La provincia de Buenos Aires aumentará el impuesto inmobiliario urbano y rural en un 18 por ciento. Lo recaudado, aproximadamente 1000 millones de pesos, estará destinado a la compra de equipamiento y mejora de salarios para las fuerzas de seguridad y a la instrumentación de las policías municipales. Es decir, este incremento en el inmobiliario tendrá el carácter de “asignación específica”. Así consta en el proyecto del presupuesto bonaerense 2014, que fue enviado ayer al Senado provincial. La Mesa de Enlace de entidades agropecuarias se reunirá hoy para analizar la medida. A través de un comunicado, adelantó que “los productores no pueden soportar un incremento más de la carga tributaria”. A partir del último revalúo aplicado por la provincia, realizado el año pasado, los dueños de los campos pasaron de pagar 47 pesos en promedio por hectárea a 67.

“La tasa adicional permitirá crear un fondo especial de mil millones de pesos, y lo que busca es fortalecer equipamientos, mejoras salariales y todo lo que tiene que ver con la instrumentación de lo que esperamos que se vote este año, la policía comunal. Uno tiene que buscar un parámetro de dónde aplicar el incremento, y el inmobiliario rural y urbano es algo que pagan todos los contribuyentes con propiedades, entonces se buscó ese tributo como parámetro”, explicó el legislador socialista Guido Lorenzino.

“Esto es peor que la (resolución) 125. Si se sanciona la ley, las consecuencias para los productores van a ser terribles”, había pronosticado a mediados de 2012 el ex titular de la Sociedad Rural Hugo Biolcati. Sin embargo, nada catastrófico ocurrió. El resistido revalúo fiscal de las tierras en la provincia de Buenos Aires realizado en junio de 2012 resultó en una recaudación adicional de 330 millones de pesos, un 35 por ciento más que en 2011.

En esta oportunidad se aplicará un incremento sobre todo el impuesto –que abarca a las zonas urbanas y rurales–, por única vez y con carácter de “asignación específica”. “La provincia de Buenos Aires es una provincia, no un shopping. Esto es un aumento. La seguridad ya la pagamos con los impuestos. El gobierno de Scioli debería gastar menos en publicidad o reclamar una mayor coparticipación”, indicó a Página/12 Jorge Solmi, referente del Frente Renovador y la Federación Agraria, quien agregó que las distintas entidades agropecuarias empezarán a debatir “los posibles efectos” de esta medida.

Como ya hicieron en 2012, las entidades agropecuarias harán lo posible para evitar el incremento sobre el impuesto que afecta a los inmuebles urbanos y rurales. El año pasado, Biolcati quiso entrar a la Legislatura e impedir el debate. Las alianzas tejidas por las entidades con los distintos gobiernos provinciales lograron congelar la valuación fiscal de los campos durante más de 15 años. Producto de ese retraso, en distritos donde el precio de la hectárea supera los 50 mil pesos (10 mil dólares), el valor que se tomaba en cuenta para determinar el Impuesto Inmobiliario Rural no supera los 1200 pesos (240 dólares). Con la última modificación aplicada, se buscó darle un carácter más progresivo al tributo.

“Ante una posible suba del impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires, las entidades agropecuarias queremos remarcar que el gobierno de Scioli busca, una vez más, implementar una medida recaudatoria inconsulta y confiscatoria. Esta volverá a afectar a todos los bonaerenses, al continuar incrementando la carga tributaria, sin que ello redunde en mejoras en la calidad de vida de las personas, dado que seguramente –y como hasta ahora– ese dinero no se utiliza para realizar las obras viales que se necesitan ni para asegurar una salud ni una educación de calidad”, sostuvo la Mesa de Enlace a través de un comunicado.

“Este proyecto de presupuesto se presenta con equilibrio fiscal después de muchos años y, como siempre en esta gestión, se priorizan las áreas sociales y el desarrollo económico de los municipios”, enfatizó Alberto Pérez, jefe de Gabinete de Daniel Scioli. El presupuesto será de 183.000 millones de pesos, un 31 por ciento más que el de este año, creará nuevos cargos en salud y seguridad, y presupone un endeudamiento por 14.551 millones de pesos y el pago de 16.112 millones por vencimientos de deudas con el gobierno nacional, organismos multilaterales de crédito y tenedores de bonos, entre otros acreedores. El objetivo del sciolismo es aprobarlo antes del recambio parlamentario.