barrio Mitre se quedaran con la idea de que un policía puede entrar a sus casas y matarlos”.

Claudia y Milton le pidieron que tomara medidas para evitar que volviera a suceder semejante discriminación y expresaron sus críticas por la estigmatización que sufren los habitantes del barrio Mitre por parte de funcionarios judiciales y policiales.

La decisión de la procuradora da apoyo a las apelaciones de los abogados de la familia de Alan. Además, de alguna manera simboliza el reposicionamiento al que aspira la Justicia desde el movimiento de Justicia Legítima: junto a los vecinos, lejos de Puerto Madero y mucho más de las Seychelles.