“Los plazos para calcular la prescripción de delitos económicos sufridos por víctimas de la dictadura deben tomarse desde que se tuvo la posibilidad jurídica de iniciar una causa judicial con la vuelta a la democracia.” Así lo dictaminó la procuradora general Alejandra Gils Carbó, quien se manifestó a favor de continuar la causa que investiga la liquidación del Banco de Hurlingham SA durante la última dictadura cívico-militar. Tanto el Banco de Hurlingham SA como su vicepresidente y accionista Juan Chavanne iniciaron entre 1984 y 1985 causas en las que demandaron al Estado nacional y al Banco Central por “daños y perjuicios” a raíz de la liquidación del banco. El Estado y el BCRA argumentaron que la prescripción comenzaba a correr cuando se cometieron los delitos, pero la procuradora emitió un dictamen en contrario. Ahora deberá resolver la Corte Suprema de Justicia.